El pasado jueves fracasó una moción de censura contra la secretaria del Interior, Ana María González-Forero, en el Concejo al no lograrse la votación mínima que se necesitaba. A la funcionaria le buscaban hacer control político debido a posibles fallas en su gestión. Oficializada la decisión, muchos sectores de la ciudad criticaron lo sucedido. (Lea: ¿Quieren seguir, retirarse o ser alcaldes? Esto respondieron los concejales)
Veedurías ciudadanas, gremios populares, sindicatos, entre otros colectivos, se opusieron a la conclusión de una moción de censura que días antes parecía muy bien marinada. Para que se diera se necesitaban 12 votos mínimos y solo diez concejales votaron que sí. Diez se inclinaron por el no y una cabildante, Claudia Arboleda, pidió permiso para retirarse y no votar. ¿Por qué estos movimientos?
Bajo la sombra de los palos de caucho del Centro y en el café de la Plazoleta del Joe Arroyo de inmediato se habló de “mermelada”, repartición de dinero y puestos en el último año de mandato del alcalde de Cartagena, William Dau, quien, se cuenta en los pasillos del Palacio de la Aduana, tiene a González-Forero como una extensión de su persona, de su ser.
William Dau departiendo en 2021 con Hernando Piña y Wilson Toncel, dos de los concejales que votaron No a la moción de censura.
En entrevista con este medio, la politóloga negó rotundamente que haya habido lentejismo o clientelismo. “No tuve ninguna negociación con ningún concejal”, aseveró. Su teoría se relaciona con la razón que presentó Arboleda para retirarse del recinto en la votación de la moción y que un concejal, que prefirió reserva de su nombre, le resaltó a El Universal: el riesgo del prevaricato.
Un eventual prevaricato
González-Forero considera que los documentos técnicos y los elementos jurídicos que presentó en su defensa inclinaron la balanza a su favor. “Yo lo que hice fue hacer unas advertencias técnicas, jurídicas y objetivas acerca de errores procedimentales que si la moción salía yo iba a llevar a la justicia. Muchos temas se acercaban al prevaricato y creo que en un año electoral eso no le convenía a nadie”.
El concejal que precisó el posible porqué de la votación negativa de ocho concejales aceptó que todos ellos tienen la intención de reelegirse y “no están para dispararse al pie, tener riesgos en un año electoral o, peor, tener problemas con la Procuraduría o la justicia el próximo año en caso tal de tener éxitos en las urnas dispuestas el 29 de octubre”.
“González-Forero presentó un documento con apreciaciones jurídicas que indicaban posibles riesgos de la moción de censura a las nueve de la noche del día anterior. En medio de la sesión nos vamos a receso para estudiarlo junto a abogados. Más de una hora estuvimos en una oficina trasera del recinto debatiendo ese recurso junto a dos juristas”, relató.
Y confesó: “Pero tenían un afán desmedido en votar la moción de censura como fuese. Otros concejales y yo pedimos que se discutiera toda la tarde y seguir al día siguiente, pues varios querían tener sus abogados de confianza en el espacio; sin embargo, querían votar y votar. Es por las inseguridades e inquietudes que mis compañeros y yo votamos que No a la moción de censura. Había mucho en lo jurídico en juego. Esa es la verdadera razón y no que hayamos recibido nada de esta administración”.
Alegando fallas en procedimientos, dos ciudadanos solicitan revocar la sesión en la que se negó la moción de censura contra la secretaria del Interior, Ana María González-Forero.
Se trata de Erick Urueta, veedor judicial; y Dairo Arévalo, líder gremial de mototaxistas, quienes solicitan revocar el acta de la sesión del jueves 27 de abril. “Lo anterior argumentando que en dicha sesión hubo inconsistencias en tanto que se permitió el uso de la palabra a la secretaria del Interior, Ana María González, aunque no estaba incluido en el orden del día”, precisó Funcicar.
Además, los querellantes indican que se dio un trámite incorrecto a un impedimento del concejal Óscar Marín para no participar en la moción de censura y el concejal Luis Cassiani explicó el motivo de su voto, aunque este acto está prohibido en el reglamento interno del concejo, según su concepto, por lo que piden la revocatoria de lo decidido. El recurso debe resolverse antes del 5 de mayo.
Los ciudadanos advirtieron que de no tener éxito presentarán acciones de tutela. “Lo que queremos es aclarar si hubo algún tipo de amenaza o presión en contra de los concejales por parte de la senadora Angélica Lozano o de la secretaria del Interior porque el ambiente de la sesión fue enrarecido con esta situación”, expuso Erick Urueta.