“Lo hecho por la Alcaldía de Cartagena, a través del Dadis, es una desidia, una ignominia contra la población más vulnerable de la ciudad: la niñez. Su dejadez dejó desatendidos a 30 mil niños”. Esa fue la denuncia del veedor y miembro del Consejo Territorial de Salud de Cartagena, César Cárcamo. (Lea: “Dionisio Vélez, culpable; Judith Pinedo, inocente”: Contraloría)
El proyecto, de casi 10 mil millones de pesos, al que se refiere es el de “Implementación de una estrategia de recuperación nutricional de niños de 0 a 5 años de edad en Cartagena”. Por su no ejecución, la personera de la ciudad, Carmen Elena de Caro, criticó: “Es lamentable que el Distrito pierda proyectos por negligencia. Eran recursos aprobados por regalías para la seguridad alimentaria y nutricional de madres gestantes y lactantes, niños y niñas. Ahora no se podrá ejecutar por la negligencia de funcionarios que no le dieron importancia a este proyecto. Estos dineros serán ingresados para que se ejecuten otros proyectos diferentes a este”.
De Caro subrayó que: “el alcalde Dau quiere confundir a los cartageneros con información diferente a la real. Los funcionarios de la Unidad Asesora de Contratación (UAC) y el Dadis tenían el compromiso de sacar adelante este contrato en su debido tiempo, lamentablemente los tiempos no dan para sacar este contrato”.
“No se van a perder los recursos”
Los $9.985 millones aprobados son recursos del paquete de las asignaciones directas que recibe Cartagena del Sistema General de Regalías (SGR), con el objetivo de promover el desarrollo, la competitividad y propiciar la restauración social y económica en la ciudad.
El alcalde, William Dau Chamat, indicó que, aunque el contrato de nutrición infantil no se haya hecho en 2022 no quiere decir que los recursos se hayan perdido. “Las regalías son una bolsa con un presupuesto que se va distribuyendo en diferentes iniciativas priorizadas en el Capítulo Independiente del Plan de Desarrollo “Inversiones con cargo al SGR”. Si una parte de esos recursos no se ejecuta, esto no significa que la plata se pierda. Sencillamente se pierde la posibilidad de ejecutarlo en el tiempo establecido. Esos recursos seguirán siendo del Distrito y nadie se los quitará”, aseguró.
Esto último contrasta con lo afirmado por algunas denuncias ciudadanas sobre la posibilidad de que los recursos se pierdan. Dau aclaró que la Nación sí califica por puntos la gestión de los entes territoriales de las regalías, pero que junto a la Secretaría de Planeación analizaron esta situación específica y concluyeron que la no ejecución de este proyecto no provocaría una disminución o suspensión en el giro de recursos del próximo año.
“El proyecto puede volverse a presentar y ejecutar conforme a las normas técnicas, jurídicas y de transparencia que amerita. Y pues allí igual va a estar el recurso para ejecutarlo e impactar a la población que lo necesite de una u otra forma”, expuso el Distrito.
No una, 90 alarmas
El Distrito entregó a este medio el camino que trasegó el mencionado proyecto y así socializar el por qué de la no ejecución, algo que desató mucha inquietud ciudadana.
La exdirectora del Dadis, Johana Bueno, presentó la necesidad de la contratación a la Unidad Asesora de contratación del Distrito. El 28 de abril de 2022 se publicó el borrador del proceso en la plataforma SECOP II, como indica la ley. No obstante, el documento recibió más de 90 observaciones por parte de interesados y veedurías, donde se llamaba la atención ante posibles irregularidades en su estructuración. “Una cifra que no es común y que hizo sonar las alarmas”, expuso el mandatario.
“Se les venía requiriendo que contestaran y resolvieran las dudas ciudadanas, pero entre ires y venires el 21 de junio de 2022 el Dadis solicitó que el proceso fuera descartado de SECOP II, debido a que el proyecto necesitaba ser modificado ante las observaciones”, contó Dau. Esta solicitud de cancelación fue requerida por Carmen Llamas, directora encargada del Dadis tras la suspensión de Bueno.
“Posteriormente, el 30 de septiembre se recibió nuevamente el proceso para retomar su trámite y este era idéntico. Descaradamente se evidenció que contenía las mismas falencias y sin ninguna modificación ni justificación”, develó el alcalde. Ya para la fecha había vuelto Johana Bueno a la dirección del Dadis.
La UAC, por lo tanto, “no se hizo oídos sordos” y reiteró las recomendaciones jurídicas y financieras que habían sido inicialmente formulados por los interesados y los veedores del primer proceso, ante indicios de que se podría favorecer a un participante en específico.
Pero llegó la salida de Johana Bueno el pasado 29 de noviembre y solo restaban cinco días para tomar una decisión con relación al proceso contractual. Bartolo Hernández, actual director (e) del Dadis solicitó que antes de publicarse nuevamente en el SECOP II para recibir observaciones, él tenía que revisarlo.
Bartolo Hernández.
Hernández decide no firmar ante la cantidad de elementos irregulares que encontró y lo mal estructurado que estaba el proceso, por lo que, de acuerdo a los plazos de las regalías, era técnicamente imposible que se reestructurara el proceso para ejecutarse en 2022.
Neumólogo, bodega y diez furgones
¿Qué alarmó al Distrito y alertó a Bartolo Hernández? Antes de responder cabe recordar que Johana Bueno expuso que ella en el Dadis “no tenía poder ni para comprar un lápiz”, pues desde el 2020, a través de un decreto, Dau le quitó esta delegación.
“Si bien es cierto que el alcalde es el jefe de la administración y es el que tiene la facultad de contratar, cada secretario, jefe o director, miembro de su gabinete, es quien conoce técnicamente de su área, es decir, la Secretaría de Hacienda es la que sabe de impuestos y presupuestos, y el Dadis es el que sabe de salud pública. Por ende, son ellos los que estructuran la necesidad de cada contrato”, explicó William Dau.
Lo que describe Dau se llama en la contratación pública un estudio previo. En el proceso mencionado, fue Johana Bueno la que sustentó la necesidad e indicó los lineamientos para que el Distrito llevara a cabo el contrato, según afirma Dau.
Lo cierto es que el decreto 1061 de 2021 permite que las secretarías contratarán hasta mínima cuantía, mientras que el alcalde se reservaba la suscripción de los contratos de la menor y mayor cuantía, según precisó el Distrito.
William Dau y Johana Bueno.
Entre las múltiples alertas que se identificaron como atentados a los principios de la contratación estatal y que además habían sido advertidos a través de más de 90 observaciones al procesos publicado en abril, están:
1. En cuanto a formación académica, se solicitaba un médico especialista en neumología pediátrica que contara con diez años de experiencia después del grado de especialista. Además, que haya contratado mínimo dos veces con el Estado o con privados en actividades para atender a la primera infancia. Lo que para algunos llamó la atención ante la necesidad de un especialista en temas respiratorios en un proyecto nutricional.
2. Otra alarma se encendió con el requisito de que el proponente contara con una bodega ubicada en la ciudad con una capacidad mínima de 800 m2 y la prohibición de subarrendar una. El Distrito nunca recibió la justificación de esta necesidad.
3. La UAC también pidió explicaciones del porqué el proponente debía contar con diez vehículos tipo furgón adecuados para el transporte y conservación de alimentos. Justificación nunca presentada.