Sicariatos, cierre de negocios y tocarle la puerta al prestamista gota a gota. Inseguridad, desarrollo económico y desempleo, son tres de las preocupaciones más importantes que sufren los colombianos. No obstante, uno de los temas que inquieta por igual en todos los estratos sociales, especialmente en los que se pagan tasas más altas para subsidiar a los sectores más necesitados, es el costo y la calidad del servicio de la energía.
“Los precios de estos servicios en Colombia están entre los más altos si se comparan con la mayoría de países del continente americano. Es cierto que no son los más altos del mundo, pero tampoco son los más bajos”, develó Diego Otero Prada, ingeniero electricista de la Universidad de los Andes.
La misma inquietud comparten un tendero, que depende de un refrigerador para que sus productos no se dañen, con un hogar donde se necesite refrescar a un recién nacido. Por consiguiente, muchos se preguntan si en el próximo gobierno de Gustavo Petro aumentará o disminuirá el costo de la luz.
Entre enero y julio de este año, el valor del kilovatio hora que Afinia, el operador de energía eléctrica en Bolívar, cobra a sus clientes residenciales en la región, se ha incrementado 111,29 pesos, pasando de $813,70 en enero a $924,99 en julio de este año, y se acerca rápidamente a los 1.000 pesos por kilovatio consumido, según el costo unitario (CU) que aparece en la factura.
Fuente: Afinia
Los altos costos para los hogares del Caribe colombiano se relacionan con el saneamiento del déficit por el incumplimiento de Electricaribe en mantenimiento e inversiones. Una herencia no pedida que causa que se pague la energía eléctrica más cara del país, pues los nuevos operadores deben suplir las pérdidas del sector.
Electricaribe, periodo de oscuridad
Según el informe de empalme entre el Ministerio de Minas y Energía y el equipo de Petro, durante más de una década los habitantes de la Región Caribe vivieron algunos de sus años mas complejos, por cuenta de las deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.
En 2016, la empresa Electrificadora del Caribe (Electricaribe) fue intervenida por las continuas falencias y se inició la búsqueda de un nuevo operador con el propósito de garantizar inversiones estimadas en $7 billones de pesos, durante los próximos 10 años.
El proceso culminó en marzo de 2020 con la adquisición de acciones por parte de Empresas Públicas de Medellín (Afinia) y el Consorcio Energía de la Costa (Air-e). La primera opera en Bolívar, César, Córdoba, Sucre y algunos municipios de Magdalena; y la segunda en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Los aumentos en los costos de la energía y ciertas interrupciones que han pervivido con los nuevos operadores en ciertos barrios y pueblos costeños, principalmente por obras de mantenimiento, hicieron que Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, los candidatos presidenciales más fuertes, tuvieran una propuesta en común: reducir las tarifas de la energía eléctrica en la Costa.
¿Qué propone Petro?
Uno de los legados de Iván Duque que el próximo presidente seguirá es la transición energética, materializada a través de diferentes políticas públicas y regulatorias que mejoraron los incentivos tributarios, incluidos en la Ley 1715 de 2014, para explorar nuevas tecnologías como el hidrógeno de cero y energías con bajas emisiones de dióxido de carbono.
“Colombia es un país que tiene una muy buena dotación de recursos energéticos: reservas de petróleo, gas natural, carbón, agua, energía solar, biomasa, geotermia e incluso uranio. Pero no somos competitivos en energía (es como si fuéramos importadores) y no usamos la ventaja que tenemos en energía para que los costos de producción sean más bajos y los hogares y el sector productivo se beneficien”, develó el ingeniero Otero.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) le propuso a Petro el fortalecimiento de sistemas de generación híbrida (paneles solares y plantas diésel) que garantizarán que los ciudadanos continúen con un servicio de energía a precios eficientes.
“Si Ecopetrol ayuda, con su poder aún financiero, a transitar hacia las energías limpias y lo mismo logramos de EPM y de EB, en Bogotá, tendríamos un músculo que nos permitiría acelerar completamente la posibilidad, sobre todo, de la energía solar en muchas regiones de Colombia. Entonces, este aumento de la capacidad de energía eléctrica instalada nos lleva a unas transformaciones: el precio de la energía eléctrica caería”, precisó Petro.
Además, según el presidente electo, la energía solar es más barata y gratuita. “Los pobres lo agradecerían, pues el sol no cobra. Se reduce el costo de energía en Colombia, de las más caras del mundo. Es decir, los familias podrán cocinar y bañarse con agua caliente, y movilizarse de manera más barata con energía solar que con el gas”, expuso.
Colombia tiene todo el potencial para ser un referente de energía solar. Según un estudio realizado por el Instituto de Hidrología, Metodología y Estudios Ambientales (Ideam) en convenio con la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), Colombia tiene un promedio diario de 4,5 kilovatios por metro cuadrado, mientras que el promedio mundial se encuentra alrededor de 3,9 KW. Las regiones con mayor incidencia solar son La Guajira y la Costa Atlántica.
