Septiembre de 2021. Barranquilla. Un hecho insólito obligó la presencia de la Policía y de la Alcaldía. No se trataba del desalojo de una invasión o de la recuperación del espacio público. Para nada. Se trató de un funcionario que se encerró bajo llave en su oficina. (Lea: Luz verde para que Dau “organice la casa” tras aval del Concejo)
Ese ermitaño se llama Jaime Fontanilla Martínez, quien se negaba a entregar su cargo como curador urbano 1 de esa ciudad y resguardaba con candado los archivos de la entidad. La situación obligó a que una comisión de la Superintendencia, en cabeza de la Superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García, llegara acompañada por la Defensoría y las autoridades para convencer al testarudo.
En reemplazo de Fontanilla fue nombrado Guillermo Ávila Barragán, ganador de un concurso meritocrático con el mejor puntaje; no obstante, el hecho fue muy polémico porque ni con cerrajero pudieron sacarlo ni recuperar los archivos de la Curaduría, que son públicos, hasta después de cinco horas que los policías pudieron entrar por la fuerza.
La cita fue motivada por la renuencia de Fontanilla de hacer el empalme en los términos legales dispuestos, siempre contestando de forma grosera. Una situación similar se vive un año después, pero en Cartagena. Parece un espejo, pues solo bastaría con cambiar el nombre, matizar que acá no se ha llegado hasta ese punto, pero se evidencia que se presenta un empalme a “cuentagotas” en la Curaduría Urbana, también 1, pero de Cartagena.
Se destrabó para seguir trabado
El pasado 30 de septiembre, este medio publicó que luego de un año y cinco meses después de ser nombrados, se levantó la suspensión cautelar que impedía que los dos curadores urbanos de Cartagena se posesionaran. Tanto Leopoldo Villadiego (1) y Guillermo Mendoza (2) aprobaron el examen de conocimientos que realizó la Superintendencia de Notariado y Registro, y tras una entrevista protocolaria con el alcalde William Dau, debían posesionarse.
Sin embargo, esa posesión se suspendió debido a la medida cautelar ordenada por el juez Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena tras atender una demanda de nulidad simple que interpuso Edith Rosado, en la que Ronald Llamas, curador 1 saliente, fungía como cuadyuvante contra el proceso de selección, vinculando al Distrito de Cartagena, la Superintendencia de Notariado y Registro y a las dos personas que fueron elegidas.
Pero la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar no favoreció a Llamas y levantó la medida. Posteriormente, el alcalde Dau ordenó la posesión de Leopoldo Villadiego Coneo y Guillermo Mendoza Jiménez como curadores urbanos 1 y 2, respectivamente. Las posesiones se dieron a finales de septiembre ante la Dirección Administrativa de Talento Humano.
No obstante, Leopoldo Villadiego no ha podido comenzar su gestión en firme como si lo ha hecho Mendoza, pues a pesar de que Villadiego se posesionó desde el 30 de septiembre, no fue sino hasta el 25 de octubre que Llamas se dispuso a iniciar el empalme entre ambos, proceso que avanza a ritmo lento y aún no ha concluido.
Procesos varados
La lentitud en el proceso de empalme, a pesar de que no impide la prestación de los servicios en la Curaduría en torno a las nuevas solicitudes y tramites que quieran presentar los usuarios, sí afecta en gran manera a los trámites que se venían surtiendo antes de la posesión del nuevo curador. De este modo, el servicio público a cargo de Villadiego, relacionado con el otorgamiento de licencias urbanísticas previo cumplimiento de los requisitos de ley, se perjudica al no tener el libre acceso a los archivos de la entidad, pues aún se espera que muchos de estos documentos sean entregados por Llamas.
Sin embargo, Llamas aseguró a este medio, a través de su abogado Ruddy Deschamps, que el empalme comenzó desde el 25 de octubre con la entrega de varios expedientes y documentos, con la presencia virtual de un representante judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Según Villadiego, las motivaciones legales para la “renuencia” de Llamas, una forma de atornillarse al cargo y afectar el derecho fundamental al debido proceso, se relacionan con su negativa a aceptar la decisión del Tribunal de revocar la suspensión, aludiendo a malos términos y eventuales nulidades. Por ello, ha adelantado diversas acciones judiciales, incluso contra la Alcaldía de Cartagena.
Esos son los argumentos para ralentizar el proceso de empalme, pues considera que hubo mal proceder del Distrito y denunciando a múltiples funcionarios, desde Dau a su directora de Talento Humano, María Eugenia García Montes. También ha accionado contra la Superintendencia de Notariado y Registro, y contra el Departamento de la Función Pública.
Un empalme tortuoso
En la respuesta de Llamas a un requerimiento, al que este medio tuvo acceso, se lee su diatriba mencionando enemigos por doquier y un presunto entramado para sacarlo de su cargo. Aseguró que es falso que el empalme no se ha dado por su reticencia, sino que el manejo del archivo y de documentos públicos exige una revisión exhaustiva, cuidadosa y jurídica de su contenido, en aras de evitar eventuales anomalías.
“Uno de los mayores atrasos en la organización de las carpetas se debe precisamente al hallazgo de múltiples desatenciones en el manejo de documentos por parte de un exfuncionaria de la Curaduría 1. En estos momentos son revisados jurídicamente para informar a las autoridades competentes”, expuso Llamas.
Además, aseguró el jurista Deschamps, que la labor de organización de los expedientes ha sido dispendiosa por porque la página web de la Superintendencia de Notariado y Registro, donde tenían acceso a la información digital, les fue deshabilitada desde el 29 de septiembre.
Para Villadiego, la demora de casi un mes para iniciar el empalme, pese a ser una “omisión”, no ha sido un bache para la prestación de los servicios para la tranquilidad de los usuarios y el sector de la construcción en el Distrito, pues todas las nuevas solicitudes en torno a los servicios prestados por la Curaduría se están atendiendo.
“El meollo es cuando viene gente preguntando qué pasa con la demora de sus procesos anteriores o por archivos de la Curaduría que deben estar ahí, pero que aún no tenemos acceso, dificultando múltiples trámites”, concluyó el curador posesionado quien espera que la situación se destrabe.
Por su parte, Llamas afirmó que sí ha sido responsable de la entrega administrativa y desmiente cualquier información que asegure lo contrario. Actas hay de estas citas, pues El Universal tuvo acceso a ellas; pero quedan muchas preguntas sobre las dinámicas de falta de celeridad en un proceso que lleva más de un mes y ya muchos ciudadanos reclaman que finalice.
