Un tercer fiscal ya tiene en sus manos el expediente contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Se trata de Andrés Alberto Palencia Fajardo, uno de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Es decir, uno de los subalternos del fiscal Gabriel Jaimes, quien fue el primero en pedir preclusión del caso luego de que el alto tribunal se lo remitió a la entidad dirigida por Francisco Barbosa.
Palencia Fajardo fue director de la seccional Cesar de la Fiscalía por nueve meses, hasta diciembre del año pasado. Este año, además, ganó reconocimiento al ser el fiscal que imputó a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo David por el caso Odebrecht. Esta vez, llega para hacer efectivo el segundo cambio de fiscal que el ente investigador realiza en medio de los reproches de la justicia por la pobre labor investigativa que ha desempeñado.
Tras esta determinación, Andrés Palencia será el encargado de determinar si el expresidente Uribe debe ser acusado y llamado a juicio, como lo sugirió el Tribunal Superior de Bogotá, o si seguirá el camino que tomó Javier Cárdenas, el colega que lo antecedió: solicitar el archivo del proceso y apelar si se niega. Lea aquí: Bolívar en riesgo extremo para elecciones, según la Defensoría
Palencia llega luego de que dos juezas y tres magistrados le dijeron a la Fiscalía que no existen méritos para cerrar de tajo el proceso penal por soborno a testigos y fraude procesal que tiene al exsenador Uribe haciendo gira por el país para explicar su versión.
El 6 de octubre, el magistrado Carlos Guzmán, al leer una decisión de 271 páginas de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá, enumeró los ocho hechos con los que la Fiscalía intentó justificar la atipicidad —es decir la ausencia de un delito, o la noción de que una conducta no es delito— de los presuntos ofrecimientos que el abogado Diego Cadena y otros intermediarios, como el magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Prada, le ofrecieron a exparamilitares para declarar en favor de Álvaro Uribe y en contra de Iván Cepeda.
El Tribunal resolvió que existen “incertidumbres sustanciales” y “vacíos probatorios que hacen que el Tribunal no pueda llegar al nivel de conocimiento exigido para revocar la decisión de primera instancia”, con la que una jueza determinó que no existían elementos para acabar con la investigación.
Se trató de una decisión que llegó once años después del inicio del proceso en la Corte Suprema de Justicia, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante el alto tribunal por haber armado un supuesto entramado de testigos que señalaban al exmandatario de estar relacionado con el paramilitarismo, principalmente, con el bloque Metro de las Autodefensas.
En 2018, la Sala Especial de Instrucción se abstuvo de investigar a Cepeda, quien ha ostentado la calidad de víctima en todo el caso, y emprendió el proceso penal al que Uribe hoy sigue vinculado en calidad de imputado. La Corte empezó a trabajar sobre la sospecha de que el exmandatario, como determinador, envió a sus abogados a conseguir retractaciones a cambio de beneficios jurídicos. Lea también: “Te tengo denunciado por ladrón”: alcalde Dau reta a Dumek Turbay
El abogado principal detrás de los presuntos ofrecimientos es Diego Cadena, quien actualmente es procesado por el mismo caso. Cadena presionó a testigos como Juan Guillermo Monsalve o Carlos Enrique Vélez, de acuerdo con lo que ellos mismos declararon ante la Corte Suprema. La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, sostiene que esas actuaciones nada tuvieron que ver con el líder del Centro Democrático.
Ya en 2020, la Corte, con una decisión unánime de la Sala de Instrucción, consideró tener elementos suficientes para definir la situación jurídica de Uribe mediante una detención domiciliaria preventiva. Uribe, a su turno, renunció al Congreso de la República, donde era senador, y empezó todo un laberinto jurídico desde que se definía a qué autoridad le correspondía el expediente.
Finalmente, la facultad de adelantar la acción penal recayó sobre la Fiscalía y se determinó que Uribe estaba desde que se surtió su indagatoria en el alto tribunal. El primer fiscal, Gabriel Jaimes, solicitó precluir el caso, aun con las densas pruebas que tenía la corte Suprema, pero una jueza de Bogotá le dijo que no podía, pues debía recabar más a fondo.
Jaimes dejó vencer su plazo para investigar y el caso pasó a manos del fiscal Javier Cárdenas, quien volvió a solicitar el cierre del caso, negado en primera instancia en mayo de este año y en segunda instancia a inicios de octubre. Según declaraciones de Iván Cepeda, desde la administración del fiscal general, Francisco Barbosa, existe un ánimo de estancar el proceso. Le puede interesar: Las 204 acciones violentas de grupos armados que ponen en jaque las elecciones
Ahora, la Fiscalía de Barbosa, representada por Andrés Palencia Fajardo, deberá decidir si solicitará una nueva preclusión, como ha pretendido hasta ahora, o si finalmente acusará al expresidente Álvaro Uribe Vélez, como Iván Cepeda y su abogado Reinaldo Villalba esperan.
Por lo pronto, la justicia ha determinado, en más de una ocasión, que se necesita una exhaustiva labor investigativa, pues hasta el momento, aunque Uribe se presume inocente, persisten suspicacias frente a que el soborno a testigos y el fraude procesal existieron.