No todo es color de rosa
Según expertos consultados por Colombiacheck, la propuesta de Petro tiene varios obstáculos que dificultarían su ejecución en el corto y mediano plazo. Oscar Narváez, gerente general de Sun Supply, empresa que diseña e instala sistemas de energía solar, explicó al medio: “La red eléctrica de la región no está preparada para un proyecto como este; tendría que ser más estable para enviar energía y recibirla. Actualmente existen problemas con enviar energía desde la central, si cada hogar empieza a hacerlo, el daño puede ser muy grande. Además, un cable sin calibre adecuado puede producir incendios.”
Y agregó: “Ahora bien, también se podrían emplear paneles solares que en vez de estar interconectados con la red eléctrica funcionen con baterías. El problema es que, en promedio, la vida útil de una batería es de 7 años y el costo de estas compone el 30% de la inversión inicial, lo cual no hace muy rentable comprarlas cada 7 años”.
Según ingenieros, antes de la instalación de un panel solar, hay una serie de estudios técnicos con costos que una familia pobre no puede costear. Además, la sal marina del viento en Cartagena puede corroer el metal de los paneles, y los que son resistentes al salitre son más caros. Y, por otro lado, está el limitante de la noche, debido a que los paneles comunes no producen energía en la oscuridad, y las baterías que almacenan energía son sinónimo de más gastos.
Para Narváez, una solución podría ser la creación de una red inteligente que permita un dialogo bidireccional, en donde es posible un intercambio de energía entre la empresa proveedora y los clientes, más específicamente una red inteligente basada en energía solar e hidroeléctricas. “Sin embargo, esto sería un proyecto muy a largo plazo y no algo que se pueda realizar en cuatro años, pues actualmente, según datos de la Cámara Colombiana de la Energía, menos del 3% de la energía de Colombia proviene de fuentes renovables no convencionales”, explicó Colombiacheck.
Un estudio hecho por especialistas de la Universidad Católica de Pereira calculó que la inversión inicial es mayor, osea, $ 34 millones, recuperables en 13 años, con una proyección de ahorro del 32,74 % en los pagos de facturas de energía, a 30 años.
Por ende, lo que se promete como una estrategia para cuidar el medioambiente, potenciar la capacidad energética del país y abaratar los costos de la energía en la Costa, carece de viabilidad. “Es imposible determinar con certeza cuánto le costaría al Estado, ya que se desconoce la cantidad de viviendas en la Costa Caribe que serían aptas para el proyecto. Instalar un sistema fotovoltaico (con los paneles solares y todo lo necesario incluido) interconectado a la red eléctrica en una casa sencilla, sin aire acondicionados, costaría aproximadamente 14 millones”, explicó Narváez.
Los costos de decirle No al Carbón
Otra de las propuestas de Petro para fortalecer el sector, y esto se vea reflejado en menores costos para los hogares, es reemplazar carbón por fuentes limpias. Sin embargo, el gremio de empresas generadoras de energía aseguró que se requieren $36 billones, lo que representaría un aumento, por ejemplo del 16 % en el estrato 4.
“No se evalúan beneficios y costos. El reemplazo equivaldría a 2,4 veces la reforma tributaria de 2021 (15,2 billones). Sin tener en cuenta las dificultades en la gestión social y de territorios que se debe considerar para la construcción de este tipo de proyectos, como lo ha mostrado la experiencia reciente en la costa norte del país”, afirmó el presidente de la Andeg, Alejandro Castañeda.
El cambio debe comenzar
Pese a los costos que muchas voces señalan, la transición, según expertos, es urgente. “Las tarifas de la energía eléctrica deben bajar, pues en este momento las industriales son exageradamente altas y las residenciales, también. Debe revisarse cómo se toman las decisiones de un pequeño grupo de tecnócratas y de empresas, que terminan afectando a industriales, agricultores, hogares, comerciantes y el sector público, quienes no tienen injerencia en esos espacios”, puntualizó Otero Prada.
Y añadió: “Aunque hay audiencias públicas y los documentos se someten a discusión, estas audiencias no tienen fuerza. En ellas participan las empresas del sector eléctrico pero no están los usuarios porque no están organizados y no tienen la formación y asesoría adecuadas para enfrentar a los reguladores y a las empresas. Las tarifas de energía eléctrica de Estados Unidos son de las más bajas de los países desarrollados porque hay un proceso de discusión abierta, democrática, participativa y de obligatorio cumplimiento”.
La ley 142 de 1994 establece que el presidente de Colombia es quien delega el control a las Comisiones de Regulación para que aprueben las tarifas de cobro que fijan las empresas. No obstante, la responsabilidad de gestión y control sigue siendo del mandatario.
Por lo tanto, el pasado 7 de junio, los alcaldes de las capitales del Caribe se reunieron en Barranquilla para buscar solución a las altas tarifas del servicio de energía. Su propuesta es que el presidente inyecte recursos del presupuesto nacional por el orden de los 8 billones de pesos para que el aumento, con el que los operadores buscan mejorar el servicio, no se facture a los usuarios.
En la misma línea, el representante a la Cámara del Atlántico, César Lorduy, propuso la creación de un fondo de estabilización con el que las tarifas se congelen durante dos años y la ciudadanía no asuma los costos de los malos manejos que tuvo el servicio durante décadas. “Las pérdidas eléctricas no son causadas por los usuarios y no las deben cobrar de forma exorbitante como lo están haciendo en estos momentos”, señaló.
