A las 8 de la mañana de ayer el alcalde William Dau Chamatt se enfrentó a su primera audiencia ante la Procuraduría, por referirse a los directivos de la Universidad de Cartagena como “nido de ratas”, “corruptos” y “malandrines”.
De acuerdo con el Ministerio Público, el mandatario estaría violando el numeral 6 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, donde se establece que “son deberes de todo servidor público tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que se tenga relación por razón del servicio”.
La diligencia, que no alcanzó a pasar las dos horas, tuvo que ser suspendida luego de una recusación presentada por el apoderado del alcalde, el abogado Gustavo Quintero Navas, aduciendo que podría existir un conflicto de intereses por parte de la procuradora, hecho que fue negado por la funcionaria.
Según afirmó el abogado, en el proceso se ha violado la presunción de inocencia del alcalde, pues el procurador General, Fernando Carrillo, ha hablado sobre el caso ante los medios de comunicación, “en un acto de desigualdad de armas”. Las declaraciones a las que hizo referencia son las entregadas por Carrillo en medio de una rueda de prensa en Cartagena el pasado 27 de noviembre, donde afirmó que espera dejar decisiones en el caso antes de terminar su periodo.
“No podemos dejar que esté anunciando que antes de irse van a concluirse las investigaciones, ¿cuál es el afán?, ¿dónde está la serenidad? La defensa no entiende la premura de un caso como este”, afirmó Quintero Navas.
Añadió que la actitud del jefe del Ministerio Público es más política que administrativa y que hay dudas si “en cuanto al deber ser de la transparencia, la señora procuradora está de acuerdo o no con lo que ha afirmado su jefe (Carrillo)”.
Para este último señalamiento el apoderado del mandatario trajo a colación el fallo de la Corte Interamericana de Derechos en el caso Petro, donde se advierte que “la concentración de las facultades administrativas y sancionatorias en una misma entidad no es en sí misma incompatible, siempre que dichas atribuciones recaigan en distintas instancias o dependencias de la entidad, de tal manera que los funcionarios que resuelven el caso sean diferentes a quienes hayan formulado la acusación y no estén subordinados a estos últimos”.
“Le planeamos la recusación, señora procuradora, por el numeral primero del artículo 86, en el sentido en que usted considere si tiene un interés directo, teniendo en cuenta que es funcionaria de libre remoción nombrada por el señor procurador (...) Nosotros necesitamos tener confianza en el juzgador y en que haya plena transparencia en este proceso, porque estamos juzgando a la primera autoridad de la ciudad, elegida popularmente”.
Conforme al planteamiento, y tras suspender la audiencia durante 40 minutos, la procuradora Morales rechazó la recusación y envió el expediente a la Sala Disciplinaria para que estudie la decisión.
“Este despacho no encuentra que ocurra la causal señalada por el apoderado, teniendo en cuenta que las causales de recusación son taxativas (...) Se remitirá el expediente a la Sala Disciplinaria para lo pertinente de acuerdo a lo reglado en el artículo 87, que establece el procedimiento en caso de impedimento o recusación”.
En cuanto a la recusación contra el procurador Carrillo, la delegada sostuvo que remitirá lo pertinente a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios. (Lea aquí: Procuradora rechaza recusación y suspende audiencia del caso UdeC)
Tras rechazar el recurso de la defensa de Dau, la procuradora anunció que en un plazo máximo de tres días la Sala Disciplinaria deberá pronunciarse frente al trámite de recusación surtido.
Por su parte, la defensa de Dau expuso que luego de esto, el plan de trabajo contempla la solicitud de nulidades, después un archivo del proceso y si el despacho lo considera conveniente haría los descargos.
“No hay duda de que este proceso se inició para tomar una decisión de sanción, no hay la menor duda y ese es el gran desafío al que usted se enfrenta, señora procuradora. Le hago un llamado de valentía y de coraje para que usted se independice, si se mantiene en el caso, de tomar una decisión independiente”, puntualizó Quintero Navas.
Aunque el alcalde habló muy poco en la audiencia, durante su versión libre afirmó que “los organismos de control forman parte de la misma manguala que tiene a Cartagena y Colombia sumida en la corrupción”.
“En Colombia al delincuente no se le puede decir delincuente, criminal o corrupto si no ha sido sancionado por un juez o un organismo, pero lastimosamente ellos no cumplen con su deber. Todo el mundo en Cartagena sabe el altísimo grado de corrupción que rodea la ejecución del presupuesto de la Universidad de Cartagena. Si la Procuraduría hubiera resuelto los cientos de casos que tienen pendientes hace muchos años, no existiría el grado de corrupción que existe en la Universidad de Cartagena”.