—¿Tequileros?
—Nequileros, nada de tequila. Nequi, la vainita pa mandar plata por celular.
—Eche, pero, ¿cómo así?
—Aja papi, los “líderes”, mejor conocidos como puya ojos o mochileros, ya no van dando plata así de mano en mano. Ahora la vaina es por Nequi, papi.
—Difícil la tendrá Petro entonces para pagarles a los que denuncien esa vaina.
—Ja, ja, ja. Puro CVY digital.
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Eso de CVY no es ninguna entidad, sino las siglas de: “¿Cómo voy yo?”, pregunta recurrente en los escenarios privados o barriales donde el voto es una moneda de cambio. La anterior fue parte de la conversación que tuve con un “capitán”, aunque él prefiere el apelativo de “líder”, un personaje existente en varios niveles geográficos, pues puede controlar una de las tres localidades de Cartagena o una de las 15 Unidades Comuneras de Gobierno o un barrio o un sector o un par de calles o un puesto de votación.
Pero su control no es lícito. No brega ante la Alcaldía de Cartagena por el arreglo de una calle o la iluminación de una cancha. No, eso los diferencia de los líderes cívicos o comunales. Estos “líderes”, “mochileros” como se les llama más en Barranquilla, son los profesionales de la compra y venta de votos en los barrios.
“Son personajes que van de casa en casa, determinantes en la perpetuación de una clase política tradicional y tramposa que no concibe apostarle al voto de opinión. En año de regionales, son reyes. En Magdalena los conocen también como “mayores” o “tenientes”. Como sea, son los protagonistas de las elecciones que no salen en la foto cuando la prensa anuncia los ganadores, a pesar de que tienen todo que ver en buena parte de esos triunfos”, relata la periodista Laura Ardila, autora de La Costa Nostra, en uno de los mejores diagnósticos que se han hecho de este lleva y trae que se da cuatro años.
La venta y compra de votos está tipificada como un delito electoral que se llama corrupción al sufragante. Al “líder” le dan ON cuando el miembro de una campaña lo contacta para asegurar un número determinado de votos. El mochilero, por su parte, presenta el listado de nombres, números de cédula y lugares donde votan para cerrar la transacción. En elecciones territoriales, como las de hoy, es común que el traficante reciba del comprador un dinero para que su manada vote por un paquete de candidatos (alcaldía, gobernación, concejo, asamblea y hasta JAL).
Dependiendo el grosor de la recua electoral que el mochilero controla, así será de robusto el pago. Pero eso no se hizo hoy ni ayer, esas negociaciones se cerraron hace meses. Pero este pago, ni lo que el “líder” les da a sus discípulos, se estaría haciendo en efectivo, sino a través de aplicaciones digitales como Nequi o Daviplata, según personajes que hacen esto con los que hablé.
No solo se trata de cómo la tecnología ha transformado hasta las corruptelas, sino que en un mundo donde hasta las mascotas tienen Instagram y siempre alguien está observando desde algún rincón, una transferencia oculta el delito. Por eso en los barrios ya dejaron de llamarlos mochileros, sino “nequileros”.
“Reciben un capital inicial para pintar murales o mensajes de apoyo, pasacalles y lo que considere necesario para comprar refrigerios y alquilar sillas para reuniones y convocar personas que se sumen a las campañas; una segunda oferta está directamente relacionada con los procesos de inscripción de cédulas. Y, por último, una propuesta relacionada con el valor total de “su votación” (con esto definen el valor que le pagarán a cada votante), el valor de su comisión y una prima de éxito por cada voto que efectivamente depositen a favor del candidato”, le contó un mochilero al politólogo Orlando Higuera Torres.
No es un rol circunstancial
Los “líderes” no aparecen cada cuatro años, sino que mantienen a la población que controlan, en los tiempos muertos, entre elecciones, a base de puesticos, ayuditas o palmaditas en el hombro. Todo en diminutivo, nada representa un respaldo relevante que los saque de la pobreza o que mejore las condiciones de sus barrios.
