La sala penal del Tribunal Superior de Cartagena, en un fallo de tutela de primera instancia, con ponencia del magistrado Francisco Pascuales tuteló “el debido proceso sin dilaciones injustificadas” a favor del accionante Adolfo Raad, para que la Fiscalía 53 de Cartagena cumpla una petición de desarchivo de un proceso relacionado con un contrato entre el Distrito y la empresa de aseo Promoambiental S.A.
El Tribunal ordenó en su providencia “que el Delegado para la Seguridad Ciudadana de Fiscalía, con sede en Barranquilla, dentro de los diez días siguientes a la notificación del fallo, convoque un comité técnico jurídico solicitado por la fiscal 53 de Cartagena (Liliana Velásquez), para dilucidar la solicitud de desarchivo que presentó el denunciante”. El Tribunal exhorta a la Fiscalía seccional 53 de Cartagena, para que “una vez se haga el Comité Técnico Jurídico o denegado el mismo, se dé respuesta a la solicitud de desarchivo de Raad en quince días”.
Lo anterior se refiere a una petición presentada por Raad a la fiscal Veláquez, reconocida en la ciudad por los sonados casos contra el exalcalde Manolo Duque y varios concejales hoy detenidos.
Raad le pide a la funcionaria judicial que le explique por qué se archivó y en qué fecha asumió la denuncia sobre presuntas irregularidades en ese contrato que finalizaría el 31 de diciembre de 2015 y que consistía en actividades del servicio público domiciliario de aseo en las áreas públicas de los canales de aguas pluviales del Distrito. Raad denunció que el contrato se celebró presuntamente sin el cumplimiento de los requisitos legales,
“sin certificado previo de disponibilidad presupuestal y sin la reserva respectiva”, y advirtió que se estaría ante un posible peculado por apropiación.
Pero el caso fue archivado y sostiene que nunca se le comunicó. “Si esa Fiscalía archivó la denuncia, por qué no se me comunicó, y a qué funcionario del Ministerio Público se le comunicó”, pregunta Raad. Esas preguntas deberán ser resueltas ahora ante la orden del Tribunal Superior de Cartagena.
El entonces secretario general del Distrito, Carlos Coronado, para la época del contrato, ya se había referido al caso ante este medio explicando que la contratación se hizo ajustada a la ley. “El único contrato celebrado con la empresa de aseo durante esa administración es un contrato de aseo de áreas públicas, el cual se celebró de acuerdo al régimen aplicable”, explicó Coronado.
