El paradero de casi 20 mil millones de pesos que hacían parte del presupuesto de la Alcaldía de Cartagena es tan desconocido como la ubicación del área 51 en Estados Unidos. El multimillonario, aún presunto, desfalco corresponde al cobro en efectivo de un centenar de títulos judiciales a favor del Distrito, tramitados por dos abogados autorizados por el exjefe de la Oficina Jurídica del Distrito, en el gobierno de Pedrito Pereira.
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La información, que desató la polémica este fin de semana, publicada por la revista Cambio detalla que entre noviembre de 2018 y diciembre de 2019, Jorge Camilo Carrillo Padrón, exjefe jurídico, le otorgó poder a dos abogados, Jorge Adib Blell Cervantes y Analicia Martelo Del Río, para representar al Distrito en diferentes procesos.
Jorge Carrillo Padrón.
“Estos cobros de remanentes a favor del Distrito no fueron reclamados por la Alcaldía como es debido, sino que Carrillo le indicó a todos los jueces civiles que ante lo tortuoso del trámite mejor serían reclamados por los dos abogados implicados, luego que Jurídica les otorgara el poder para hacerlo. E incluso pidieron que se los pagaran en efectivo. Y todo eso lo denunciamos, pues esa plata nunca entró a nuestras cuentas”, aseveró el alcalde William Dau.
Y prosiguió: “Hace más de tres años comenzamos a rastrear todas las pruebas reinas y descubrimos 120 títulos judiciales cobrados por los dos juristas y tenemos las certificaciones del Banco Agrario para fortalecer nuestra denuncia ante la Fiscalía. Blell cobró 10.800 millones de pesos y Martelo cobró 9.095 millones para un total del supuesto desfalco de casi 20 mil millones de pesos. Un dinero que, tras confirmar con los bancos y con la Secretaría de Hacienda, nunca entró en nuestras arcas”.
Esta acusación, sin lugar a dudas, desató mucha controversia en la ciudad pues los dineros correspondientes a los 122 títulos judiciales no ingresaron al fondo de recuperación de títulos que tiene el Distrito en Fiduprevisora, por tal razón la Alcaldía hizo una segunda denuncia ante la Fiscalía el pasado 12 de julio.
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Por lo anterior, el alcalde solicitó a la Fiscalía que además de iniciar la indagación penal a los implicados, realice un estudio patrimonial de Jorge Carrillo Padrón, Jorge Blell Cervantes y Analicia Martelo del Río y sus núcleos familiares, para establecer un posible incremento patrimonial injustificado a raíz de estos hechos.
Cabe recordar que la presunta modalidad criminal ya había sido denunciada por el Distrito el pasado 10 de febrero de 2020, y muchos recuerdan el suceso como uno de los capítulos del llamado ‘Libro Blanco’.
Por estos hechos, actualmente cursa ante la Fiscalía 60 Seccional de Cartagena adscrita a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, un proceso penal en contra Carrillo, Blell y Martelo por el delito de peculado por apropiación agravado.
“Mi vida nunca ha tenido una tacha”
Consultado por El Universal sobre posibles cuestionamientos al exalcalde Pedrito Pereira, el actual candidato al Concejo por Cambio Radical expuso: “No tengo conocimiento de esos hechos y lo expreso de manera rotunda. Ya Dau hizo las denuncias y lo mejor será respetar las instancias legales. En su momento le pregunté a Carrillo sobre ese tema y hasta el día de hoy sostiene que no es cierto y ahora nuevamente lo sacan a relucir en época electoral”.
Y aseveró: “Jamás en mi vida pública he tenido señalamiento alguno de este tipo de situaciones. Los funcionarios y profesionales que él denuncia deberán defenderse de esos señalamientos. Su actitud no es nueva para mí, pues hace años hace todo tipo de denuncias contra mí, que me llevé los cuadros del despacho, las sillas de las oficinas, los computadores, los celulares, que privaticé del Datt, en fin: que dejé a Cartagena quebrada. Pero no explica por qué se la ha pasado incorporando recursos del 2019 y otros temas; sin embargo, lo que queda es esperar a que actúe la Ley y los resultados de las investigaciones”.
Según la Universidad Externado de Colombia, los títulos de depósito judicial son documentos representativos de sumas de dinero que se constituyen, en este caso, a favor de la jurisdicción, por las entidades bancarias o financieras donde reposan recursos de propiedad de los deudores, en cumplimiento de órdenes de embargo expedidas como medida preventiva dentro del trámite de un proceso.
Es decir, representan una suma de dinero que deberá pagar al beneficiario por parte de un deudor si un juez lo determina de esa manera. Incluso, la decisión judicial también puede ser dividir el título en dos partes, para que sea pagado al demandante y al demandado. “Por ejemplo, cuando en un pleito judicial se embargan las cuentas de una persona natural o jurídica, ese dinero pasa a ser representado a través de un documento que se llama título judicial”, indicó Cambio.