321 homicidios han ocurrido en lo que va del 2023 en la zona urbana y rural de Cartagena, según los cuerpos que ingresan a Medicina Legal. 24 eran mujeres y siete decenas en riñas. Según Cartagena Cómo Vamos, la percepción de inseguridad en la ciudad es alta. Lea: “Sigue diciendo mentiras”: duro enfrentamiento entre Pinedo y García
CCV informa que la mitad de los cartageneros se sintieron inseguros en 2022 y que dos de cada diez ciudadanos fueron víctimas de un delito el año pasado.
En uno de estos espacios, organizado por la Comisión de Debates Políticos de Bolívar el pasado martes 26 de septiembre, Fabio Aristizábal, aspirante del partido Movimiento de Salvación Nacional y exsuperindendente de Salud del gobierno de Iván Duque, propuso militarizar la ciudad como respuesta a los altos índices de inseguridad que se viven. Lea: Si es por estos candidatos a la Alcaldía, los drones serán los policías
Sin embargo, esta es una iniciativa que, si bien en la administración de Iván Duque fue decretada como una orden para alcaldes y gobernadores en medio del estallido social del 2021, siempre ha desatado la polémica en cuanto a su efectividad y eventuales riesgos.
Bajo la lógica del decreto de Duque, Aristizábal debería contar con el respaldo del presidente Gustavo Petro para tramitar su propuesta por esta vía, y así lograr mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización de las personas que incurren en los actos delictivos que afectan el orden público, la seguridad y la convivencia ciudadana.
No obstante, Aristizábal siempre ha militado en el uribismo y Enrique Gómez, líder de su partido, es uno de las voces más críticas contra Petro, por lo que es un tanto utópico que el eventual alcalde llegue a tener apoyo de la Casa de Nariño en su militarización. Además, es conocido que el actual Gobierno nacional valora más el diálogo y subsidiar jóvenes en riesgo, antes que la confrontación a plomo.
“Militarizar a Cartagena es inconstitucional, ya que la Constitución establece que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen sus propias competencias. Y en el Estado Social de Derecho, usted no puede hacer aquello que las competencias no le permitan. A las Fuerzas Armadas les compete la defensa de la soberanía nacional, pero proteger el orden público interno le compete a la Policía”, expuso el abogado en cuanto al riesgo de que la medida sea llevada a estrados judiciales después de decretarse.
“La efectividad no es tan alta”
En caso tal que Fabio Aristizábal hiciera uso de sus competencias para militarizar a Cartagena, para Hugo Acero, sociólogo, experto en seguridad, exconsejero presidencial y exsecretario de Seguridad de Bogotá, no sería una medida funcional. “Este tipo de propuestas se plantean teniendo en cuenta las demandas de los ciudadanos por el miedo que existe y la inseguridad; sin embargo, la efectividad no es tan alta como pareciera”, expuso en una entrevista a Blu Radio.
“Si bien al principio se genera una sensación importante de seguridad, al poco tiempo los ciudadanos, particularmente los delincuentes, se dan cuenta que los militares en las calles muy poco pueden hacer frente al hurto y una serie de hechos de violencia y delincuencia en la calle. Y es que los militares no están entrenados para eso y desde luego no salen con el equipamiento adecuado para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, explicó Acero.
En la misma grada, la politóloga Nathalie Pabón Ayala, en un artículo publicado por Razón Pública, expone que la militarización, pese a ser algo que le interesa a mucha gente y es recurrente a la hora de tertuliarse sobre cómo combatir la inseguridad, no es más que el resultado de la incapacidad que manifiesta la Policía para dar respuesta total a los diferentes desafíos de inseguridad ciudadana.
“Así como es el resultado de la incapacidad de las autoridades civiles, como los alcaldes, de asumir su protagonismo como conductores de las políticas de seguridad ciudadana y el diseño de políticas integrales que hagan énfasis en la prevención”, puntualizó Pabón.
No es permanente
Aristizábal al exponer que desde el 1 de enero, día de su posesión, y de forma ilimitada hasta “que se recupere la seguridad” militarizará a Cartagena comete un error, pues candidato que proponga que en sus cuatro años de gobierno la ciudad estará bajo el control castrense hace una promesa difícil de cumplir. Su aplicación es transitoria y se debe evidenciar muy bien que la Policía no es suficiente para contrarrestar a la inseguridad en las calles, barrios y corregimientos.
“Cuando la percepción de inseguridad es alta, los ciudadanos ven con buenos ojos este tipo de iniciativas. Incluso exigen acciones de control represivas que arrojen resultados inmediatos. Sin embargo, la efectividad de este tipo de respuestas en el mejoramiento de la seguridad es a corto plazo y de bajo impacto”, explicó Pabón.
Y agregó: “Si bien los patrullajes militares producen una percepción de seguridad y reducen el delito en la zona, esta medida no erradica las causas y manifestaciones de inseguridad. Por el contrario, se produce un traslado o aplazamiento de la acción delictiva”.
Por consiguiente, para Acero, Pabón y otros expertos en la materia, la militarización es una medida paliativa, un paripé “que pone en evidencia el desconocimiento de las autoridades político-administrativas sobre las causas profundas de la inseguridad y la incapacidad de crear políticas de seguridad ciudadana acordes al contexto social y económico.
*Chequeo elaborado por El Universal en el marco de la alianza Cartagena vota informada, impulsada por los medios de comunicación El Universal, La Contratopedia Caribe y Vorágine, el programa de Comunicación Social de la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) y la Fundación Gabo, con el apoyo de Open Society Foundations. Su objetivo es fomentar la democracia, el criterio ciudadano y el voto informado de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre.
Para Nathalie Pabón, la inseguridad ha adquirido una complejidad que exige pensar en nuevas alternativas y estrategias congruentes con los contextos, la evolución tecnológica y capacidad de innovación criminal. Entre ellas propone: el mejoramiento de la inteligencia, la implementación de la tecnología, la coordinación con las entidades de justicia, la profesionalización de la Policía, y l a atención de problemas profundos como la pobreza, el desempleo y la desigualdad social.
“La definición de una política de seguridad ciudadana debe nacer de estudios y análisis cuantitativos y cualitativos que identifiquen las causas, funcionamiento y complejidades de los delitos. De esta forma, los aportes a la seguridad se darán desde el control y desde la prevención”, recomendó la politóloga.
Y concluyó: “Aunque la seguridad tiene un componente de percepción ciudadana, no puede ser un tema manejado con propósitos mediáticos. Esta actitud crea estrategias improvisadas que modifica la percepción transitoriamente, pero que no mejora los indicadores de convivencia y la seguridad”.