En sentencia del pasado 14 de octubre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió absolver al exgobernador Joaco Berrío Villarreal, investigado por el delito de prevaricato por omisión. A este lo procesan por no entregar unos mercados que habían sido comprados por la administración anterior a la suya para atender a los damnificados de la ola invernal del 2007.
Berrío, quien llegó a la Gobernación de Bolívar en el 2008, nunca aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, asegurando que había irregularidades en las actas de los contratos. (Lea: “Me destituyen por no pagar falsas actas”, dice exgobernador Joaco Berrío)
De hecho, denunció a dos exfuncionarias que posteriormente fueron condenadas por ser las responsables de la falsedad en las actas de entrega de estos mercados, firmadas en 2007, antes de que Berrío se posesionara como gobernador de Bolívar. (Le puede interesar: Por mercados dañados, dos exfuncionarias irán a prisión)
Se trata de Betty Mercado, excoordinadora del programa de urgencia, emergencia y desastres de Bolívar; y Lunela Palis, exjefa de almacén de la Secretaría de Salud de Bolívar.
La Sala estableció que la Fiscalía no presentó ninguna evidencia que diera cuenta que la conducta de Berrío respondiera a “la deliberada intención de obviar el cumplimiento de atender a las víctimas de la ola invernal”.
“Contrario a ello, los testigos que acudieron al juicio fueron enfáticos en señalar que existió una revisión permanente del cumplimiento del objeto contractual, que hubo preocupación de Joaco Berrío por la posible defraudación que se estaba gestando y que ante todo procuró sanear estas inconsistencias”, dijo la Sala, que igualmente resaltó la falsedad de las actas de entrega que acreditaban que los mercados habían ingresado a la administración, cuando en realidad nunca lo hicieron.
De hecho, los mercados fueron llevados a unas bodegas particulares en el barrio Manzanillo, donde con el paso del tiempo se pudrieron.
“La realidad probatoria establece que aquel (Berrío) tuvo fundamentos reales que lo llevaron a actuar de la forma en que lo hizo, al punto que se puede concebir como plausible la comprensión ilícita que a su juicio entrañaba la entrega de los bienes a partir de unas actas que se han establecido fueron elaboradas falsamente, pues a partir de ese mismo acto devendría un pago cuyo origen estaría viciado”, manifestó la Corte.
Por último, anotaron: “Proceder a la entrega de elementos que formalmente no ingresaron a la administración, sería avalar o cohonestar las irregularidades que mediaron la entrega de los insumos”.
Contra esta decisión solo procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.