Hay unos que les va mejor si el grupo político al que están asociados gana en las urnas. “A mí me sostiene el grupo político con el que trabajo y yo sostengo con esa plata a 15 líderes míos, más pequeños, que me ponen entre 70 y 130 votos cada uno. ¿Cómo los sostengo? Bueno, yo ahorita llevo ocho años trabajando con los Blel y gracias a eso tengo varias OPS (órdenes de prestación de servicios). Yo vivo de esos puestos y de ahí tengo que pagarle a cada líder mío 300 mil pesos mensuales”, le confesó un mochilero a Laura Ardila en 2015.
“Al final, si uno gana celebra, y si no de todas formas siempre hay una elección que viene para empezar a trabajar. Porque político que se respete nunca cierra sus comandos después de las elecciones. Dejan uno principal abierto y ahí atienden a su gente una vez por semana, todo el año. El político que cierra su comando se muere”, se lee en el reportaje de Ardila.
Así tranzan
Pero el lleva y trae no acaba ahí, pues el “líder” se vende al mejor postor. Contrasta propuestas de varias campañas, se pone difícil, que esto, que lo otro, hasta que algún candidato le satisfaga sus caprichos.
Las campañas no son tontas. Antes de cerrar la vuelta, verifican en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil que el listado del mochilero sea veraz. Que la gente vote en el lugar que aparece en la “listica”. Posteriormente, les dan un adelanto a los “líderes” y depende cómo termine la votación, especialmente si hubo éxito electoral, para proceder a pagarles completamente.
“Llamar al contacto en la campaña o ir a una de sus sedes es perder el tiempo si el hijueputa se ahogó y anda flotando en La Bocana, en el caño Juan Angola”, me contó un taxista, entre risas, que suele alquilar su carro para transportar votantes comprados.
En todo este tinglado hay un montón de personajes, no solo los mochileros o el “contactico” de la campaña, también hay testigos electorales en las mesas de votación, hay jurados apalabrados (conseguidos meses antes a través de empresas y entidades, fuentes donde la Registraduría los escoge), taxistas, indrivers, restaurantes, aguateros. Es un crisol, un universo que amerita un libro.
4 de la tarde. Cerradas las urnas. Viene un nuevo proceso: verificar que el número de votos comprados aparezcan efectivamente en las mesas que la campaña tiene registradas. Esto lo hacen con los formatos E-14 que pública la Registraduría “para promover la transparencia en los procesos electorales; sin embargo, es tan transparente que hasta los corruptos los están usando para hacer sus fechorías”, en palabras del docente Higuera.
“Es decir, si ellos acordaron con cuatro líderes y en sus listados aparecen 8 personas que votan en la mesa 1 del puesto de votación del Centro Comercial Bocagrande, en el E-14 que escanea y sube la Registraduría deberían aparecer al menos ocho votos. En ese sentido la campaña verifica el cumplimiento por parte de los líderes “contratados”, explica el politólogo.
¿Y si la cosa no salió como se esperaba? Pues ahí entra el “puya ojos”.
El ‘puya ojos’
A este personaje se le suele confundir con los mochileros o nequileros; no obstante, la diferencia radica en que el ‘puya ojos’ faltó a su palabra al sentarse en sillas rimax y comerse los fritos de varias reuniones políticas, y pactar con dos o más candidaturas. ¿Y en las urnas? Ni su dios sabe por quién carajos votó.
“Los puyaojos son el nombre popular de una persona que recibe el dinero de un político y termina votando por otro o de un líder que negocia con dos campañas con el mismo grupo de electores bajo ‘su control’. Por eso aún no logro entender la finalidad de la campaña #nomáspuyaojos de la Alcaldía de Cartagena, creo que tienen una confusión conceptual”, expone Higuera, con relación a la confusión mencionada en el párrafo anterior.
La corrupción al sufragante, o sea ofrecer prebendas, dinero o contratos estatales a cambio de votos por un candidato está prohibido y puede conllevar penas de 4 a 8 años de prisión. Además, la multa oscila entre 200 y 1,000 salarios mínimos.
En Colombia está terminantemente prohibida la compra de votos, ya sea con dinero, comida u objetos. Los casos de tráfico de votos pueden denunciarse ante la Fiscalía y el Ministerio de Interior.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro ofreció una recompensa de entre 1 y 5 millones de pesos a quienes denuncien actos relacionados con la compra de votos. Además, se pagará al informante hasta el 10 % del dinero que se decomise.