La macroeconomía es, en palabras llanas, según el Banco Mundial, “los cambios en la producción, la inflación, las tasas de interés y los tipos de cambio, y la balanza de pagos. La reducción de la pobreza, la equidad social y el crecimiento sostenible”. Esto es, la política económica de un país.
La macroeconomía es de vital importancia para el crecimiento de una nación en desarrollo porque, prácticamente, es el único factor que observan los capitales extranjeros para elegir los lugares donde invertir su dinero.
Si la forma de gobierno fuera un factor decisivo, nadie invertiría en China, con su execrable dictadura comunista. La clave está en la sostenibilidad macroeconómica, esto es lo único que debe garantizar, en términos prácticos, un gobierno a futuros inversores.
El presidente Gustavo Petro prometió en campaña cambiar la macroeconomía del país y la mitad de los colombianos lo aceptaron con su voto. Su programa de Gobierno se basó en el cambio del modelo productivo, reducción de la pobreza, equidad social y un desarrollo sostenible, en términos medioambientales.
El problema surgido es, ¿cómo realizar los cambios macroeconómicos prometidos, sin destruir la economía del país? He ahí el dilema. Esta es la asignatura que está perdiendo este Gobierno, y que han malogrado todas las formas de gobierno socialistas o de corte socialistas que se han ensayado en el mundo entero, hasta la fecha.
Mariana Mazzucato, asesora de cabecera del presidente Petro, ha manifestado en todos sus escritos, foros y conferencias, a manera de estribillo, que el gran pecado del socialismo es pretender redistribuir el ingreso sin generar productividad. Para reducir la pobreza y la desigualdad, afirma la economista, el Estado, en asocio con los empresarios, deben ser unos creadores de valores económicos que aumenten la productividad; y así, de esta forma, generen riquezas, para luego redistribuir; repitiendo este ciclo, permanentemente, hasta reducir la desigualdad.
Para esta publicista económica, el Estado en asocio con los empresarios, son determinantes en la consecución de la equidad social. A esto se ha debido el éxito económico surcoreano.
Solo con estos dos miembros de la ecuación macroeconómica, trabajando de consuno, se puede cumplir en gran parte, el programa de gobierno de Gustavo Petro. El perfecto equilibrio en la intervención del Estado en la economía y la libre empresa, en armonía con el compromiso social empresarial, son los únicos caminos posibles para transformar un país inequitativo económicamente, en otro más justo y desarrollado.
Pero, ¿cuáles son esos problemas macroeconómicos que están causando tanto revuelo?
El primero, tiene que ver con el cumplimiento de la regla fiscal. Este es un control legal que rige en el país desde el año 2011 para limitar el gasto público, y desde el 2021, como control al nivel de endeudamiento del Estado.
En el gobierno Duque se reglamentó el Comité Autónomo de la Regla Fiscal- CARF, que es un organismo independiente al gobierno, que tiene como función, entre otras: pronunciarse y emitir concepto formal sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo y sobre el informe de cumplimiento de la regla fiscal que el Gobierno nacional debe presentar ante las comisiones económicas del Congreso de la República, pronunciarse sobre las proyecciones del Gobierno nacional en materia macroeconómica y fiscal, y sobre la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas del Gobierno General, emitir concepto técnico sobre las metodologías empleadas para el cálculo de los indicadores fiscales asociados al balance fiscal y a la deuda del Gobierno Nacional Central.
Adicionalmente, emitir concepto técnico sobre el cálculo de los ciclos petrolero y económico, usados para la aplicación de la regla fiscal y pronunciarse públicamente sobre la activación de la cláusula de escape, sin perjuicio del concepto previo que debe entregar sobre esta materia al Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS. Igualmente, deberá realizar seguimiento a la aplicación de la cláusula de escape.
Está integrado por cinco miembros expertos de reconocido prestigio profesional o académico, y por dos de los presidentes de las comisiones de asuntos económicos del Congreso de la República, bajo un sistema de alternancia. Los miembros cuyo nombramiento dependen del gobierno, fueron designados en el gobierno Duque, mediante Decreto 3498 del 31 de diciembre de 2021.
Este Comité, recientemente, ha ajustado las metas de la regla fiscal para los próximos 4 años de la siguiente forma: el déficit sería de 7,3% y no de 5,6% del PIB, y sus metas para reducirlo, son del de 4,7 por ciento del PIB en 2022, de 1,4 por ciento en 2023 y de 0,2 por ciento en 2024.
Es decir, que la contracción en el gasto público que debe hacer el gobierno Petro para los años saliente y entrante, es del 6.3% del PIB. De acuerdo a esta regla fiscal, el gobierno debe no gastar de la reforma tributaria o de los superávits que generen los hidrocarburos, estos 6.3 puntos porcentuales del PIB.
Esto tiene enfurecido al presidente Petro, que ha tildado a estas proyecciones de muy duras, porque impiden que, en gran manera, se frene el alto gasto público con las cuales piensa arrancar su periodo de gobierno.
La preocupación de los mercados en esta parte, radica en que el presidente aplique la cláusula de escape, un mecanismo que trae la regla fiscal, para que, de forma excepcional, no se cumpla con ella en circunstancias especiales, tales como las que se dieron durante la pandemia del COVID-19; o que definitivamente, presente un proyecto de ley, modificando la normatividad de que reglamenta la regla fiscal, o implemente cualquier mecanismo excepcional para proferir decretos leyes, como ya la anunciado varias veces, habida cuenta que, durante sus cuatro años de gobierno, no contaría con las mayorías en el Comité Autónomo de la Regla Fiscal para implementar sus fuertes políticas de gasto público.
