Un nuevo embrollo judicial está en proceso ante la denuncia hecha por el alcalde William Dau Chamatt contra el exfuncionario Nayid Tapia Lian y contra la exsecretaria General del Distrito, Martha Seidel.
La denuncia la hizo el alcalde en torno al llamado “libro blanco”. El mandatario se refirió a un presunto acuerdo transaccional de cuentas definitivas hecho en 2019 por la entonces secretaria General del Distrito a nombre de la Alcaldía, con Aguas de Cartagena (Acuacar).
Dau dejó ver que mediante este acuerdo se autorizaba a Acuacar a reclamar unos $25 mil millones como producto de una indemnización por el hundimiento de varios tubos en el mar en el 2010, mientras se construía el Emisario Submarino.
Sin embargo, Dau alega que esos recursos le pertenecen al Distrito y que así lo ordenó un tribunal de arbitramento tras un laudo en virtud de esa calamidad.
“El alcalde sustentó en el en vivo -en el que hizo la denuncia- que para hacer dicho acuerdo de transacción se tuvo como respaldo el oficio AMC-OFI-0153966-2019 del 4 de diciembre de 2019, en el cual Nayib Tapia Lian, secretario Técnico del Comité de Conciliaciones del Distrito para ese entonces, indicó que el comité dio viabilidad para que la entonces secretaria General firmara la transacción”, señaló el Distrito.
La Alcaldía señaló que el oficio dice “que luego de analizar el caso de la referencia, el Comité de Conciliación en sesión del 27 de noviembre de 2019 decidió lo siguiente: los miembros del Comité de conciliación del Distrito con voz y voto deciden dar viabilidad para transar en el presente asunto en lo que respecta a la devolución de los valores consignados por Halcrow Group Limited (...) en virtud de del laudo arbitral 2018 (...) el Comité de conciliación autoriza a la secretaria General del Distrito de Cartagena para firmar la presente transacción en los términos antes descritos”.
Sin embargo, la Alcaldía señala que el acta de la sesión celebrada por el comité en donde se discutió este tema dice otra cosa.
“En el acta reposa que: los miembros del Comité de Conciliaciones con voz y voto deciden que como quiera que el asunto planteado no constituye más que una solicitud pendiente de resolver desde septiembre del 2018, y no existiendo un conflicto como tal entre las partes, la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría General deben comunicar el estado de la obligación y dar instrucciones correspondientes para que se dé curso a la solicitud planteada por Acuacar, o en su defecto se abstenga el Distrito en forma definitiva de hacer tal transferencia requerida por esa entidad’, es decir, en ningún momento el comité aprobó dicha transacción, como lo afirmó Tapia Lian en el oficio del 4 de diciembre”, indicó el Distrito.
Así mismo, el Distrito señaló que “es importante resaltar que las afirmaciones hechas por el alcalde William Dau están sustentadas en documentos que reposan en los archivos de la administración a través del Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad Democrática (Sigob), el cual permite hacer una trazabilidad de estos”.
Tras las denuncias, Tapia Lian presentó una tutela para que el Distrito le entregara información al respecto, en especial el documento firmado en el que presuntamente indicaba que el Comité Técnico de Conciliaciones aprobaba el acuerdo de transacción.
La Oficina Asesora Jurídica del Distrito indicó que esas solicitudes fueron respondidas y que le anexaron los documentos, señalando que es falso que los documentos no aparecen, como se ha dicho en algunos portales web.
Sin embargo, Tapia Lian considera que el Distrito no le entregó el documento que, según la denuncia del alcalde, este habría firmado y en el que se indica que el Comité de Conciliaciones avaló la transacción.
Por ello, presentó un incidente de desataco de tutela ante el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas. Sin embargo, el Distrito impugnó este recurso.
“Ante la tutela, el Distrito me respondió lo siguiente: ‘Con respecto al oficio AMC-OFI-0153966-2019, al cual se ha hecho referencia, fue tramitado el día 4 de diciembre 2019, dirigido a Martha Seidel Peralta, con remitente Nayid Tapia, y desde el usuario de quien para la fecha fungía como secretario Técnico Comité de Conciliaciones Distrital, quedando dicho documento en estado de ‘tramitada a confirmar’. Dicha información es extraída de manera precisa, gracias al estudio de trazabilidad que permite realizar el Sigob, el cual asigna usuarios con clave personal, constituyéndose en una firma digital de alta seguridad para el trámite interno y externo de documentación’”, indicó Tapia.
Este asegura que el documento no tiene firma y que eso que indica el Distrito tampoco puede tomarse como tal.
“En la respuesta que ellos me dieron, hablan de que revisado el Sigob se puede observar que el documento está en ‘tramitada a confirmar’ y luego dicen que esto se entiende como una firma digital. Pero no estoy solicitando eso, estoy solicitando el documento firmado. Eso no es firma digital, y lo que eso significa es cuando un documento está en el Sigob a la espera de firmarse. Como un borrador”, dijo Tapia.
Sin embargo, una fuente de Distrito señaló que hay que tener en cuenta también que Martha Seidel realizó el acuerdo y que para ello era estrictamente necesario la aprobación del Comité de Conciliaciones del Distrito, y que sería esa aprobación la que presuntamente habría dado Tapia, aunque este alega que eso es falso.