Tras la decisión de la juez Tercera Penal de Control de Garantías, Julis Ponce, de dejar con medida de aseguramiento a cuatro concejales y otorgar la libertad solo a una concejal, bajo el argumento de vencimiento de términos, se abrió en la ciudad una polémica sobre si deben o no permanecer detenidos estos servidores.
Son los concejales Américo Mendoza, William Pérez, Antonio Salim Guerra y Erich Piña, quienes permanecerán bajo la medida de casa por cárcel cuando ya completan 195 días sin poder salir de sus residencias, en un proceso que va para largo. En el caso de la concejal Angélica Hodeg, la juez ordenó la libertad por completar más de 288 días.
Sobre los primeros, lo que pesó fue una recusación a un juez que tardó cerca de 49 días, tiempo que la juez no les contó a favor, echando por la borda las pretensiones de la defensa de que quedaran en libertad.
Los concejales mencionados afrontan la medida de detención mientras avanza la investigación sobre si son responsables o no por haber votado y elegido a Nubia Fontalvo como contralora distrital en enero y febrero de 2016, bajo una serie de presuntas irregularidades que para la Fiscalía configuran una “empresa criminal”.
Todo partió de una conversación interceptada al concejal Jorge Useche en la que se le escuchó decir que “habrían recibido 32 millones y medio de libros, y después recibirían 7 y medio mensuales más, como parte de un cohecho por votar por Fontalvo”. Los libros son interpretados por la Fiscalía como recursos en dinero. Por ello, los cargos imputados son cohecho y prevaricato.
La Fiscalía señaló en este caso al exalcalde Manolo Duque, su primo hermano José Julián Vásquez y al exconcejal Useche, quienes adquirieron su libertad por vencimiento de términos.
Para el abogado Ricardo Morales, quien ha hecho la férrea defensa de uno de los concejales involucrados, “el proceso no se ha alargado por razón de la defensa”.
En apartes de su postura en la audiencia, Morales destacó: “La Fiscalía pudo solicitar la acumulación en el momento de la audiencia de acusación y no lo hizo, lo cual fue dicho por el Tribunal, en donde llamó la atención de la Fiscalía. Se cree que el proceso se ha alargado por la defensa y ocurre que la misma Fiscalía manifestó que entendía la razonabilidad de solicitar la acumulación, porque es un derecho, y que en consecuencia los abogados de la defensa lo plantearon; pero yo pregunto, y ¿si era un derecho y si era unitario, cómo es posible que haya pasado la audiencia de acusación y la Fiscalía haya omitido elevar esa solicitud?”.
Con la acumulación, se refiere a agrupar todas las investigaciones por el caso Fontalvo en una sola. Para el abogado, una de las dilaciones del proceso se causó porque el material probatorio nunca ha sido entregado, ya que se transfirió en memorias que nunca han podido abrirse.
De acuerdo a la ley, la libertad por vencimiento de términos es un derecho, no un beneficio ni una prebenda.
Según el numeral cuarto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, la libertad en un proceso procederá “cuando transcurridos 60 días contados a partir de la fecha de imputación no se hubiere presentado el escrito de acusación o solicitado la preclusión, conforme a lo dispuesto en el artículo 294”.
Asimismo se procederá a dar libertad cuando transcurridos 120 días, contados a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación, no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. La libertad también procede cuando se haya decretado la preclusión, o se haya absuelto al acusado.
