El alcalde William Dau Chamat y las cabezas de su equipo en la administración distrital dejaron de percibir sus primeros salarios luego de que la Contraloría Distrital ordenara que se embargaran las cuentas personales de estas personas tras una investigación por un presunto detrimento patrimonial.
Contando al alcalde, son 43 funcionarios y exfuncionarios de la administración los que están vinculados a la investigación, que nació de una auditoría de la Contraloría. El ente de control fiscal argumenta que el presunto detrimento lo habría causado el pago de gastos de representación a los procesados. Aunque al alcalde le corresponden estos gastos por ley, lo procesan por ser el ordenador de los pagos a sus funcionarios.
Sin embargo, la defensa del alcalde alega que no hay detrimento y que los pagos a los funcionarios no sobrepasan los montos que han sido establecidos desde el Gobierno nacional. Ven los embargos como un ataque político, teniendo en cuenta las confrontaciones que ha tenido el mandatario de los cartageneros con el contralor Distrital, Freddys Quintero.
Ante los embargos, el abogado del alcalde, Iván Acuña, ha tomado varias acciones para ejercer la defensa ante la Contraloría.
Como primera medida solicitó una audiencia a la Contraloría Distrital, que se hará el próximo 11 de octubre. En esta el contralor decidirá si acepta o no la petición de Acuña de desembargar las cuentas teniendo en cuenta su alegato sobre la inexistencia de un detrimento.
Así mismo, el jurista le solicitó a la Auditoría General que analice las acciones de la Contraloría Distrital en el proceso de los embargos y que sea garante, teniendo en cuenta sus funciones de vigilancia.
Además, este lunes el abogado Acuña presentó una petición al contralor General, Carlos Felipe Córdoba, también referente al caso de los 43 embargos. Lea aquí: La petición de la defensa del alcalde Dau al contralor general
El jurista señala en el oficio: “Respetado contralor General de la República, acude a su despacho Jorge Iván Acuña Arrieta en calidad de apoderado del doctor William Jorge Dau Chamat, alcalde del Distrito de Cartagena de Indias, para solicitarle de forma respetuosa que, con fundamento en lo establecido en el capítulo séptimo, artículo 22 y siguientes del Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, se ponga en marcha el ejercicio del control preferente como superior funcional sobre el proceso de responsabilidad fiscal 090-2021 que cursa en la Contraloría Distrital de Cartagena en razón a que existen serias dudas sobre la imparcialidad del contralor Distrital de Cartagena en ese asunto”.
En el escrito el defensor de Dau también argumenta: “Como se expone es un hecho grave la afectación al señor alcalde y demás funcionarios imputados dentro del proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría Distrital de Cartagena, desbordando sus funciones, pues por un lado, no le asiste competencia en razón a que no se vulneró lo establecido por el Gobierno nacional a través el Decreto 314 de 2020, es decir, la administración no cometió ninguna clase de detrimento patrimonial y nunca se sobrepasaron los límites de remuneración salarial establecidos por el Gobierno nacional, es decir, puede haber una actuación sin competencia vulnerando los principios de la función administrativa, entre ellos el debido proceso, confianza legítima y seguridad jurídica”.
Por ello, alegando que habría indicios de imparcialidad, el abogado Acuña le solicitó al contralor General que “se admita y ejerza la intervención funcional excepcional de la Contraloría General de la República dentro del proceso de responsabilidad fiscal 090 de 2021 adelantado por la Contraloría Distrital de Cartagena”.
Señala que, en caso de admitir la solicitud, la Contraloría General suspenda las acciones de vigilancia y control fiscal adelantadas por la Contraloría Distrital de Cartagena.
“Si el señor contralor General de la República lo considera, se ordene la práctica de visita fiscal a la Contraloría Distrital de Cartagena. Y con fundamento en las pruebas y hechos descritos, se soliciten los conceptos que sean necesarios a las dependencias de la Contraloría General de la República a fin de que se pronuncie sobre los supuestos gastos de representación y si estos sobrepasaron los límites salariales fijados por el Gobierno nacional”, concluye el defensor en el oficio. Ahora el contralor General deberá decidir si acoge o rechaza la petición.
