Una investigación fiscal, iniciada el pasado 10 de septiembre, dio pie a que la Contraloría Distrital de Cartagena embargara las cuentas personales del alcalde William Dau y de 42 de sus funcionarios y exservidores públicos de la Alcaldía. Esa decisión se dio ante una investigación por un presunto detrimento de más de $1.600 millones, que habría causado el pago de gastos de representación a los procesados por sus labores en la administración.
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Posterior a esa acción, el equipo jurídico del alcalde Dau solicitó a la Contraloría General de la República que le quitara funciones al ente de control distrital por “ineficiencia”, y que las competencias de control y vigilancia del respectivo proceso en su contra se hicieran desde Bogotá. La petición fue aceptada y la investigación fue asumida por la Gerencia en Bolívar del ente de control nacional.
En ese traslado se liberó del proceso a 40 sindicados; sin embargo, la entidad imputó culpa grave a Dau, a Martha Carvajal y a Adelfo Doria, como exjefes de Talento Humano operadores de la función nominadora, teniendo en cuenta que validan la nómina. Es decir, autorizaron pagos de esos gastos de representación a los demás procesados. Los tres imputados tuvieron, segun el ente, responsabilidad fiscal a título de culpa grave, al incurrir en un daño al patrimonio público por cerca 1.074 millones de pesos.
La audiencia
La nueva cita de este episodio entre William Dau y el ente de control fiscal comenzó a las diez de la mañana de hoy. A la audiencia virtual asistió el mandatario, Adelfo Doria, Diana Carolina Burgos Castillo, abogada de la Aseguradora Solidaria de Colombia, tercero civilmente responsable; y Andrés Felipe Figueroa Pérez, abogado de Martha Carvajal. Doria y Dau son defendidos en este proceso por el abogado Jorge Iván Acuña.
Ninguno de los imputados ni sus abogados encontraron causales de impedimentos contra los funcionarios de la Contraloría, responsables de moderar la audiencia. Por lo que se le dio la palabra a los procesados para que expresen si consideran que este proceso debe ser anulado.
El abogado de Martha Carvajal, Andrés Felipe Figueroa, solicitó la nulidad de este proceso fiscal por dos causales: haberse proferido las actuaciones sin competencias y por irregularidades que afectan el debido proceso. Lo que según su disertación motivó que el contralor general haya trasladado la investigación de la Contraloría Distrital a la Gerencia Departamental de la Contraloría General.
Así mismo, el jurista subrayó que una de las pautas de esa decisión del ente de control nacional fue declarar la nulidad de ese proceso de responsabilidad fiscal, por lo que apeló a que esa acción da sustento a su petición de que se sostenga la nulidad. “Incluso, la investigadora de responsabilidad fiscal (Patricia García, moderadora de la audiencia) al revocar las acciones en un primer momento, no podía seguir llevando el proceso por decaimiento del proceso. Perdió fuerza ejecutoria y dejó de existir ese proceso en el mundo jurídico, por lo que no tiene competencias para proferir decisiones”, precisó.
Y agregó: ¿Qué ocurre cuando se da esa inexistencia jurídica? Si desapareció el proceso de responsabilidad fiscal, también desaparecieron todas las acciones o ejecuciones posteriores. Si en el curso de la intervención desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho que dieron origen a la intervención funcional excepcional, mediante acto administrativo el contralor general debía retornar el expediente a la Contraloría Distrital, y ante ese decaimiento del acto administrativo este proceso actualmente no tiene competencias y todas las decisiones surtidas se han adelantado sin ellas. Por lo que este proceso es nulo”.
El abogado recalcó su postura de que la causal de nulidad que apela es insubsanable y que la responsable de llevar el proceso carece de las competencias legales. Además, enumeró los elementos que define como irregularidades o falencias en el debido proceso, por ejemplo, demostrar con certeza al daño patrimonial al Estado que habrían cometido los presuntos responsables, y una imputación genérica y no individualizada para cada sindicado. “El auto no cumplió varios requisitos sustanciales tipificados por la ley y entonces atenta el principio de legalidad, del que todos las entidades deben regirse”, argumentó Figueroa con relación a los elementos que darían pie a declararse la nulidad de este proceso.
El turno de William Dau
El alcalde de Cartagena expresó: “el mayor temor que tengo con este proceso es que lleguen a archivarlo sin tener la oportunidad de demostrar que los órganos de control constituyen la columna dorsal de la corrupción en Colombia. En el 2021, la Contraloría Distrital inicia este proceso que luego es tomado por la Contraloría General, quienes anulan todo lo hecho por el ente local ante la falta de pruebas del presunto daño patrimonial. Sin una sola prueba fehaciente en este proceso, siguen con la investigación, reviviendo lo que ya había sido anulado, para volverle a aplicarle al alcalde los embargos. La Contraloría me embolató la recuperación de los dineros que me han retenido”.
Y agregó: ¿Por qué pienso que esto es una persecución? Porque todo nació de un hallazgo en una auditoría de la Contraloría Distrital con el que actuaron con contundencia; muy diferente a cuando hallaron lo mismo al exalcalde Pedrito Pereira, pero al que solo le solicitaron que lo corrigiera. ¿Por qué no lo imputaron? Porque todos son amigos. Pereira, ese sinvergüenza ahora trabaja en la Contraloría General de la República”.
Por consiguiente, Dau subrayó que es una irregularidad abrir un proceso sin ninguna prueba contundente, lo que debe ser causal de nulidad del proceso. Por su parte, Adelfo Doria y Diana Carolina Burgos, abogada de la aseguradora, se adhirieron a lo expuesto por el jurista Figueroa con relación a las irregularidades que sustentarían la nulidad.
Revocatoria, petición del abogado de Dau
“Mi solicitud es la siguiente: la Contraloría mediante un auto ordenó abrir un proceso de responsabilidad e imputación fiscal a mi apoderado, además, se ordenó la búsqueda del daño patrimonial. ¿Qué ocurrió después? Se decretó el embargo del 25% de las asignaciones salariales de los imputados, lo que se configura como una violación a la ley, pues se establece que las medidas cautelares deberán hacerse efectivas antes de la notificación del auto de apertura a los presuntos responsables. Es decir, no podían decretarse después del auto de imputación fiscal, como se hizo”, indicó Jorge Iván Acuña.
Y recalcó: “Esto da pie a solicitar la revocatoria ante la falta del debido proceso y cómo debe hacerse un proceso como este. Aquí lo que se ordenó, cuando debía decretarse la medida cautelar, fue la búsqueda del daño patrimonial. La actuación (el embargo) fue indebida, extemporánea e ilegal, por lo que pedimos la revocatoria por incumplimiento legal y la devolución de los dineros ilegalmente retenidos”.
El despacho indicó que analizará las causales de nulidad expuestas y la solicitud de revocatoria del abogado Acuña, por lo que suspendió la audiencia y fechó la próxima audiencia para el 27 de abril por modalidad virtual. En esa sesión la Contraloría dará continuidad a los descargos y responderá las solicitudes de los imputados y sus abogados.
La confusión de Dau
El alcalde indicó al final de la audiencia que sigue confundido con este proceso, especialmente sobre qué va a suceder en la siguiente sesión. Patricia García le contestó: “En el caso de que no prosperen las nulidades, cada imputado rendirá sus versiones libres, que es el paso a seguir en el debido proceso. Este despacho les irá contando con la debida antelación los pasos a seguir”.