2015. Ese año, muchos consumidores de droga celebraron, tal vez con aplausos al aire al desconocer cómo se mueve la política, el Decreto 1070 con el que se permitía el porte y consumo de la dosis personal en el espacio público. Sin embargo, el Decreto 1844 de 2018, en el gobierno de Iván Duque, les dañó el “parche” a los fanáticos del porro que no es musical.
El gobierno Duque establecía que, cuando la autoridad advierta la posible infracción en espacios públicos de la prohibición de tenencia o porte de sustancias psicoactivas ilícitas, tales como marihuana, cocaína, heroína o derivados, drogas sintéticas, así como cualquier otra sustancia que se encuentre legalmente prohibida, se debían aplicar multas y decomisarse la droga, si se demostraba que era para comercializarse o atentar contra terceros. Lea: El billonario presupuesto con el que contará Dumek Turbay en 2024
No obstante, el Gobierno de Gustavo Petro acaba de desestimar dicho control del uso de drogas en entornos abiertos con el Decreto 2114 de 2023, el cual anuló el 1844 de Duque, por medio del cual se determina no criminalizar el porte y consumo de la dosis personal de estupefacientes en el país. En otros términos, se modifica parcialmente el Código Nacional de Policía y Convivencia, en lo referente a la prohibición de poseer o tener drogas; mientras que el entregar, distribuir o comercializar sustancias prohibidas sigue regulado por el Código Penal.
Y la polémica no se hizo esperar en todo el país. Desde distintos sectores pusieron el grito en el cielo.
Sin embargo, el Gobierno acusa que el tema se ha sobredimensionado y tergiversado, pues señalan que no se trata de una patente de corso para que la droga impere en parques, esquinas y canchas, sino que “solo se busca la derogación de la multa por el porte de dosis personales, evitando la persecución a ‘sospechosos’ solo porque son ‘jóvenes’, y que todo lo demás continúa igual”, como precisó Petro, quien, además, puntualizó que la prohibición del consumo en lugares públicos lo debe establecer cada alcalde. Lea aquí: Petro tumbó decreto que permitía control y sanciones por microtráfico
Y ahí es cuando entran los alcaldes.
Jaime Andrés Beltrán, alcalde electo de Bucaramanga, calificó la decisión de Petro como “inaudita e irresponsable”. “Me apoyaré en las facultades que me otorga la sentencia C-120 de 2023 de la Corte Constitucional para enfrentar a expendedores y el consumo de droga en sitios públicos. En este decreto el presidente señala como un acto criminal la labor que están haciendo nuestros policías. Por eso no permitiré la comercialización de droga alrededor de los colegios ni de los espacios públicos ni de mucho menos en los parques”, aseguró.
“Ese romanticismo envenena”
A 1075 kilómetros de Bogotá, en Cartagena, el nuevo alcalde Dumek Turbay rechazó el decreto presidencial y aseveró que no bajará la guardia. “Cada día se la ponen más fácil a los jíbaros y los traficantes de droga. Ese romanticismo sobre las libertades envenena a nuestros jóvenes y niños, a quienes debemos proteger. Lo que propone la Nación va en contravía de la tranquilidad de la comunidad y propicia que niños dañen su vida y su futuro al ver malos ejemplos en el parque. Muchas familias ya ha destrozado la desgraciada presencia de la droga en sus vidas”, expuso.
Y subrayó: “Además de implementar medidas de prevención y de control, vamos a buscar amparos legales para proteger a nuestra niñez y juventud con la ejecución de todas las medidas de control. Acatar ese decreto sería contradictorio con las acciones que tenemos proyectadas para sitios como el Centro Histórico y el sector turístico.
Turbay afirmó que presentará una solicitud en el próximo encuentro de alcaldes de Colombia para “que hagan sentir su voz y se abra un espacio de discusión sobre el tema”. “No pueden desestimar nuestra opinión, pues somos los que conocemos el territorio y sufrimos cuando una juventud se pierde tristemente en el consumo de drogas por esa flexibilidad de la mal llamada ‘libertad individual’”, enfatizó.
