“80 mil desempleados en Cartagena se rebuscan con el mototaxismo. Sacar las motos de las principales vías de la ciudad no debe ser a la brava, cualquier medida debe ser a mediano y largo plazo. El pueblo no debe pagar los platos rotos de la crisis de Transcaribe”, tuiteó ayer Armando Córdoba, exsecretario de Participación de Cartagena y uno de los líderes de la campaña de William Dau a la Alcaldía. Que la tesis la haya proferido alguien que no es un reconocido detractor del mandatario dice mucho con relación a la falta de consenso alrededor del mototaxismo.
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Hoy, disturbios en las calles y vandalización de buses de Transcaribe se presentaron en diferentes partes de la ciudad durante la jornada de paro de los mototaxistas ante el decreto 0279 de 2022, expedido por la Alcaldía, que regula la movilidad de las motocicletas por Cartagena. La restricción de estas por la avenida Pedro de Heredia fue uno de los detonantes de las manifestaciones y actos de violencia.
Bloqueo con llantas y troncos en el mercado de Bazurto.
No obstante, los líderes del autodenominado Comité Antidecreto expresaron su repudio y rechazo al vandalismo y siguen insistiendo en el diálogo con el alcalde William Dau, en aras de un consenso en el que miles de personas, que tienen al mototaxismo como alternativa laboral y de subsistencia, puedan encontrar una vía regulada o una salida concertada de esta práctica.
Pero la Alcaldía de Cartagena no da su brazo a torcer y se mantendrá el decreto. “Se sigue haciendo un llamado a que las protestas retomen su sentido pacifico. El alcalde ha sido enfático en que se va a mantener el decreto con todas las medidas que se han estipulado”, indicó Paola Pianeta, secretaria del Interior (e).
William Dau agregó en cuanto al vandalismo que “a Cartagena no la van a coger de ruana, a Cartagena se le respeta”; sin embargo, desde muchos sectores critican una presunta autoridad desmedida sin dialogar con el gremio motorizado, quienes resaltan en sus consignas, a pie de llanta en llamas, que: “el alcalde nos engañó, nos prometió el cielo en campaña, ganó con nuestros votos y ahora nos persigue”.
El problema del mototaxismo es un tema que afecta a muchas ciudades de Colombia en torno a la movilidad, la inseguridad y el desorden social por la falta de regulación y de legalización de muchos conductores; pero, también es una salida al hambre, la pobreza y el desempleo.
Luis Trejos, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte explicó que: “El mototaxismo altera especialmente la movilidad, en la medida que es un medio de transporte informal, y esa informalidad hace que la prestación del servicio sea desorganizada, lo que termina afectando el tránsito en vías neurálgicas, especialmente en horas pico. Por otro lado, se configura como una forma de materializar el derecho al trabajo donde muchos hombres con edad productiva pueden vincularse de manera atípica al mercado, en la medida en la que los recursos que obtienen les permiten adquirir bienes y servicios”.
Reacciones políticas
La jornada de protestas ha provocado que muchos actores políticos expresen su postura. La senadora del Partido Conservador, Nadia Blel, expuso que: “La prioridad debe ser Cartagena. Me pongo a disposición e invito a todos los sectores públicos y privados a que integremos una mesa de diálogo y busquemos entre todos una solución a la situación actual de nuestra ciudad”.
Argumento similar que desde otra orilla tiene Armando Córdoba, quien dijo: “Toda solución a todo problema crónico en Cartagena debe abordarse mediante el diálogo, la ciudad tiene demasiados conflictos sociales, al alcalde y a los gremios de motociclistas los invitamos a que regresen al diálogo, las soluciones deben ser de mediano y largo plazo”.
El senador del Centro Democrático, Fernando Nicolás Araújo, acotó que siempre ha defendido al mototaxismo regulado, como medio de transporte económico y cómo fuente de subsistencia familiar. “Creo que se puede formalizar. Lo que uno ve hoy en Cartagena, no es la mayoría de mototaxistas, es el terrorismo urbano promovido por la coalición del caos”.
Otro de los que considera que antes de restricciones debe haber estrategias para solventar a quienes se quedarían sin sustento es el representante a la Cámara, Jorge Benedetti, quien recalca que no se puede aceptar el ataque, pero que antes de restringir el gremio, la Alcaldía debe trabajar en medidas económicas dirigidas a incentivar la llegada de inversionistas privados que den paso a la creación de empleos. “No se puede eliminar de golpe el sustento de miles de familias en una ciudad donde la mayoría no come tres veces al día”.
Y añadió: “Necesitamos mejorar la oferta del sistema de transporte público. El mototaxismo es también producto de los vacíos del SITM, Transcaribe. No solo porque no llega a muchas partes, sino porque es el más costoso de Colombia en la ciudad más empobrecida del país”.
El concejal Javier Julio Bejarano propuso como salida a la crisis que se construya una política pública concertada con todos los involucrados que permita a mediano y largo plazo crear oportunidades laborales para acabar con el mototaxismo. “Con oportunidades más que con decretos y prohibiciones. Siguiendo el modelo barranquillero, que aquí la Alcaldía Dau bloqueó diciendo que no había plata para eso y hoy estamos viendo las consecuencias”.
Una editorial de El Universal, de hace varios años, resaltó la firmeza del gobierno de turno en Barranquilla, que en su momento “preservó los derechos ciudadanos a los motociclistas legales, grandes perjudicados por las normas indiscriminadas contra el mototaxismo. Enfrentar el mototaxismo requiere gastar capital político. Aunque muy peligroso para los usuarios, es práctico para las víctimas de la falta de cobertura del transporte público, pero que la Alcaldía no le importara gastar capital político y financiero enfrentando el problema con alternativas, fue de mucho valor”.
Sin embargo, el docente Luis Trejos considera que es muy difícil que una autoridad local combata el mototaxismo si no hay otra fuente de trabajo que ofrecerle a ellos. “La represión de esa actividad ocasiona violencia por parte de las personas que están viendo coartada su posibilidad de subsistir. Lo que se espera más que represión es regulación de la actividad. Licencias de conducción, documentos y revisiones tecnomecánicas. Todo en orden. Y empezar a organizarlos en cooperativas de prestación del servicio de transporte con legalidad y restricciones zonales. Realmente acabarlos no es solución, se puede solucionar la movilidad, pero se agravarán problemas sociales y el desempleo”.
En redes sociales la gente está dividida entre los que defienden la postura del alcalde Dau de no doblegarse ante las presiones vandálicas y las vías de hecho de algunos miembros de una actividad ilegal; y los que invitan al diálogo entre los motociclistas que quieren reglamentar su práctica y el Distrito que busca organizar la ciudad.