“No resisto más este trato señores autoridades y magistrados. Demando una atención especial, pues tengo 70 años y debo tener, por ser sujeto de especial protección constitucional, un tratamiento diferenciado”.
Con estas palabras, el excontralor y exgobernador de Bolívar, David Turbay Turbay, quien fue condenado en el marco del Proceso 8.000, pidió al presidente de la República y a la Corte Constitucional que le resuelvan su situación jurídica, debido a que hubo múltiples irregularidades en su caso.
La misiva, que data del 25 de febrero, la extendió además a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Corte Interamericana de Justicia, Congreso y otros organismos nacionales e internacionales.
Turbay fue concejal de El Carmen de Bolívar, diputado de Bolívar, representante a la Cámara, representante del presidente de la República ante la Comisión de Derechos Humanos de la Costa Atlántica, gobernador de Bolívar, senador, y embajador de Colombia ante la ONU, en Egipto y Jordania.
Cabe recordar que, en el marco del proceso 8.000, fue condenado en 1998 a cinco años de cárcel por recibir la supuesta financiación de los Rodríguez Orejuela en 1994, para su campaña al Congreso. En 2018 quiso aspirar a la Presidencia, pero la Procuraduría dijo que estaba inhabilitado, por lo que entuteló y la Corte Suprema confirmó su condena de 1998.
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E insistió: “Llevo 23 años tratando de que haya justicia en mi caso, con conceptos de los mejores ex magistrados de la Corte Constitucional y de un ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estudios profundos se responden con argumentos formales, con principios no normativos, con modulaciones que no son de recibo, con esquivaciones al deber, que hacen caducar mis derechos fundamentales de manera caprichosa”.
“Ruego su intervención valiente (....) O decretar mi pena de muerte. No se debe vivir sin honor, ni admitir una condena siendo inocente”, manifestó el excontralor a la Corte Constitucional y organismos nacionales e internacionales.
Solicitó además “al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, organismos a los cuales por lustros pertenecí en representación del pueblo, que me escuchen en sesión informal. Colombia no puede darle viabilidad a la politización de la justicia, ni a la judicialización de la política”.