El pasado 1 de agosto, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó la detención domiciliaria para el concejal Óscar Marín, en medio de una investigación por presuntas irregularidades cuando fue director del Fondo de Pensiones de Cartagena (Fonpecar). (Lea: “Las irregularidades en el Dadis solo las pudo autorizar Dau”: Johana Bueno)
La investigación se dio por una denuncia presentada ante la Fiscalía, en febrero de este año, por el alcalde William Dau Chamat, y se relaciona con el pago de una pensión de jubilación a favor de Bertha Elena Tarón Arrieta, extrabajadora de las extintas Empresas de Servicios Públicos Distritales de Cartagena.
De acuerdo con las pruebas aportadas por la Fiscalía, el concejal habría expedido, de manera presuntamente irregular e ilegal, la resolución 7300 del 24 de octubre de 2014, mediante la cual otorgó la pensión a Tarón, sin que se cumpliera con el lleno de los requisitos. Por lo que lo acusaron de peculado por apropiación y prevaricato por acción.
En dicha resolución se ordenó el pago de 88 millones de pesos por concepto de retroactivo pensional, de los cuales 78 millones fueron dirigidos a un tercero.
Por consiguiente, a finales de julio, la Fiscalía imputó al concejal los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, y fue enviado a su casa ante eventuales riesgos de obstrucción a la justicia desde su posición como cabildante.
Sin embargo, el pasado 29 de octubre, Óscar Marín Villalba, quien ha defendido su inocencia a través de los años en múltiples ocasiones, fue dejado en libertad tras estudiarse su apelación a la medida de aseguramiento domiciliaria.
La decisión de segunda instancia le permitió volver al Concejo mientras el juez de primera instancia analizaba nuevamente los hechos y emitiera un nuevo pronunciamiento reafirmando o no una medida de aseguramiento.
No obstante, ayer hubo una nueva audiencia contra el concejal Marín y en el espacio volvió a perder sus derechos políticos como concejal, debido a que el juez le impuso, como medida no privativa de la libertad, la suspensión de su cargo como cabildante de la ciudad.
Además, no podrá salir del país ni comunicarse con otro imputado o testigo de la presente investigación, y así evitar un eventual entorpecimiento del proceso.
Edgard Osorio, abogado defensor del concejal Oscar Marín, en diálogo con El Universal, indicó que interpuso y sustentó recurso de apelación contra la decisión, por considerarla equivocada y con el fin de que el juzgado de segunda instancia la revoque; y en consecuencia se abstenga de imponer medida de aseguramiento alguna, “porque no son necesarias ni urgentes ni útiles”, expuso.