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Política

Enredan a 6 concejales en otra elección de contralor

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra seis concejales por el nuevo proceso que se surtió el año pasado para elegir contralor(a) que un juez suspendió.

Enredan a 6 concejales en otra elección de contralor

Sede del Concejo de Cartagena. Seis miembros de esta corporación deberán desvirtuar los argumentos de la Procuraduría.

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Un auto de apertura de investigación disciplinaria, por parte de la Procuraduría Regional de Bolívar contra un grupo de concejales, fue conocido por El Universal, por presuntas irregularidades en el proceso de convocatoria para la elección de contralor(a) Distrital de Cartagena para el periodo 2018 a 2019, relacionadas con presuntas omisiones en dicho proceso.

La investigación va dirigida contra el concejal Wilson Toncel Ochoa, expresidente del Concejo; Vicente Blel, exconcejal, y los concejales David Caballero Rodríguez, Rafael Meza Pérez, César Pión González y Rodrigo Reyes.

El Ministerio Público habla en el auto de supuestas irregularidades en el trámite de impedimentos y posesiones de la mesa directiva de la corporación, que intervino en el proceso.

Se trata del proceso de elección de contralor(a) que el pasado 3 de agosto fue suspendido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, que admitió demanda con relación al concurso para elegir a este funcionario, y decretó como medida cautelar la suspensión de la convocatoria en la que participaban 13 aspirantes, de la cual sería escogido el nuevo contralor o contralora ese mismo día.

La queja fue interpuesta por la ciudadana Yurley Sossa Barrios, quien le narra a la Procuraduría que presuntamente “hubo parcialidad de uno de los asesores con dos aspirantes: Carolina Lozano y Guillermo Sánchez, el día de la prueba de conocimientos”.

Dentro de las posibles irregularidades en el desarrollo del proceso de elección, Sossa Barrios cita varias como: “La participación del jefe de Control Interno en procedimientos administrativos, refrendando la verificación de hojas de vida, lo que es violatorio según el Artículo 12 de la Ley 83 de 1993 (que establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado)”.

Asimismo Sossa denuncia que un acta de posesión de un concejal no fue suscrita, es decir, aceptando el cargo.

También plantea que “no hubo conformación de una mesa directiva” y que las resoluciones no podían ser firmadas solo por el presidente. El auto hace mención del impedimento presentado por el concejal Javier Curi, como miembro de esa mesa directiva. La denunciante habla además de que el concurso “habría limitado la participación ciudadana”.

Por todo lo anterior, el organismo de control abrió la investigación y ordenó la práctica de pruebas.

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