Por posesionarse y actuar como alcalde de Cartagena pese a estar inhabilitado, la Procuraduría General de la Nación confirmó este viernes en segunda instancia la suspensión por siete meses a Antonio Quinto Guerra Varela, elegido durante las elecciones atípicas del 6 de mayo de 2018.
Teniendo en cuenta que hoy Guerra Varela no es servidor público, la sanción se hace equivalente al pago de una multa de siete salarios mensuales devengado al momento de cometerse la falta.
Las razones
El Ministerio Público sostuvo que Quinto, dentro del año anterior a su elección, firmó el otrosí del contrato 329 del 26 de enero de 2017, suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el objeto de estructurar estrategias y programas, y brindar asesoraría sobre agua potable y saneamiento básico, en el que tuvo injerencia directa el departamento de Bolívar y Cartagena.
La Procuraduría indicó que con este comportamiento el exfuncionario transgredió el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que dispone que no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital “quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido (...) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio (...)”.
A juicio de la Procuraduría, al exalcalde de Cartagena le “era exigible que acudiera a un organismo oficial que le suministrara información objetiva y veraz acerca de las implicaciones jurídicas de su caso particular, toda vez que era conocedor de su condición de contratista en una época anterior a inscribirse como candidato”.
El ente de control calificó la conducta de Quinto como gravísima a título de culpa grave.
Es de recordar que Antonio Quinto Guerra participó junto a otros cuatro candidatos en las elecciones atípicas del pasado 6 de mayo de 2018, donde obtuvo el primer lugar con 72.111 votos.
No obstante, menos de 20 días después fue suspendido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, tras una demanda de nulidad de la elección interpuesta por Germán Calderón España, procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, al argumentar que este se encontraba incurso en una causal de inhabilidad.