Hablar de religión o de política puede afear hasta el pernil más delicioso, pues son temas que polarizan y dividen hasta en las familias más férreas y navideñas. Otro de los tópicos que provoca que se guarde el cuchillo con el que se corta el pavo es cuando una tía o un primo pregunta: “¿Cómo debemos manejar el tema de la droga?”. Silencio total. Que comiencen los juegos del hambre.
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“O no leen o se hacen los...”, así respondió Gustavo Petro hace días a los sendos cuestionamientos que en todas las regiones de Colombia provocó al expedir el Decreto 2114 de 2023, el cual anuló el Decreto 1844 de 2018, con el que Iván Duque prohibió la tenencia o consumo de estupefacientes en espacios públicos.
A 1075 kilómetros de la Casa de Nariño, en Cartagena fueron muchas las voces que con estridencia rechazaron la posición de Petro. Desde líderes barriales hasta el mismo alcalde electo Dumek Turbay aseveraron que la medida le ataba las manos a los uniformados, por lo que promovería el microtráfico, las adicciones y el consumo de droga frente a niños que aprenden a montar bicicleta.
Al respecto, el médico cirujano y psiquiatra Christian Ayola Gómez Psiquiatra considera que la posición de Petro es desacertada, pues en nada mejora la problemática de salud pública que representa el consumo de sustancias psicoactivas y las adicciones.
“Antes lo empeora y lo propicia porque tiende a reforzar una conducta patológica que no es normal. Los niños, niñas y adolescentes aprenden por imitación. El mensaje que le deja esta medida a ellos es que aprendan a consumir y el ejemplo se los pondrán en los parques. Tampoco privilegia el tratamiento de los adictos, ya que esta enfermedad se caracteriza porque la persona que la padece no tiene consciencia de que es un problema, por lo que tiende a justificar el consumo. Sin consciencia de enfermedad y permisividad no puede haber tratamiento”, establece Ayola.
Los alcaldes, la última palabra
Por su parte, Gustavo Petro resaltó que la aplicación o no del decreto es responsabilidad de los alcaldes, por lo que Turbay desde ya aseguró que en Cartagena todo seguirá igual, o sea, seguirá el control de la droga y no “se las pondrá fácil a los jíbaros”. Todo en aras de la “protección de las familias y de los niños”.
No obstante, para Fabio Enrique Pulido, profesor de teoría del derecho y derecho constitucional en la Universidad de La Sabana, este tema se ha politizado causando una tergiversación del nuevo decreto. “Este es un tema que debe tratarse con datos prácticos y evitar esa moralización de dividir la sociedad entre malos y buenos, pues no se trata de satanizar ni de santificar a los consumidores. Por otro lado, Petro lo que hizo fue cumplir con una decisión de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional la represión y el castigo penal a la dosis personal; y lo establece como un asunto de política pública local y no nacional, desestimando con esto las críticas en su contra sobre algún tipo de orden dictatorial”, expone el docente.
Pulido precisa que es muy difícil establecer que el nuevo decreto aumente o disminuya el consumo, pues eso va más allá de un simple decreto y requiere de una política pública integral. “El decreto no amplía el derecho a la dosis personal, sino que elimina ciertas facultades de la Policía para decomisar dosis personales cuando son consumidas en lugares públicos. El consumo y el tráfico siguen estando prohibidos, y las autoridades seguirán regulando los escenarios y establecerán dónde se consume la dosis personal, alejados de los niños y de las familias”, explica.
¿Una guerra fracasada?
Para el académico Pulido el abordaje de vieja data de perseguir al consumidor no ha servido para nada, pues el narcotráfico sigue ileso y creciendo. “Sí. Está bien que se concentren esfuerzos contra los narcotraficantes y las organizaciones criminales; sin embargo, el abordaje de salud pública que se les quiere dar a los adictos no debe ser teórico, ideológico, populista o endeble, sino integral. Debe ser certero y congruente cómo se tratarán a los consumidores en los barrios, pues no tienen ningún sentido dejar de perseguirlos, pero sí darles la libertad de consumir a sus anchas. En este último dilema, el papel de la Policía, en aras de la convivencia, es fundamental”, puntualiza.
En despolitizar el debate también está de acuerdo el psiquiatra Ayola, quien considera que la polarización hace perder la esencia de la discusión, trasladándolo a la arena política. “Esto perjudica al enfermo que consume sustancias, pues el debate no se da alrededor de lo científico y del desarrollo de las mejores practicas para atenderlos y rehabilitarlos”, precisa.
Y en cuanto al abordaje integral que recomienda Pulido, Ayola considera, en una lógica similar al abogado, que los adictos deben tratarse como lo que son: enfermos. “Esto requiere criterios de humanidad, compasión, solidaridad y apoyo, siempre con el fin de desestigmatizarlos. Es una enfermedad como cualquier otra. Los enfoques son diversos, creativos y casi siempre complementarios”, señala.
“Bastante daño ha hecho la tergiversación que han fomentado detractores nacionales de Petro y medios que no se vinculan a su línea política, pues encendieron falsas alarmas sobre que se legalizaba o se levantaba la prohibición para el consumo, pero esto no es así. Por otro lado, al Gobierno nacional también le faltó mucho en cuanto a comunicación política. Temas espinosos así requieren de una pedagogía adecuada que concientice y esté blindada frente a la desinformación”, concluye Pulido.