Para el exprocurador Fernando Carrillo, la crisis que afronta Colombia es la más profunda de la historia desde su independencia.
Pese a las mesas de diálogo, aún no se logran acuerdos entre el Gobierno y el Comité de Paro. Carrillo señala que estamos en un punto muerto de las negociaciones entre las partes, lo que mantiene a los colombianos en una gran incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar.
Por ello, el exprocurador general plantea una gran consulta popular, que recoja propuestas que nazcan de acuerdos entre los distintos sectores, para que la ciudadanía tenga la oportunidad de votar y decir si están de acuerdo con estas, y que pasen a ser políticas nacionales y no acuerdos que se diluyan con el tiempo.
“La consulta popular es un mecanismo democrático consagrado en la Constitución de 1991, que le permite al pueblo pronunciarse sobre temas de trascendencia nacional. No se trata de discutir un articulado de una ley, de una reforma legislativa, sino simplemente que el pueblo diga sí o no a los lineamientos de un gran tema de nivel nacional. Nosotros hemos creído que es muy importante que la ciudadanía participe en las reformas sociales en que participa Colombia en este momento”, explicó.
Dejó ver que está terminando de escribir un libro sobre la “séptima papeleta” y que ha asesorado el proceso constituyente chileno.
“Llegué a la conclusión —dijo— de que toda la ciudadanía colombiana, y no únicamente el Gobierno o el Comité de Paro, tenga la palabra sobre las reformas sociales que necesita Colombia. Nosotros no necesitamos una nueva constitución, necesitamos desarrollar la Constitución de 1991 en la parte social. Eso es lo que reclama la calle y por eso es tan importante que se oigan a todos esos jóvenes y universitarios que están reclamando reformas, muchos de los cuales han dicho que no se ven representados por el Gobierno o por el Comité de Paro. Pero es una convocatoria de unidad, de convergencia, no es una convocatoria de carácter político, porque tiene que ser liderada por la sociedad civil”.
Apunta que después de la pandemia el país quedó más fracturado políticamente y devastado desde el punto de vista social, teniendo en cuenta que crecieron problemáticas como la violencia contra las mujeres y la pobreza.
“El estallido social en el país se dio en noviembre del 2019, lamentablemente el Gobierno no le puso atención a ese estallido, que eran señales clarísimas. Durante la pandemia todos esos indicadores sociales aumentaron, y no solo los indicadores, sino la realidad de la gente en la calle. Hoy hay marginamiento, hambre y hay una gran preocupación del pueblo con relación a las reformas sociales que hay que hacer para combatir todos esos estragos sociales. Entonces digamos que los puntos a someter a consideración de los ciudadanos tienen que ver con esas reformas sociales que están por ejemplo en la mesa de negociación del Gobierno con el Comité de Paro. Hay unos puntos que están, otros están afuera y hay algunos en el Congreso; pero lo cierto es que la ciudadanía debe tomar una decisión sobre todos esos puntos y esto no puede ser únicamente producto de una negociación entre determinados sectores que tienen una representación. Pero es que resulta que la democracia se inventó las urnas precisamente para definir este tipo de políticas, porque esto es un asunto de políticas y reformas sociales que deben tener el beneficio de proyectar a Colombia hacia lo social”, señaló.
¿Por qué no se han logrado acuerdos entre el Gobierno y el Comité de Paro?, es la pregunta que se hacen muchos.
Carrillo cree que esto es producto de la polarización y el extremismo.
“La polarización puede ser normal en una democracia, porque siempre hay decisiones que se presentan desde el punto de vista ideológico con opiniones muy diversas, pero cuando además de polarización hay extremismo y odios en el lenguaje político y violencia verbal, que es lo que estamos viendo, pues se presentan estas situaciones donde parece que nadie es capaz de ponerse de acuerdo. Nosotros hace 30 años como estudiantes propusimos una reforma de este calibre, cuando Colombia estaba en el peor año de su historia, 1989, después de los asesinatos de tres candidatos presidenciales. Cuando todo el mundo decía que esa papeleta no iba a llevar a nada y creían que era imposible una convergencia, pues se logró en la constituyente el consenso más importante de toda la historia de Colombia, mucho más importante que el Frente Nacional, o intentos de diálogo de acuerdos entre partidos políticos tradicionales.
“Lo que estamos proponiendo es que esto tiene que ser una iniciativa de unidad y convergencia, porque los textos que se someterían a la ciudadanía tienen que ser textos que vengan de debates en donde las universidades están jugando un papel fundamental. Hoy hay muchas plataformas de diálogo, buscando esos acuerdos nacionales, esos contratos sociales nuevos. Están participando desde Cali, la capital de toda esa revolución social que se está haciendo en Colombia, pasando por el Pacífico, Bogotá, Bucaramanga y la Costa. Y creemos que de ahí van a salir propuestas muy serias de reforma social, porque eso es lo que exige el país y creemos que ahí se pueden lograr esos consensos. Y si se logran esos consensos, hay que someterlos a una consulta popular para que le dé la fuerza, el mandato político, para que el próximo gobierno y el Congreso estén con una línea clara y una hoja de ruta en materia social”, argumentó Carrillo.
Añadió que la consulta habría que hacerla antes de que termine el año, para no mezclarla con las elecciones parlamentarias ni con las presidenciales.
“No nos llamemos a engaños, aquí no se va a votar por nadie, esto no es propiedad de ningún candidato presidencial ni de ningún partido, es propiedad de la sociedad civil y se va a votar por unas ideas, por unas ideas de lo que deben ser las reformas sociales, en materia de renta básica, oportunidades para los jóvenes, reforma de la salud, reforma del sistema de protección social, reforma rural, de los derechos para las mujeres, toda la reforma social. He leído propuestas maravillosas que han salido, por ejemplo, de la Universidad Javeriana y de la Nacional; de la Minuto de Dios, que ha jugado un rol esencial en el diálogo con los jóvenes. La idea es someter esas preguntas a los ciudadanos para que digan sí o no, y hacer una jornada con todas las condiciones de bioseguridad. Podríamos estar a cinco meses de hacer la consulta, antes que entre el 2022 y comience esto a facturarse en función de candidaturas presidenciales y parlamentarias”, concluyó.