Como ya se ha anotado antes, este componente de la macroeconomía es sumamente importante, porque conjuntamente, con el nivel de endeudamiento de la nación, constituyen la sostenibilidad económica de un país y la certeza de que cualquier nación pueda cumplir con sus obligaciones crediticias.
Creemos con un déficit fiscal tan alto, como ya se ha anotado, y una deuda pública en iguales circunstancias (según Banrepública, a corte 30 de octubre 2022: externa de 332.50 y total de 821.10, en miles de millones de pesos), no sería hora de jugar a los dados con la suerte del país.
Ya se sienten los primeros efectos de esta incertidumbre de los mercados en donde los Bonos del Tesoro-TES comienzan a tener un regular balance, que aunque todavía es positivo, como bien lo ha afirmado el ministro de Hacienda. Entre agosto y septiembre se recibieron US$8.000 millones en el mercado de TES de Colombia, mientras que octubre salieron más de US$1.000 millones. Esta es una de las causas, según los expertos, que mantiene la tasa de cambio tan alta. Quizá, por ello, el Ministerio de Hacienda cerró la venta de TES por el presente año.
El segundo problema es el cambio en la productividad del país, que tiene dos componentes: el paso de una economía extractiva, basada en los hidrocarburos y la minería, a una economía productiva que crea valores agregados, disminuya el déficit en la balanza de pagos al aumentar las exportaciones, reduzca el desempleo y disminuya la carga del sistema pensional, al elevar la base de los aportantes al sistema.
Este quizá, ha sido el punto más controversial de las políticas del nuevo gobierno. Con argumentos contraevidentes, el presidente de la República ha menoscabado y desestimulado las políticas públicas petroleras del gobierno, haciendo más gravosa esta actividad e impidiendo que surjan negocios petroleros a largo plazo, por la premura con que quiere implementar la transición energética, para suplir este combustible por energías limpias.
El problema que surge con esta nueva política petrolera es que, el sector representa el 40% de las exportaciones del país y el 20% de la inversión extranjera, y no existe en el corto ni mediano plazo, una fuente económica sustitutiva y confiable de estos recursos. Por ello, los mercados prevén que, en el mismo lapso de tiempo anterior, Colombia incumpla con sus obligaciones crediticias y con la sostenibilidad fiscal del país, en general.
Las consecuencias más inmediatas de estas medidas se ven reflejadas en el precio del dólar, la fuerte caída de las acciones de Ecopetrol en la bolsa y una incipiente salida de TES, que pueden agravar mucho más la situación. Los mediatos, serían los más graves, y estarían representados en que los efectos de la reforma tributaria, obligue, no lo quiera Dios, a la inversión extranjera a abandonar el país.
El otro inconveniente que le ha surgido a esta política es que comienzan a salir los cálculos del costo anual que tendría para Colombia la transición energética hacia las energías limpias. Calculan algunos expertos, que estaría en el orden entre, el 8 y 11% del PIB. Este sería el dilema más grave que tendría la administración Petro. Si no se aprovechan los precios actuales del petróleo y se aumenta su productividad, ¿con qué recursos se financiaría esta transición?
Finalmente, abordaremos de manera simple, para no extendernos mucho, el último de los problemas macroeconómicos: la reforma laboral.
El Gobierno ha destapado sus cartas en materia pensional y ha presentado su reforma al sistema con fundamentos en los pilares. El sistema de pilares es la nueva ola a nivel mundial en todos los regímenes de pensiones desde que, el Banco Mundial (1994-2008), y luego por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE (2017), lo establecieran como metas para todos los países.
Sin duda alguna, todo sistema pensiones debe de tener tres pilares, el solidario, el contributivo y el privado o de ahorro voluntario, donde el pilar solidario beneficie a toda la población que llega a la vejez sin completar los requisitos para gozar de su pensión. El problema radica es en que el sistema de reparto ha hecho crisis en todas partes del mundo.
Cada día son menos las personas que contribuyen al sistema de pensiones, y más, las que llegan a la edad de jubilación. El mercado laboral cada día se reduce más, sobre todo en el sector servicios, donde la inteligencia artificial está desplazando a la mano de obra. Igual pasa en el sector industrial donde la automatización de los procesos ha dado cuenta con gran parte del recurso humano.
Esto implica la sensibilidad del régimen de pensiones en el país y sus 340 billones de pesos en ahorro y su impacto macroeconómico. Una equivocación en el manejo de estos recursos y nos vamos a una debacle como nación.
Pasar estos ingresos al presupuesto general de la nación, a través de Colpensiones, sería un riesgo de consecuencias incalculables, que desplomaría la confianza inversionista en el país.
La vía mas segura para garantizar el pilar solidario es la tributaria, así como nos inventamos el 2 por mil para salvar a los banqueros ricos, debemos crear una cuota de solidaridad que paguen algunos servicios que se prestan en Colombia como la telefonía celular, internet, televisión por cable y algunas empresas superpoderosas y los salarios y las pensiones altos, para pagar el medio salario a los 3 millones de colombianos que se encuentran desamparados sin ninguna prestación social.
Arriesgar la estabilidad macroeconómica de un país, aunque sea con los más nobles propósitos, es el peor de los errores que pueda cometer un gobierno.