En medio de las marchas y bloqueos que se viven en el país, en donde desde sectores estudiantiles y sindicales protestas también por los altos salarios de congresistas y algunos servidores públicos, el congresista bolivarense Emeterio Montes radicó un proyecto de ley relacionado con esa situación.
El representante a la Cámara presentó una iniciativa “por medio de la cual se establece un tope transitorio al salario de los congresistas y se establecen otras disposiciones”.
Montes indicó que lo que se busca es que los salarios que ostentan quienes tienen altos cargos públicos desempeñados en la Rama Ejecutiva, el Congreso de la República, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la República no sean reajustados durante los diez años siguientes, salvo un incremento con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior. Así mismo, aclara que dicha regla exceptúa únicamente a los miembros de la Fuerza Pública.
La iniciativa de Montes, miembro del Partido Conservador, señala que el crecimiento anual de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, no podrá ser superior, en ninguno de los casos, a la meta de inflación esperada para cada año en el marco fiscal de mediano plazo, para las vigencias 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026.
El representante señaló que el proyecto de ley se presenta para ser discutido y aprobado en el Congreso de la República, consultando a la justicia sobre el bien común y el precedente constitucional que ha sido desarrollado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 del 2013, que dispone: “En el marco de un estado social de derecho, en virtud del principio de solidaridad, quienes están mejor en la sociedad son los llamados a colaborar con aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, situación de indefensión, desprotección o en estado de marginación”.
“En este caso, considera la Constitución que no es desproporcionado limitar a los servidores públicos con mejores salarios, el derecho a mantener el poder adquisitivo real de su salario, con el fin de librar y destinar recursos a cubrir las necesidades relativas al gasto público social. Así las cosas, el proyecto de ley resulta ser de vital importancia para todos los colombianos y para el relevo generacional, toda vez que esta medida permite garantizar la austeridad y sostenibilidad económica del Estado a través del tiempo”, explicó el representante del Partido Conservador.
Por último, aseguro que el proyecto responde de manera directa a las dinámicas actuales que vive el país, “debido a que con el ahorro esperado por la iniciativa congresional, se podrá priorizar el gasto público para atender a los diferentes sectores de la sociedad y de la economía que se han visto afectados por la pandemia generada por el COVID-19 y los bloqueos que han sacudido a las diferentes vías del país”.