“Estamos en una guerra, las fuerzas del mal contra las fuerzas del bien. El contralor Distrital, Freddys Quintero, descaradamente me declaró la guerra y guerra será. Estamos bajo un ataque permanente de los huérfanos de poder que quieren recuperar lo que perdieron. Por un lado, quieren sacarme del poder, y por otro causarle daño a la administración para ellos recuperar la Alcaldía en dos años. Estamos bajo un ataque permanente y tenemos que pelear, y por eso no podemos confundir ser buena persona con ser pendejo, eso no va a pasar”.
Así comenzó el alcalde William Dau la rueda de prensa que ofreció este jueves en el Palacio de La Aduana para hablar sobre las medidas que se tomarán desde la administración luego que el contralor ordenara embargar la cuenta personal del mandatario y las de 42 funcionarios y exfuncionarios del Distrito.
Se trata de un medida cautelar que ordenó el ente de control en torno a un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto detrimento que habría causado el pago supuestamente irregular de gastos de representación a los procesados, por más de $1.600 millones. Lea aquí: Contralor Distrital rompe su silencio ante denuncias del alcalde Dau
Junto al alcalde Dau estuvo el abogado Iván Acuña, quien lo representará en este proceso que lleva la Contraloría Distrital.
El jurista señaló que existe un acuerdo del Concejo que data del 2011 y que durante diez años se había aplicado sin ninguna restricción, mediante el cual se adoptó la escala de remuneración para los funcionarios del Distrito.
Explicó que ese acuerdo se modificó y que esto fue aprobado por el Concejo en el 2020, indicando que quedó establecida la remuneración para los funcionarios y que “no se violaron los topes”, y que por lo tanto “no hay detrimento patrimonial”.
Dice que el contralor ha tomado acciones que no le corresponderían y que por ello presentarán tres acciones legales contra este.
Una de estas será una tutela que busca que se respete el derecho a la igualdad de los funcionarios afectados, teniendo en cuenta que tienen “derecho a recibir sus salarios por las labores que cumplen y en las condiciones establecidas por ley”.
Así mismo, presentarán una denuncia por prevaricato contra Quintana, alegando que se ha tomado atribuciones que no le corresponderían en este proceso fiscal.
Por último, pedirán que la Auditoría General de la Nación intervenga y analice las acciones tomadas desde la Contraloría Distrital contra la administración.
“Este proceso debe ser vigilado por la Auditoría, aquí no hay ningún hecho de corrupción. Vamos a tomar todas las medias y por eso le digo a los funcionarios que hacen parte de este proceso que no paguen esos dineros que está pidiendo la Contraloría”, concluyó el abogado del alcalde.