Calles que claman pavimento como la carrera 69 B en el sector Simón Bolívar, del barrio La Victoria, inconclusa desde 2019 y que sigue sin priorizarse su terminación. Corregimientos desolados como Pasacaballos, donde en la vereda Bajo del Tigre las vías son lodazales, en el puesto de salud son las ruinas las que visten batas y un tanque de agua potable está que cae sobre algunas viviendas, lo que prohibe un sueño tranquilo en los que allí habitan. Ese es el panorama de muchos territorios y barrios de la Localidad 3 de Cartagena. (Lea: Las Alcaldías locales de Cartagena, ¿las ovejas descarriadas del Distrito?)
El “limbo administrativo” que sufre la Localidad Industrial y de la Bahía, según veedurías como Funcicar, ediles y comunidad en general, es el resultado de dos dinámicas que hoy critican muchos: un inquietante enfoque de ejecución presupuestal donde priman las capacitaciones sobre las obras; y una interinidad de varios meses tras renunciar Aroldo Coneo como alcalde local.
Puesto de salud de la vereda Bajo del Tigre.
La interinidad
Desde marzo de 2020, casi tres meses después de su posesión, William Dau escogió a Coneo de una terna presentada por los ediles de la Localidad 3. El seis de septiembre este último renunció de su cargo porque ganó un concurso de carrera administrativa en el Distrito. Tres meses después, la Alcaldía local ha pervivido a base de encargos.
El 12 de septiembre, fue encargada la hoy gerente del Centro Histórico, Diana Martínez Berrocal, pero por cuestiones de salud se apartó de la Biblioteca Distrital Jorge Artel, sede la Alcaldía menor. Luego fue designado el director de Espacio Público, Camilo Blanco; y el 8 de noviembre, fue nombrado como mandatario menor (e) el actual secretario de Participación, Miguel Salgado.
“Desde el 16 de noviembre se encuentra formalmente radicada en el despacho del alcalde Dau, tras ser escogida y ser invitados los entes de control a acompañar un proceso que fue público y abierto a la comunidad. Más de dos semanas después no tenemos ni idea de qué ha pasado con la terna”, aseveró Ramiro Martínez, edil de la Localidad 3,
Por su parte, Alberto Bernal, edil y presidente de la JAL, agregó: “Si existen problemas jurídicos por resolver o algún tema, pues que se informe y subsanamos, pero que se sepa algo. Consideramos que si los encargados no han hecho nada, tal vez un alcalde en propiedad sí le duela nuestra comunidad y saque los proyectos en adelante”.
La plata está, pero engavetada
Los ediles indicaron que el Fondo de Desarrollo Local (FDL), uno de los rubros del presupuesto distrital que el Concejo aprueba para cada año, debe destinarse a inversiones y obras que se definen en una reunión que se realiza en enero entre las Juntas Administradoras Locales (JAL) y la comunidad, donde debe primar el desarrollo social de la localidad.
“De ahí salen los proyectos que los ciudadanos consideran que impactarán en el bienestar de los barrios y corregimientos. De esa reunión sale un acuerdo local que es la columna vertebral que debe usar el alcalde menor para ir a las secretarías de Planeación y de Hacienda para que le aprueben las disponibilidades presupuestales para firmar los contratos para las obras”, explicó Ramiro Martínez.
El proyecto para intervenir el tanque elevado de Bajo del Tigre ya está aprobado, pero sigue sin ejecutarse.
A los ediles les preocupa que posterior a la renuncia de Coneo, los funcionarios encargados como alcaldes no hicieron ni han gestionado nada. No entregan informes de nada. Pese a que el 19 de septiembre, la Alcaldía de Cartagena expidió el Decreto 1351 de 2022, por medio del cual se declaró la Calamidad Pública por seis meses en la ciudad por las afectaciones de la temporada de lluvias. Esto autoriza a las dependencias adelantar acciones inmediatas para proteger a los barrios.
“Algo que no sucede en nuestra localidad, una de las más diezmadas por el azote de las inundaciones, erosiones y deslizamientos, y que el Distrito tiene el aval de contratar sin licitaciones o dilaciones cosas tan fundamentales como kits de aseo o de alimentos”, resaltó Alberto Bernal, presidente de la JAL.
Los miembros de la JAL han instado a los entes de control a que revisen el bajo gasto presupuestal en la Localidad 3 y entender el porqué de la no ejecución de 6 mil millones de pesos que estarían, al parecer, sin destinarse para obras necesarias en la comunidad.
“El erario es para gastarse con respecto a las metas de un Plan de Desarrollo y para minimizar las necesidades básicas insatisfechas en la población. Ya estamos en diciembre y preocupa que haya miles de millones de pesos sin ejecutarse, y que le estén diciendo a la comunidad que no hay recursos para las obras que tanto claman”, puntualizó el edil Martínez.
Aunque la ley autoriza que si llega fin de año y los seis mil millones de pesos no han sido gastados, pueden ser incorporados al FDL del próximo año como saldos; sin embargo, a los ediles les preocupa que como esto nunca ha sucedido, el dinero se embolate pues no hay antecedentes jurídicos.
“Y eso lo sufrirá directamente la comunidad. Nuestra preocupación es que habiendo ese dinero sin ejecutar por la Alcaldía local haya vías y parques deteriorados. La ciudadanía está a la espera que esos recursos se gasten en pro del desarrollo social de la localidad. Lo que está en juego es la calidad de vida debido al vacío administrativo”, explicó el edil Gabriel Medrano.
