Durante 4 años, la legislatura, que mañana 20 de julio finaliza, estuvo marcada por la necesidad de un rápido avance en temas de paz, una consulta popular anticorrupción, movilizaciones sociales que exigían una acción de Estado en contra de la corrupción y una actividad legislativa limitada por la pandemia del COVID-19.
(Lea: ¿Qué le espera al Congreso en el segundo semestre del 2022?)
Transparencia por Colombia, corporación de sociedad civil, realizó un completo balance de los avances del Congreso 2018-2022 usando herramientas de información pública. Se tuvieron en cuenta 8 temas prioritarios como lo son: medidas anticorrupción, sistema político, justicia, derechos humanos, participación, gestión pública, descentralización y género. Se realizó una búsqueda sobre los proyectos de ley que relacionaban estas temáticas y se hizo un análisis cuantitativo y cualitativo que permite hacer recomendaciones de fondo para el próximo Congreso.
De los 186 proyectos de ley analizados y que entraban en estas categorías temáticas, 140 fueron retirados o archivados, 2 fueron declarados inconstitucionales, 32 continúan en trámite y 12 se convirtieron en leyes de la República. De los 186 proyectos de ley, 58% se presentó como ley ordinaria, 28% como acto legislativo, 11% como estatutaria y 3% como orgánica. El 86,6% de los 186 los proyectos de ley fueron radicados por congresistas y 13,4% correspondieron a iniciativas gubernamentales.
El archivo del 75,3% de los proyectos de ley se debe en gran medida a las dificultades para generar consensos en el Congreso en los temas asociados a la lucha contra la corrupción, y a la falta de impulso de estos proyectos que se traduce en retrasos en el agendamiento de los debates, la designación y presentación de ponencias, entre otros.
Las nuevas 12 leyes
Las nuevas leyes contra la corrupción, en su mayoría, son de fortalecimiento a la gestión pública (6) y medidas anticorrupción (4). En materia de gestión pública se cuenta ahora con la Ley 1950 de 2019, que fue creada con el fin de fortalecer las capacidades de prevención e investigación del Estado con la adhesión a la OCDE; y la Ley 2013 de 2019 que exige la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés de altos servidores públicos. Este último tema está asociado a una de las preguntas de la consulta anticorrupción.
Bajo la temática de gestión pública están leyes como la Ley 2022 de 2020 sobre pliegos tipo según la cual la entidad Colombia Compra Eficiente debe crear modelos de contratos que incluyan características técnicas y buenas prácticas, y también se asocia con una pregunta de la consulta popular anticorrupción. Además, también está la Ley 2056 de 2020 que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías; y la Ley 2016 de 2020 sobre integridad de los servidores públicos.
En el ámbito anticorrupción se cuenta con el Acto Legislativo 04 del 2019, promotor del fortalecimiento de las capacidades de prevención e investigación con la reforma al régimen de control fiscal; la Ley 2014 de 2019, que regula las sanciones para los condenados por corrupción y delitos contra la administración pública, también relacionada con una pregunta de la consulta popular anticorrupción; y la Ley 2195 de 2022, que adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción desde diferentes frentes importantes, aunque de esta ley se eliminó el articulado correspondiente a protección de denunciantes.
Con relación a otros ámbitos se encuentra la Ley 2207 de 2022 que reestableció los tiempos de respuesta a los derechos de petición y favorece la garantía del derecho al acceso de la información pública, y en el ámbito de sector privado con la Ley 2181 de 2021, que establece normas para fortalecer el comercio exterior.
Lo que se espera
Desde Transparencia por Colombia invitaron al nuevo Congreso a seguir trabajando de manera decidida en la búsqueda de consensos para la lucha efectiva contra la corrupción desde un enfoque más amplio.
“Con relación a la forma y proceso es importante seguir cuidando el trámite de los proyectos de ley, pues dos importantes avances legislativos fueron declarados inconstitucionales en el periodo pasado (el de rendición de cuentas y transparencia de la gestión de los congresistas, concejales, diputados e integrantes de JAL, el nuevo código electoral colombiano), ambas por vicios de trámite con errores que se pudieron evitar. Se requiere hacer un mayor seguimiento a la reglamentación de las normas y un ejercicio que vincule de manera abierta y transparente a la ciudadanía”, expusieron desde TPC.
En la misma línea, proponen priorizar la reforma al financiamiento de las campañas políticas, la reforma al estatuto de la contratación pública (para limitar los regímenes especiales y unificar las inhabilidades para la contratación de personas naturales y jurídicas), la reforma a los mecanismos de transparencia presupuestal (gastos e ingresos públicos en diferentes niveles del gobierno), las reformas que promuevan a independencia de los poderes públicos y de los órganos de control, y la permanente necesidad de brindar una protección integral a los denunciantes de corrupción.
“Como resultado del Congreso anterior, Colombia cuenta con 12 nuevas leyes para la lucha contra la corrupción, pero si queremos una contribución más profunda desde el legislativo, debemos apuntar a reformas estructurales, muchas de las cuales están pendientes desde hace varios años”, señaló Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.
Y concluyó: “Las elecciones legislativas y presidenciales de este año estuvieron marcadas por discursos anticorrupción, esta es una oportunidad histórica para el nuevo Congreso de demostrar a la ciudadanía: cómo se pasa de la palabra a la acción”.
