A once días de las elecciones regionales de este año, la Defensoría del Pueblo presentó su informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral (030) de 2023. La alerta daba cuenta de más de 300 municipios en peligro por el accionar de grupos armados ilegales, algo que sigue vigente.
La exposición del seguimiento de la Defensoría llegó luego de una reunión de la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Comprrat), en la que confluyeron el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, y la procuradora general, Margarita Cabello Blanco.
De acuerdo con la Defensoría, el monitoreo a la Alerta Temprana advierte “un aumento significativo en el número de acciones violentas que afectan a las comunidades de cara a los comicios del próximo 29 de octubre”. Así, la lista de 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto se mantiene, pues el actuar de los grupos armados ilegales no ha cesado. Lea aquí: Alianza Verde le pide mesura al Gobierno por crisis con Israel
“Dos meses después, el mapa muestra que se mantiene el riesgo en esos municipios y que, adicionalmente, aumentaron los hechos violentos en las regiones advertidas”, señaló la entidad. Entre enero y julio de 2023, hubo 173 acciones violentas —amenazas, desplazamientos, hostigamientos, etcétera—, mientras que entre agosto y septiembre hubo 204.
“Mientras más cerca estamos de las elecciones, mayores son las acciones violentas de los grupos armados ilegales contra los candidatos o líderes”, aseguró Carlos Camargo, quien agregó que las agrupaciones que más cometen vulneraciones son las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Eln. No obstante, en la mayoría de actuaciones se desconoce el autor.
Los departamentos en los que más hubo transgresiones a los derechos de la comunidad fueron Norte de Santander, Arauca, Nariño y Bolívar. Entre todos ellos suman 56 acciones violentas. Para Camargo, la respuesta estatal a la alerta temprana ha sido “reducida y sin claridad en las acciones de protección a las poblaciones en riesgo”.
Asimismo, los diez departamentos con mayor riesgo frente a los comicios regionales que vendrán son Norte de Santander, Cesar, Tolima, Bolívar, Valle del Cauca, Nariño, Arauca, Magdalena, Cauca y Chocó, en los que 244 municipios encaran graves peligros por los grupos armados ilegales y la falta de articulación en las entidades estatales.
La Defensoría llama a prestar “especial atención” en Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca, puesto que en esos territorios aumentó el acumulado anual de conductas vulneratorias. A su vez, el llamamiento insta a observar a Arauca, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño y Boyacá, donde existe “preocupación”, pues allí se concentró el mayor aumento de actos vulneratorios entre agosto y septiembre.
En agosto, cuando se emitió la Alerta Temprana Electoral, la Defensoría del Pueblo envió 48 recomendaciones a varias entidades estatales. Entre esos entes, destacó la Defensoría hoy, la Presidencia de la República “solicitó ampliación de la información, pero no reportó ninguna acción de respuesta”. Le puede interesar: Ministro del Interior desautorizó el informe que inhabilita candidatos
En su momento, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que “no hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y ahí estaremos”, como confrontación al anuncio de la Defensoría. “Heredamos una violencia innecesaria”, mencionó el mandatario.
Por lo pronto, Camargo Assis reiteró el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para decretar medidas cautelares en la protección de candidatas y candidatos amenazados. Además, le pidió a la Procuraduría que adelante “acciones preventivas y disciplinarias para que se cumplan las recomendaciones emitidas en las Alertas Tempranas e informes de seguimiento”, con el fin de que “se impongan las sanciones correspondientes” si hay bajo nivel de cumplimiento.
“El riesgo electoral descrito en la AT 030-23 no solo persiste, sino que se agrava debido al aumento entre conductas vulneratorias, registrado entre enero y septiembre, con especial preocupación en el período agosto y septiembre”, se lee en el informe de seguimiento presentado este miércoles.