Luego de una larga jornada, que empezó en la noche del viernes y terminó a las 5 de la madrugada de este sábado 30 de septiembre, un juez decidió que fueron ilegales las capturas del exconcejal Javier Curi, Aroldo Coneo (exalcalde local y quien actualmente ostenta un alto cargo en el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y de otras dos personas procesadas por delitos contra la administración pública en Cartagena, por lo que fueron dejadas en libertad.
Se conoció que el juez Segundo Penal Municipal Ambulante con funciones de Control de Garantías de Cartagena fue quien declaró ilegales cuatro de las ocho capturas que se hicieron en total, que fueron realizadas por miembros de la Dijín que llegaron a Cartagena procedentes de Bogotá, tras una indagación de la Fiscalía por presuntas irregularidades en contratos en el 2016, cuando Curi era presidente del Concejo de Cartagena. Lea: Captura de exconcejal Javier Curi: se conocen más detalles y nombres
Las capturas de las otras cuatro personas procesadas fueron declaradas legales y por lo tanto quedaron detenidas, bajo custodia de la Fiscalía, mientras se adelanta el proceso.
La diligencia que terminó este sábado en la madrugada fue la de legalización de capturas, pero el lunes en la mañana continuará el proceso con la audiencia de imputación de cargos y la de imposición de medidas. En estas audiencias deberán participar todos los procesados, incluidos Curi, Coneo y las otras dos personas que quedaron en libertad. Lea: Caso Curi: uno de los capturados tiene alto cargo en la administración Dau
En la última etapa de la audiencia de Garantías (audiencia de imposición de medidas) el juez deberá decidir si hay elementos materiales probatorios que den cuenta de los señalamientos de la Fiscalía, y por tanto si hay lugar o no a una medida contra los procesados: detención intramural, detención domiciliaria o libertad bajo algunas condiciones. Es decir, aún está por decidirse qué pasará con Aroldo Coneo y Javier Curi.
El proceso
Todo esto hace parte de un proceso por los delitos de concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Se sabe que los contratos investigados se hicieron para vincular al Concejo a abogados, contadores y comunicadores sociales mediante Órdenes de Prestación de Servicios (OPS).
La indagación hace parte de un proceso asumido desde el 2016 por Liliana Velásquez, fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. La fiscal tiene en su currículo el haber investigado el entramado de corrupción que protagonizaron Manolo Duque y Nubia Fontalvo, quizá el más polémico de la historia política de Cartagena.