Los líos judiciales se han convertido en parte de la agenda del Concejo de Cartagena. No ha pasado una semana desde que la Procuraduría inició una investigación contra 8 concejales por supuestas irregularidades en la elección del contralor Héctor Consuegra y ahora El Universal conoció que la Fiscalía solicitó cárcel para el exconcejal Américo Mendoza Quessep y el concejal Cesar Pión González. (Lea aquí: Indagación contra concejales que votaron por contralor electo)
Se supo que el ente acusador solicitó la condena en establecimiento carcelario en contra de estos dos, porque, presuntamente, en el 2012 ordenaron irregularmente el reajuste de honorarios de sus colegas.
La petición se hizo en el marco de los alegatos de conclusión del juicio que se adelanta ante un juez de Cartagena. Es de resaltar que en el 2015, la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por acción en contra de Mendoza y Pión.
La audiencia de lectura de fallo será el 15 de septiembre.
Las pruebas
Según recoge el material probatorio recaudado en la investigación, en el 2012 Pión González fungía como presidente y Mendoza Quessep como vicepresidente del Concejo de Cartagena. Se señala que por esto, al parecer, tenían la potestad para estudiar la solicitud de pagar los honorarios que se adeudaban a concejales y exconcejales por años anteriores.
Sin embargo, y según se dio a conocer durante las audiencias, los dos concejales habrían emitido 35 resoluciones, una por cada cabildante, reconociendo salarios, prestaciones y otros derechos devengados, a pesar de que en el presupuesto del 2012 no tuviese una asignación específica para ello.
El total de la deuda ascendía a $7.609.425.280, la cual no se ha cancelado aún.
Además, según las indagaciones de la Fiscalía Seccional, al parecer, los investigados solicitaron, en dos oportunidades, citas con el alcalde electo de la época para conseguir su apoyo, pero este se habría negado porque el presupuesto ya estaba asignado para otras obligaciones distritales.
Sin embargo, a través de la resolución del 4 de junio del 2012, se ordenó el pago de lo adeudado a las 35 personas, sin contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).