A las denuncias del senador Roy Barreras y del colectivo Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de la comunidad LGBT, ahora se suma la queja que interpuso el defensor del Pueblo en Bolívar, Horacio Vélez Cabrales, contra el juez que se negó a casar a dos mujeres en Cartagena, alegando que sus creencias religiosas se lo impiden.
Por ello, en una misiva al Consejo Superior de la Judicatura Seccional Bolívar, Vélez Cabrales indica que la decisión del juez es “abiertamente contraria a lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional en la sentencia SU-214 de 2016, la cual tiene carácter vinculante para todas las autoridades judiciales, para los notarios y registradores del país, al tratarse de una sentencia de unificación que además constituye un hito en la protección y materialización de los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas (OSIGD), como población históricamente excluida y discriminada dentro de la sociedad colombiana”.
El funcionario señaló que desde la Defensoría del Pueblo observan con preocupación la decisión proferida juez Décimo Civil Municipal de Cartagena y las consideraciones señaladas en la providencia que emitió, “las cuales no solamente desconocen el precedente constitucional anotado, sino que, además, tiene argumentos abiertamente contrarios a los valores, principios y derechos constitucionales emanados de la Carta Política del 91; inobservan los instrumentos de protección del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y transgreden explícitamente el principio de no discriminación por motivos de sexo u orientación sexual, al aplicar un trato diferenciado y obstaculizar el ejercicio de sus derechos a la pareja de mujeres lesbianas que solicitaron la realización del matrimonio civil por vía judicial”.
El defensor del Pueblo en Bolívar agregó que es pertinente reiterar que el artículo 230 constitucional establece el deber de los jueces y juezas a proferir sus providencias bajo el imperio de la ley, “por lo cual el derecho de objeción de conciencia, de acuerdo a lo interpretado por la honorable Corte Constitucional, tal prerrogativa no puede alegarse por parte de funcionarios (as) judiciales en ejercicio de sus funciones, pues ello conllevaría a una denegación injustificada de justicia a las personas y la violación de derechos fundamentales”.
Por todos estos motivos, Vélez Cabrales solicitó al Consejo Superior de la Judicatura en Bolívar que abra las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar contra el juez Décimo Civil Municipal de Cartagena.
También le solicitó informar las acciones realizadas para la promoción y divulgación del fallo SU-214 de 2016 a los jueces y juezas del departamento de Bolívar, de acuerdo a lo ordenado en esa providencia.
Hay que recordar que este jueves también se conoció que el Consejo Superior de la Judicatura envió un oficio a su seccional en Bolívar. (Lea: Consejo Superior de la Judicatura ordena investigar a juez en Cartagena)
La presidenta de esta corporación a nivel nacional, Diana Alexandra Remolina Botía, envió un oficio al presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Bolívar (de ese mismo órgano), Orlando Díaz Atehortúa, en donde le hace la remisión por competencia de este caso, para que se investigue la acción del juez en Cartagena.