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Política

Denuncia: “Si no pago los 64 millones, no me aceptan las firmas”

Lena Acosta, aspirante a la Alcaldía de Cartagena, reveló que la Registraduría no quiere recibirle las firmas que recogió para avalar su candidatura.

Denuncia: “Si no pago los 64 millones, no me aceptan las firmas”

Lena Acosta, aspirante a la Alcaldía de Cartagena. // Julio Castaño - El Universal

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El próximo sábado 29 de julio finaliza el periodo de inscripciones de candidatos a la Alcaldía de Cartagena, incluyendo avalados por partidos políticos y aquellos que van por firmas. En este segundo grupo se encuentra Lena Acosta, abogada especialista y exfuncionaria del Gobierno nacional, quien buscaba llegar al Palacio de la Aduana a través del Grupo Significativo de Ciudadanos “Arriba Cartagena”. Lea: Pagarés y “ofrendas”: ¿A cuánto estarían vendiendo avales en Cartagena?

Acosta hizo una grave denuncia contra la Registraduría Especial del Distrito de Cartagena, pues hace días se acercó para entregar las más de 24.000 firmas que había recogido, pero, según indicó, no se las aceptaron. “Con total desconcierto recibimos la negativa de la entidad, más cuando cursamos un proceso independiente, largo, agotador, realizado con recursos propios y con todas las desventajas que tienen las mujeres jóvenes para acceder al poder político, sin estar en una maquinaria”, expuso.

“Aunque soy plenamente consciente sobre los requisitos para la inscripción de candidaturas (una candidatura se avala con mínimo 50 mil firmas), solicité a la Registraduría que me fueran recibidas las firmas recolectadas para que quede registro real de un trabajo realizado en la calle con la gente y sobre todo por dignificar a todos los cartageneros y cartageneras que creyeron en una apuesta independiente en todo sentido y que merecen el respeto de ser contados.

La negativa de la Registraduría se soportó en que los Grupos Significativos de Ciudadanos que entreguen firmas en estos momentos (sin importar el número de firmas que hayan recolectado) deben obligatoriamente inscribir a sus candidatos y para ello, deben aportar los requisitos adicionales que exige la ley, como lo es la póliza de seriedad de la candidatura, la cual cuesta aproximadamente 64 millones de pesos.

“Les expliqué que en mi caso no tenía sentido pagar una póliza de ese valor, pues soy consciente que no cuento con la cantidad de firmas mínimas requeridas para avalar mi candidatura. Sin embargo, lo que quiero es legitimar un proceso propio e independiente, con una estrategia en donde la gente en la calle donaba mil barritas para poder financiar el trabajo del día”, relató Acosta.

Y resaltó: “Viví en carne propia lo difícil que es hacer una campaña independiente, y logré convencer aproximadamente 24 mil personas que me dieran su firma a cambio de una idea de juventud, de renovación de la política en Cartagena. Lo mínimo que voy a hacer ahora es luchar por que esas firmas sean contadas y que se dignifique el ejercicio real de quien busca firmas y no como hacen muchos candidatos que usan este mecanismo sabiendo que van a recibir un aval e instrumentalizando a la persona que decide dar su firma”.

Acosta indicó que lo que busca es que haya una trazabilidad del trabajo realizado dentro del término que la normatividad dispuso para el efecto. Adicionalmente, la aspirante recordó que como pocos, realizó juiciosamente sus reportes de gastos e ingresos en Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral “demostrando la seriedad del ejercicio y el respeto profundo por las instituciones electorales”.

La tutela

“Como contexto es importante saber que, la Resolución No. 28795 del 21 de octubre de 2022, en el inciso segundo del parágrafo primero del artículo 8, señala lo siguiente: ‘Una vez se hayan registrado los comités, los apoyos podrán ser entregados en cualquier momento y hasta el último día de inscripción de las candidaturas en los términos del artículo 9 de la Ley Estatutaria 130 de 1994 (...)’”, agregó Acosta.

Y concluyó: “Estoy acostumbrada a defender mis derechos, tal como hice cuando fui discriminada por mi color de piel en una discoteca de esta misma ciudad. Por eso instauré una acción de tutela para buscar la protección de mi derecho a la participación política. Recordemos que los derechos políticos no se limitan a elegir y ser elegidos por lo que sería importantísimo contar con un referente jurisprudencial al respecto que de luces en este caso puntual, pero a su vez, evite futuras vulneraciones de derechos para aquellos que no cuentan con los recursos, conocimientos y herramientas para hacer lo que yo, como mujer cartagenera, estoy haciendo”.

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