En redes sociales y en cadenas de WhatsApp desde hace días se asegura que Javier Julio Bejarano está inhabilitado para participar en las elecciones del 29 de octubre. Esto es falso y se están tergiversando los resultados de una investigación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Lea: Investigación de Coronell tumba a fiscal relacionado con caso Manolo Duque
En esa línea, Jacqueline Perea Blanco, candidata a la Alcaldía de Cartagena por el partido Nueva Fuerza Democrática, compartió en sus redes una captura de pantalla de una supuesta noticia, de hoy 23 de octubre, de la sección Judicial de El Espectador en la que según se confirma la inhabilidad de Julio Bejarano. Este pantallazo es un montaje.
El Universal revisó la página web de El Espectador y no encontró rastro alguno de la publicación que difunde la candidata Perea.
Y al buscar el nombre “Javier Julio Bejarano” en la página del medio capitalino no aparece nada. No arroja resultados.
En suma, lo que la candidata a la Alcaldía comparte en su canal oficial de WhatsApp, donde publica sus comunicados de prensa, es un contenido impostor, según la categorización de desinformaciones de la institución Draft News.
“Este contenido tiene una alta intención de engañar. Es cuando se suplantan fuentes genuinas, es decir, se hacen pasar por medios de comunicación, instituciones y/o autoridades divulgando desinformaciones sobre temas de interés público. Editan la imagen con un titular falso para hacer parecer que proviene de un medio de comunicación tradicional”, explican.
Así comenzó todo
El candidato a la Alcaldía de Cartagena, con el aval del Pacto Histórico, fue mencionado el pasado 17 de octubre en una investigación de esa entidad nacional junto a otros 552 candidatos a concejos y alcaldías municipales que podrían estar incursos en una inhabilidad por haber contratado con el Estado. En total, son $62 mil millones en contratos públicos suscritos desde el 30 de octubre de 2022 hasta la fecha, algo irregular para aspirantes a cargos de elección popular, según la Ley 617 de 2000, artículos 37 y 40.
Los hallazgos fueron difundidos por Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, quien puso en conocimiento de la ciudadanía, las autoridades y del Consejo Nacional Electoral (CNE) los resultados de la investigación que detectó las posibles inhabilidades de los candidatos al firmar los contratos públicos en las ciudades y distritos donde inscribieron su candidatura.
“La razón de ser de este tipo de inhabilidad está en la conveniencia pública y la transparencia para garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. Además de brindar condiciones de igualdad en la contienda electoral y evitar que los recursos públicos ingresen a las campañas político-electorales”, explicó el secretario Idárraga.
Para obtener estos resultados, el equipo del Gobierno analizó la Base Pública de registros de contratación estatal digital SECOP II y la Base Pública de candidatos electorales inscritos en las elecciones de 2023, en el marco de una situación por la que podrían estar incursos en una inhabilidad, conforme con lo establecido en la Ley 617 de 2000, artículos 37 y 40.
Sin embargo, sus hallazgos no son vinculantes hasta el momento para que se asegure que los candidatos mencionados estén inhabilitados y mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), entidad que sí puede anular una candidatura en época electoral y no Transparencia, no se pronuncie al respecto, Javier Julio Bejarano y Eduardo Villanueva siguen en campaña.
Los únicos dos procesos en los que el nombre de Javier Julio Bejarano aparece en el sistema del CNE son: 1. Como denunciante de una presunta encuesta fraudulenta y en el otro como denunciado por el también candidato a la Alcaldía José Osorio, quien acusó al exconcejal de realizar campaña política sin respetar los periodos establecidos.
Primer proceso en el que Julio Bejarano es denunciante.
Segundo proceso en el que el candidato del Pacto Histórico es denunciado.
“Es un error garrafal”
Consultado por este medio, Javier Julio Bejarano aseguró en su momento que la investigación de la Secretaría de Transparencia tuvo fallos al interpretar la información, pues siendo concejal de Cartagena no podía contratar con el Distrito, “pues de ser así perdía mi curul automáticamente”.
Cabe recordar que Javier Julio lanzó su candidatura siendo concejal, algo legal, y el 1 de agosto renunció a su curul para dedicarse de lleno a su campaña para la Alcaldía.
El concejal precisó que los dos contratos que el Gobierno revisó, y que motivarían la presunta inhabilidad, son de miembros de su antigua Unidad de Apoyo, el grupo de asesores y trabajadores que ayudan a cada concejal.
Uno de los contratos de los que habla Julio Bejarano.
“En esos contratos aparezco como supervisor, pero quien los suscribe y autoriza es el presidente del Concejo y no yo. Bajo esta lógica todos los presidentes del Concejo que lo han hecho y lo hacen en estos momentos, porque es su labor, y ahora mismo hacen campaña para reelegirse (como Lewis Montero y Gloria Estrada) aparecerían en el listado y no están”, indicó en aras de fortalecer su tesis sobre una eventual confusión.
Y resaltó: “Ya hemos presentado nuestras evidencias y documentos a la Secretaría de Transparencia para que verifique y subsane lo informado. Mi mensaje a la ciudadanía es que esté tranquila y que mi candidatura no corre ningún riesgo”.
*Chequeo elaborado por El Universal en el marco de la alianza Cartagena vota informada, impulsada por los medios de comunicación El Universal, La Contratopedia Caribe y Vorágine, el programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y la Fundación Gabo, con el apoyo de Open Society Foundations. Su objetivo es fomentar la democracia, el criterio ciudadano y el voto informado de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.
Luego de conocerse la investigación de la Secretaría de Transparencia, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, pidió que dicha entidad se rectifique, “pues estaría usurpando funciones del Consejo Nacional Electoral”.
La declaración de rectificación la hizo el ministro, luego que en una plenaria del senado, la congresista de la Alianza Verde Angélica Lozano le reclamó airadamente que aclarara si realmente el Gobierno está actuando como una “policía política” que se ha dedicado a perseguir a los partidos.
Velasco, en su intervención sostuvo que si bien la actual conformación del CNE es de una forma política, el Gobierno no comparte esa declaración de Idárraga. “La declaración que ha dado un funcionario no es pertinente ni prudente”, precisó y subrayó: “Hoy es el Consejo Nacional Electoral el que dice quién está inhabilitado o habilitado”.
Y planteó que la posición del Gobierno nacional frente a esa afirmación es que quien puede definir que hay inhabilidad es el órgano que la Constitución define con claridad. ”Quienes ostentamos altas posiciones en el Estado debemos respetar esas posiciones y no correr el riesgo de con afirmaciones abramos un debate que es político”.
Por último le respondió a la senadora Lozano que “no hay en la Presidencia de la República, ni es el estilo del propio del presidente Gustavo Petro, una policía política persiguiendo a nadie”.
