La Procuraduría General de la Nación hizo diez recomendaciones a los funcionarios públicos para evitar malas prácticas de participación política electoral, que conllevan a multas y sanciones.
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Los servidores no deben utilizar su autoridad para fomentar una causa electoral, como por ejemplo acosar o presionar a sus subalternos para que apoyen alguna campaña, solicitándoles listas de votantes para conservar sus puestos.
Por otro lado, está prohibido usar elementos públicos, muebles e inmuebles, para el proselitismo. Ni mucho menos manejar la información de la entidad de manera parcializada a favor de un candidato.
Los funcionarios no pueden disponer de su tiempo laboral para gestionar actividades electorales, ni contribuir con el financiamiento de campañas.
El Ministerio Público recalcó la gravedad de difundir propaganda electoral a través de medios oficiales. Además, es punible influir en la intención de voto con clientelismo u obras.