Tal como lo anunció en su cuenta de X (antes Twitter) Rodolfo Hernández, quien expresó que utilizaría todos los medios legales pertinentes para buscar salvar su candidatura a la Gobernación de Santander, la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió revocar tras la notificación por parte de la Procuraduría General de la Nación sobre la inhabilidad del excandidato presidencial por tres sanciones disciplinarias en su contra.
Es así como el diario El Tiempo indicó en una publicación en su página web, que la defensa de Hernández tras enterarse de la decisión del CNE, decidió interponer una acción de tutela para tumbar la anulación de su inscripción como candidato a la Gobernación de Santander.
Esta acción legal la encabeza el exmagistrado Julio Cesar Ortiz, quien hoy funge como defensor de Rodolfo Hernández. Allí indican que, los actos administrativos en contra de Hernández violan sus derechos políticos “a partir del quebranto del bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.), ante la falta de aplicación del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Consejo de Estado”. Lea aquí: Petro cuestiona al CNE por revocar candidatura de Rodolfo Hernández
Asimismo detallan que “la Corte Constitucional ha reconocido el carácter vinculante del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, y ha definido que las restricciones, limitaciones o suspensiones del ejercicio de los derechos políticos solo son posibles si ellas son establecidas en una sentencia judicial ejecutoriada en un proceso penal y, eventualmente, dada las características del sistema judicial colombiano, incluso si es por decisión de la jurisdicción contencioso administrativo, pero no de un órgano que no es parte de la Rama Judicial”.
Alega Ortiz que, la Procuraduría General de la Nación no tienen competencia para adelantar un procedimiento disciplinario ni imponer sanción de suspensión que tiene como efecto restringir, limitar o suspender los derechos políticos de Rodolfo Hernández.
La defensa de Hernández ante esta situación presentada solicitó una medida provisional. “En virtud del artículo 7° del Decreto No. 2591 de 1991, respetuosamente solicito que, antes de expedirse el fallo definitivo de esta acción de tutela, se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de Rodolfo Hernández dentro de los procesos disciplinarios Nos. IUS-E-2017-912098/IUC-D-2017-10; IUS E-2018-588537; y IUS-E-2018-531108 / IUC-D-2018-1200267; así como las anotaciones que sobre los mismos tiene la Procuraduría General de la Nación en sus bases de datos oficiales y pública, que provoca la supuesta inhabilidad automática de que trata el 38.2 de la Ley 734 de 2002. Así mismo, se deje sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander en contra de Rodolfo Hernández, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral”.
Ortiz además explicó la decisión de haber presentado una acción de tutela y no las acciones estipuladas por el CNE. Lea también: “Fue una decisión politiquera”: Rodolfo Hernández a revocatoria del CNE
“De no ocurrir la protección solicitada no existe forma de reparar el daño producido al mismo, su ocurrencia es inminente; resulta urgente la medida de protección para que el actor supere la violación de derechos fundamentales en la que se encuentra; y, por la gravedad de los hechos, es evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, porque se impone la eventual revocatoria de su inscripción como candidato a un cargo de elección popular con base en decisiones administrativas que violan el artículo 23 de la Convención ADH, de una elección que se realizará dentro de un escaso mes, y por tanto, no permite la utilización de medio de defensa judicial alguno, diferente a la acción de tutela con medida provisional, lo que obviamente restringe el núcleo esencial de los derechos políticos de mi cliente, cuya falta de ejercicio no se puede reparar, sino simplemente el disfrute de ese derecho político en particular se pierde definitivamente mientras dure la inconvencional inhabilidad”, se lee en el documento dado a conocer por El Tiempo.
Las peticiones de la defensa
El exmagistrado Julio Cesar Ortiz, manifestó que realizaron cuatro peticiones en dicha acción legal.
“Se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, se dejen sin efectos las decisiones sancionatorias tomadas en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro de los procesos disciplinarios Nos. IUS-E-2017-912098/IUC-D-2017-10; IUS E-2018-588537; y IUS-E-2018-531108 / IUC-D-2018-1200267; así como las anotaciones que sobre los mismos tiene la Procuraduría General de la Nación en sus bases de datos oficiales y pública, que provoca la supuesta inhabilidad automática de que trata el 38.2 de la Ley 734 de 2002”, solicitó.
Además: “se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, dejar sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral”. Le puede interesar: Niegan tutela a Zuluaga con la que quería tumbar testimonios del caso Odebrecht
Agregó también que “en subsidio, se solicita se conceda la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y se suspendan los efectos de las decisiones ya mencionadas por la Procuraduría General De La Nación y el Consejo Nacional Electoral en contra del señor atura a la Gobernación de Santander en contra de”.
Por último, indicó que se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de su cliente, especialmente los de elegir y ser elegido, y se ordene la inmediata y efectiva restitución de Rodolfo Hernández Suárez como candidato inscrito a la Gobernación de Santander para el periodo 2024-2027.