La senadora Paloma Valencia desató la polémica al revelar que el gobierno de Gustavo Petro estaría promoviendo un artículo que permitiría expropiar predios para la reforma rural integral.
La propuesta, que se radicó en el Congreso como parte del Plan Nacional de Desarrollo, establece que la Agencia Nacional de Tierras podría negociar la compra de un predio y, si en 20 días no se llega a un acuerdo con el dueño, este se declararía como entidad pública. Lea aquí: “Sacaremos este país adelante pese a la era Petro”: Paloma Valencia
Según el artículo, la Agencia Nacional de Tierras tendría la capacidad de ofrecer una oferta de compra por el predio, cuyo valor máximo sería determinado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o cualquier otra persona inscrita en el registro abierto de los avaluadores.
Si el dueño acepta la oferta, se entenderá como un contrato de promesa de compraventa a favor del Estado. Si no se llega a un acuerdo, se pasaría a la etapa de “venta forzada con indemnización previa”.
La resolución que declare el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral ordenaría la transferencia de la propiedad a favor de la Agencia Nacional de Tierras.
Este proceso sería susceptible de recursos de reposición, pero si no se resuelve en diez días calendario siguientes a su interposición, se entendería negado. La resolución se mantendría en firme y se procedería a la entrega del predio con el concurso de las autoridades de Policía.
La propuesta ha generado críticas y preocupaciones en algunos sectores, ya que se estaría permitiendo la expropiación de predios sin la debida compensación y sin garantías para los propietarios. Lea aquí: Polémica por anuncio de Petro de asumir regulación de servicios públicos
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras ha justificado la propuesta en el marco constitucional y ha argumentado que se busca promover una etapa inicial de negociación directa y, en caso de no ser posible, proceder con la venta por motivos de utilidad pública o interés social con indemnización previa.
El artículo será debatido en el Congreso como parte del segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo y será decisión de los legisladores incluirlo o no en la propuesta final.