El juez Anuar Menco reanudó la audiencia de imputación de cargos contra el exconcejal Javier Curi y otros siete procesados por presuntas irregularidades en más de 80 Órdenes de Prestación de Servicios en 2016. Dichos contratos habrían sido mal proyectados y los contratistas, supuestos “ahijados políticos” de concejales de esa época no cumplieron con sus funciones, según la Fiscalía.
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El pasado lunes inició esta audiencia y se conoció que además de Curi Osorio, también son indiciados por los delitos concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación las siguientes personas:
- Aroldo Coneo, secretario general del Concejo en esa época, exalcalde de la Localidad 3 y actual funcionario del DATT.
- Rosa Macías, actual jefa de Comunicaciones y Protocolo del Concejo.
- Emilio Valencia Cáceres: exdirector financiero del Concejo y hoy alto cargo de la Secretaría de Planeación.
- Domingo Francisco Román Lozano, exjefe de la Oficina Técnica Comunal.
- - Roberto Barboza Pájaro, director del Área Administrativa del Concejo en esa época.
- Felipe Santos Díaz.
- Rocío del Pilar López Amaris
- Domingo Román Lozano.
La fiscal del caso es Liliana Velázquez Trespalacios, recordada por investigar el caso Manolo Duque - Nubia Fontalvo, quien acusa a los ocho procesados de los delitos con carácter agravado por ser funcionarios y ordenadores del gasto, por lo que se arriesgan a una pena de 64 a 216 meses de prisión.
Los contratos que se investigan fueron para vincular al Concejo, por prestación de servicios, a abogados, contadores y comunicadores sociales. Para la fiscal Velázquez no hay evidencia del cumplimiento de esos procesos.
Curi y Barboza, imputados
En la audiencia del lunes, Velázquez solo les imputo delitos a Javier Curi Osorio y al abogado Roberto Barboza. Para la fiscal hay suficientes pruebas para acusarlos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía, tanto Curi como Barboza habrían actuado con dolo, con clara intencionalidad de afectar a la administración pública.
La fiscal expuso que el abogado Roberto Barboza elaboró, presuntamente, de forma inadecuada los contratos laborales sin establecer objetos contractuales claros ni estudios previos.
En esa indagatoria la fiscal anticorrupción mencionó a cuatro exconcejales de la época que se investiga como presuntos “padrinos” de las personas que se contrataron de forma irregular, según acusa la Fiscalía. A saber: Ronald Fortich, Angélica Hodge, Américo Mendoza y Antonio Salim Guerra.