Desde el Congreso, Ángela Vergara, representante a la Cámara por Bolívar, confiesa que esta medida la “preocupa mucho como política y como madre”. “Yo que soy del barrio Manga, he visto y he escuchado cómo todos los residentes se quejan del libre tránsito de jíbaros por las distintas calles. La bahía es una zona de consumo, afectando así el sano esparcimiento familiar, y esta decisión presidencial nos llevaría a un aumento exponencial de la drogadicción y el microtráfico”, estableció.
¿Y en los barrios qué se dice?
Ya sea por la presencia del turismo, y sus lunares, o la cercanía con el Mercado de Bazurto, y sus sombras, hay barrios en Cartagena donde se sufre más el consumo de drogas en sus calles, lo que genera problemas como el microtráfico y la inseguridad.
En el caso de Getsemaní, donde muchos residentes nunca han visto bien algunas escenas nocturnas que se dan en la Plaza de La Trinidad, Miguel Caballero, líder barrial, expone que la posición del Gobierno nacional, además de restarle trabajo a las autoridades, “dejaría a la población sin herramientas para combatir el creciente microtráfico”. “En términos concretos: un negocio para expendedores y un problema para las familias que el Estado no ayudará a resolver”, dice.
Tomando el puente Heredia, donde en sus bajos hay una pequeña república independiente de la droga, y llegando al Pie del Cerro, para Mary Luz Moreno, residente del barrio, este decreto agravaría inconvenientes relacionados con los drogadictos en situación de calle, “quienes en la noche cometen todo tipo de fechorías y dan una mala imagen frente al turista que recorre el sector colindante al Castillo San Felipe”.
Bajos del Puente Heredia.
“Nuestros parques y la línea de mangle se han convertido en sitios de consumo y en guaridas de delincuentes. Este decreto promoverá aún más la inseguridad por la falta de control y de amonestaciones, y, de esta manera, los habitantes que buscan un esparcimiento tranquilo y sano tendrán que convivir con esto en los parques. Muchos niños verán la drogadicción como algo normal y la sociedad caerá en una espiral de decadencia. Se crearán zonas de tolerancia donde el burro y el periquero van a estar pendientes de a quién hurtan”, expone Cecil Botero, de la Asociación de Vecinos del Pie de la Popa.
Una postura diferente se tiene cuadras más adelante. Desde el Barrio Chino, Miguel Salgado Padilla, uno de sus líderes, sí está de acuerdo con la decisión de Petro. “El consumo de droga no es un tema judicial, sino de salud mental. Debemos abordarlo de manera diferente y no perseguir a consumidores de dosis mínimas, sino tratarlos con medicamentos, enfocando el control policial a los microtraficantes y narcotraficantes que regalan droga en los barrios para convertir niños y adolescentes en clientes adictos”.
Cruzando el puente de Bazurto, en Manga, están en contra del decreto del Gobierno, pues, como cuenta Fico de la Rosa, presidente de la JAC de Manga, su barrio sufre el problema de la drogadicción y el microtráfico en el paseo peatonal de la bahía, en el Fuerte del Pastelillo (Club de Pesca) y en el parque HL Román. “Por lo que no quieren algo que fortalecería lo malo”, dijo.
Por su parte, Rafael Nilo Vergara, directivo de Asomanga y de la JAC Las Colonias, define el decreto como un “desacierto”. “Con esto perdemos herramientas para el control de nuestras canchas y parques que están siendo muy utilizados para el consumo de droga, pues la Policía pierde poder para requisar y sancionar a los consumidores y expendedores. Esto sería un retroceso con relación al cuidado de nuestros niños”, enfatiza.
Con relación a la controversia desatada por el decreto que anula la criminalización del porte y consumo de droga en dosis mínimas, Diana Mesa, directora ejecutiva de la Fundación Centro Histórico, expone que están muy preocupados con “una medida que promovería el descontrol del orden público que se sufre y que está relacionado con la prostitución y la trata de personas, situaciones que agobian al Centro y a Getsemaní”.
“Necesitamos que el Centro Histórico vuelva a ser un destino para la familia; sin embargo, este tipo de medida deja a las autoridades con las manos amarradas, sin herramientas legales y a los residentes y turistas expuestos a todo tipo de delincuencia”, explica Mesa.
Por su parte, el colectivo de residentes Somos Centro Histórico considera que esta medida es ambigua y confusa frente a la posición clara y contundente que debe tener la ciudad para fortalecer su riqueza cultural y turística.
