El pasado 11 de octubre de 2022, la Gerencia Departamental Colegiada de la Contraloría en Bolívar declaró a varias personas como culpables fiscales por irregularidades en la ejecución de un contrato para la construcción de obras civiles en diferentes sectores de la Localidad 2 de Cartagena. (Lea: Turbaco: una Navidad “a oscuras” por contrato con Edurbe)
El proceso interadministrativo se suscribió el 23 de junio de 2011, entre el Distrito Turístico y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar S.A. (Edurbe). Los recursos salieron del Presupuesto de Inversiones del Fondo de Desarrollo de la localidad para la vigencia fiscal 2011.
La Contraloría comprobó que gran parte de las intervenciones no se entregaron o quedaron inconclusas. Si se tiene en cuenta que Edurbe recibió la suma de $1.420 millones y que las obras ejecutadas se fijaron por $941 millones, el daño patrimonial asciende a la suma de $478 millones.
Por lo tanto, en ese octubre, la Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal, a título de culpa grave, en contra del exgerente de Edurbe, Augusto Mainero Román y del exalcalde de la Localidad de la Virgen y Turística (2), Reinaldo Manjarrez Muñoz, por lo que estableció la obligación que los dos exfuncionarios resarcieran el patrimonio público. La cuantía se tasó en $695’535.333.
De acuerdo con la decisión, Manjarrez no protegió el erario que eventualmente se vio presuntamente comprometido, al pagar el 100% de las obras contratadas pero no “exigir la devolución de los dineros por las obras no ejecutadas e inconclusas”, resaltó la Contraloría, quien agregó que “Mainero hizo uso irregular de los recursos que recibió a sabiendas que dichos recursos tenían destinación específica”.
Obras no entregas o inconclusas
Además, el ente de control fiscal declaró como tercero civilmente responsable a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., en razón de la correspondiente Póliza de Garantía Única de Seguro.
El primer fallo
Las presuntas irregularidades cometidas se remontan al periodo como alcalde de la Localidad 2 de Reinaldo Manjarres, delegado por la entonces alcaldesa de la ciudad, Judith Pinedo Flórez. Por ende la Mariamulata fue investigada en el proceso.
Sin embargo, en la decisión de octubre, se falló a favor de ella y del exalcalde Dionisio Vélez Trujillo. Mismo beneficio contaron los exgerentes de Edurbe, Ramón Expósito Vélez, Óscar Brieva Rodríguez y Amira Salvador Betancourt; el exalcalde local y hoy concejal, Rodrigo Reyes Pereira; y el interventor de las obras, Édinson Hernández Watts.
No obstante, por grado de consulta, esta decisión fue remitida por parte de la primera instancia a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo. Por consiguiente, fue asignado a la Contraloría Delegada Intersectorial No. 4 de la Unidad de Responsabilidad, al haberse fallado sin responsabilidad fiscal unos sujetos con presunta injerencia en el contrato controversial.
Culpabilidades e inocencia
En la segunda decisión del ente de control fiscal, del pasado 9 de diciembre, la Unidad de Responsabilidad Fiscal reexaminó la conducta de los involucrados. Primero, reconfirmó la culpabilidad de la aseguradora; y segundo, actualizó el daño patrimonial según el índice final de precios al consumidor de 2022, certificado por el Dane, por lo que ahora el erario a resarcir es de $779 millones de pesos.
Culpabilidad que sí se reafirmó en este último auto a Manjarres y a Mainero. Además, se reajustó y se falló la culpa grave de Dionisio Vélez, Rodrigo Reyes, Édinson Hernández, Amira Isabel del Rosario Salvador, Óscar Brieva y Ramón David Expósito.
Los imputados tienen derecho a controvertir la decisión, por vía judicial, ante los jueces contenciosos administrativos. Tienen un plazo de cuatro meses para presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los 4 meses siguientes al presente fallo fiscal.