El trabajo investigativo realizado por una fiscal de la Unidad de Administración Pública de Cartagena puso al descubierto un entramado de corrupción que habría ocurrido al interior del Concejo Distrital, durante el segundo semestre de 2016. Lea: Es falso que la Corte Suprema de Justicia haya imputado delitos a Dumek
Los ocho imputados la Fiscalía los acusa de presuntas irregularidades en más de 80 Órdenes de Prestación de Servicios contratadas en el periodo investigado, señalamiento que los procesados negaron en una audiencia anterior frente al juez Anuar Menco. Para el ente acusador el expresidente del Concejo Javier Curi fue el lider del presunto entramado de corrupción para pagar cuotas políticas a antiguos y actuales concejales.
Por estos hechos fueron judicializadas, además de Curi Osorio, siete personas. Se trata de los exfuncionarios: Emilio Alejandro Valencia Cásseres, exdirector financiero; Felipe Santiago Santos Díaz, exdirector jurídico; Roberto Barbosa Pájaro, exdirector administrativo; Rocío del Pilar López Amaris, exdirectora de control interno; Domingo Francisco Román Lozano, exdirector de la Oficina Comunal y Aroldo Coneo Cárdenas, exsecretario general, exalcalde de la Localidad 3 y actual funcionario del Datt.
Aroldo Coneo.
También fue cobijada con medidas no privativas de la libertad la actual directora de prensa y protocolo del Concejo, Rosa Amelia Macías Sejuanes.
La investigación
Los hechos que motivaron las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación ocurrieron durante los meses de agosto a diciembre 2016, cuando los procesados habrían aprovechado sus cargos para suscribir irregularmente 88 contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión en las dependencias que dirigían.
Según la investigación, durante el trámite de dichos procesos se habría omitido el cumplimiento de los requisitos de ley al momento de la elaboración de los estudios previos como la planeación, la economía, la moralidad e imparcialidad, entre otros.
Dentro de los contratos cuestionados aparecen profesionales en distintas ramas como administradores de empresas, abogados, comunicadores sociales y contadores públicos, entre otros, que supuestamente prestaban servicios en asesorías, proyección de conceptos, elaboración de respuestas de peticiones, quejas y reclamos, análisis de libros contables, archivos de comunicación interna, etc.
Evidencia en poder del ente acusador determinó que varios de los contratistas que aparecían firmando documentos oficiales no existían; muchas de las labores contratadas figuran como recibidas, aunque no se cumplieron. También se estableció que se anexaron informes y certificaciones falsas, mediante las cuales se avalaron distintos pagos. Además, varios de los cobros reportados sobrepasaban los costos estipulados.
Estas acciones habrían afectado las finanzas públicas en, al menos, 400 millones de pesos.
La Fiscalía imputó a los procesados, según sus posibles responsabilidades individuales, delitos como: concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado; cargos que no fueron aceptados.
En el desarrollo de las audiencias concentradas el juez de control de garantía les impuso a los hoy implicados medidas no privativas de la libertad.
La Fiscalía apeló la decisión
La fiscal Liliana Velázquez, quien imputó los delitos en sintonía con el amplio compendio de pruebas que evidenciaría la forma irregular cómo se hizo la contratación, siempre solicitó en las audiencias medidas intramurales contra los ocho procesados.
Por ejemplo, la fiscal expuso que el abogado Roberto Barboza elaboró, presuntamente, de forma inadecuada una gran cantidad de contratos laborales sin establecer objetos contractuales claros ni estudios previos. Para ella se actuó con la intencionalidad de “despilfarrar” el dinero para favorecer cuotas políticas de un gran número de concejales de la época y de la actualidad.
No obstante, luego de la decisión del juez de imputarle medidas no privativas de libertad, todo parece que el togado apropió las peticiones de los abogados defensores de los imputados, quienes resaltaron que algunos de los procesados tienen una edad avanzada, otros con problemas de salud y uno de ellos siguió gran parte de la audiencia de imputación de cargos desde un hospital por dolencias hepáticas.