Control Visible alega que no haber organizado debidamente la zona de conurbación entre Cartagena y Turbaco le ha causado un detrimento patrimonial al Distrito.
Por ello esta veeduría ciudadana presentó denuncias ante la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación contra la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar, alegando que no han tomado las acciones necesarias para lograr ordenar este sector.
Así lo confirmó Neil Fortich, representante de la veeduría, dejando ver que las denuncias las presentó el 24 de mayo pasado.
“Radiqué una denuncia ante el despacho del contralor con el objetivo que se inicie un proceso de responsabilidad fiscal y se establezca un presunto detrimento patrimonial, toda vez que en la decisión del 12 de junio del 2003, proferida por el Consejo de Estado, se declaró la nulidad de la Ordenanza 9 del 6 de mayo de 1999, la cual pretendía modificar los límites entre Cartagena y Turbaco. De tal manera que lo primero que debo precisar es que los límites entre Cartagena y Turbaco están claros”, explicó Fortich.
Agregó que luego de que la sentencia quedara ejecutoriada, se han venido presentando presuntas irregularidades de carácter fiscal, administrativo y político, pues señala que varias empresas y barrios que deberían tributar para Cartagena, lo están haciendo para Turbaco.
“Muchas urbanizaciones y barrios pagan el impuesto predial en Turbaco. Así mismo, muchas empresas en jurisdicción de Cartagena, pagan el impuesto de industria y comercio en Turbaco, de manera que se ha generado un gran detrimento patrimonial que afecta enormemente las finanzas del Distrito de Cartagena. En El Rodeo, por ejemplo, cuando compraron era Cartagena y ahora es de Turbaco y tributan en Turbaco. Desde el punto de vista político, hay que decir que muchos ciudadanos que deberían ejercer su voto en Cartagena, lo hacen en Turbaco por la confusión o desorden que se ha generado por el desorden administrativo.
“Desde mi punto de vista, varios funcionarios de la Alcaldía y Gobernación, desconocieron el fallo, ignoraron la decisión del Consejo de Estado y hoy, después de 18 años, esas irregularidades persisten. De manera que ese incumplimiento al fallo, ese presunto detrimento y ese desorden administrativo, político y fiscal, es causal de mala conducta, toda vez que estos funcionarios por 18 años han incumplido con sus funciones. Por esta razón también le hemos solicitado a la procuradora General, Margarita Caballo, que inicie indagaciones disciplinarias para establecer si estamos ante omisiones por parte de funcionarios por establecer, que son causal de mala conducta y en consecuencia constituyan falta disciplinaria”, indicó Fortich.
Este considera que el Concejo Distrital también tendría una cuota de responsabilidad y que debieron hacer el control político para defender los intereses de los cartageneros.
“Cartagena no se puede dar el lujo con esta situación por la que atravesamos de dejar de recaudar unos dineros por concepto de predial e industria y comercio y que Turbaco los recaude. Eso es una irresponsabilidad. Como veeduría ponemos esta situación en el debate local. Hemos solicitado a la procuradora que ejerza su potestad disciplinaria y al contralor que investigue si este detrimento es cierto o no, y si lo es que imponga las medidas necesarias. Yo he hablado con personas de barrios que están en la zona de conurbación y todo es una incertidumbre, no saben sin son de Cartagena o Turbaco. Muchos no saben dónde pagar sus impuestos. Van 18 años desde que el Consejo de Estado fijó los límites y no se han tomado cartas en el asunto para ordenar la zona. Se busca que de una vez por todas se organicen estas irregularidades. Hay un problema de carácter fiscal, administrativo y político y tienen la obligación de superarlo. Y es que la ciudad ha crecido para esa zona de conurbación. Desde el cementerio de Turbaco para allá, han nacido muchos barrios”, concluyó Fortich.
