Como un golpe a la descentralización ven desde Cartagena una de las disposiciones de la reciente Ley 2082 del 21 de febrero del 2021, que trajo cambios respecto al manejo de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local.
Así lo señaló Bernardo Romero, líder y uno de los precursores del movimiento comunal en Cartagena, quien explicó que esta ley corta de tajo las funciones de los alcaldes locales de ser ordenadores del gasto y que ahora serán los alcaldes mayores los encargados de disponer de esos recursos.
Explicó que por medio de esta “se crea la categoría municipal de ciudades capitales y se adoptan mecanismos tendientes a la descentralización administrativa y se dictan otras disposiciones”.
“Llama la atención algo, y es que dicen que la ley es para fortalecer la descentralización, pero encontramos en el artículo 15, que modifica el artículo 61 de la Ley 1617 del 2013, por el cual se expide el régimen para distritos especiales. Esta ley dice que el artículo 61 de la Ley 1617 del 2013, quedará de la siguiente manera: en cada una de las localidades habrá un Fondo de Desarrollo Local que tendrá un patrimonio autónomo, personería jurídica, cuyo ordenador del gasto será el alcalde distrital. Aquí está el cambio que va en contra de la descentralización”, señaló.
Este también dice que la misma ley establece que los alcaldes mayores tendrán la opción de delegar estas funciones a los alcaldes locales, si así lo desean.
“Podrán delegar esas funciones al alcalde local, pero ya queda a voluntad del alcalde mayor, y sabemos que en nuestro país se mueven otros intereses”, dijo Romero.
Agrega que esta es una ley orgánica con reglamentación especial. “Cómo pasó esta ley y la gente no se dio cuenta. Esta ley afecta el desarrollo de los territorios del país. Afecta un proceso por el cual hemos luchado en Cartagena y en Colombia los verdaderos líderes comunitarios que fuimos los que en Cartagena promovimos la creación de las Juntas Administradores Locales en 1986, y también propusimos en ese mismo año la creación de un Fondo de Desarrollo Local, y que así el alcalde local tuviera autonomía. Fue una lucha que hicimos una serie de líderes de Cartagena, que entendimos que el proceso debía ser efectivo para darle solución a los problema focales de la comunidad”, expresó Romero.
A la situación también se refirió Pedrito Pereira, exalcalde (e) de Cartagena, quien de hecho fue ponente de la Ley 1617 del 2013, la cual fue modificada por la reciente ley aprobada por el presidente Iván Duque.
“Me parece un retroceso frente a la descentralización y la autonomía de los territorios. Creo que la democracia primaría, que los ediles deben defender los avances que se han obtenido en los últimos años, como en lo consagrado en la Ley 1617, en la cual fui ponente de algunos artículos, fortaleciendo las localidades en los territorios. He escuchado de distintos sectores sobre el nivel de ejecución del presupuesto del nivel central y sería bueno analizar la posibilidad de que ahora también tengan la responsabilidad de las localidades”, dijo Pereira.
Precisamente, Damián Hernández, edil de la Localidad 1, rechazó la nueva ley y cree que habría intereses detrás de esto.
“Es una ley de bolsillo, emanada del partido Cambio Radical. Parece hecha para favorecer los intereses del clan que ostenta el poder en Barranquilla. Es posible que pretendan tener el manejo de las decisiones de todos los municipios aledaños y extender su idea de zonas metropolitanas, sumado a cercenar la descentralizacion administrativa, que es mandato constitucional y de la Ley 1617 de 2013. Es que en Barranquilla cuentan con un presupuesto anual de 3,6 billones de pesos, de los cuales el 10% debe ser manejado por las cinco alcaldías locales. Hablamos de una norma que le da el manejo al alcalde de Barranquilla de 360 mil millones de pesos más. Esas podrían ser las razones de fondo”, dijo el edil.
Este dijo que ya muchos cuerpos edilicios del país se preparan con acciones populares de constitucionalidad, “para ponerle un freno a esa norma tan dañina para la organización político administrativa de las ciudades”.
Aunque critica que le hayan quitado funciones a los alcaldes locales, Romero cree que lo que ocurrió es un castigo.
“Desafortunadamente, se desvió el objetivo de las Juntas Administradoras y de los alcaldes locales. Quizás esto es un castigo a esa falta de ordenamiento. ¿Por qué?, pues porque cada partida del fondo debería ser para dar solución a necesidades insatisfechas de la comunidad, y no como lo denuncia Funcicar y otras entidades, que se invierte en cuestiones que no son prioritarias. Se debe aprovechar para que la escogencia de alcaldes locales se reglamente y que sea más por méritos que por asuntos políticos. Esto aseguraría que se inviertan bien los recursos y que se puedan asignar debidamente las partidas para la comunidad, y no lo que ha venido pasando en estos últimos años, cuando vemos que se hicieron capacitaciones con estadías en Barú y otra islas, cuando ese no debe ser el objeto de la contratación para los fondos”, dijo.
