La consejera de Estado, Stella Conto Díaz, declaró improcedente la solicitud de apelación elevada por el Distrito en el proceso que adelantan los damnificados de las casas derribadas por una falla geológica que afectó al barrio San Francisco en 2011. Esto quiere decir que el caso debe ser resuelto en el Tribunal Administrativo de Bolívar.
La apelación es contra la sentencia condenatoria que profirió el Juzgado Trece Administrativo de Cartagena, y que obliga tanto al Distrito como al Ministerio de Vivienda a pagar más de 150 mil millones de pesos, por los daños y perjuicios que sufrieron las familias damnificadas .
La petición del Distrito fue hecha en el recurso de apelación ‘Per Saltum’ (por salto ante un tribunal superior), alegando “la especial connotación que registra la importancia de la decisión y que puede socavar las finanzas públicas distritales”, y por ello la apelación “debería resolverla el Consejo de Estado como máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa - administrativa”.
Esa solicitud fue aceptada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el 18 de octubre de 2017, con fundamento en el artículo 271 del Código Contencioso Administrativo, y aduciendo que dada la trascendencia económica y social del asunto, consideraba procedente remitir el expediente “para que fuera el Consejo de Estado quien resolviera los recursos de apelación interpuestos por las partes demandas, contra el fallo de primera instancia”. Ante ello el Tribunal envió copias de la sentencia de primera instancia y de los recursos de apelación al Consejo de Estado. Este desestimó esa apreciación.
El abogado de las víctimas de San Francisco, Luis Alfonso Correa, expresó que “la petición del Distrito, y la consideración oficiosa por el Tribunal Administrativo, jamás debió ser concedida, porque era abiertamente dilatoria y vulneró el acceso a la justicia, toda vez que no ha permitido que la apelación se resuelva en un término razonable, como lo prescribe el debido proceso”.
Solicitarán vigilanciaNo solo apeló el Distrito, también las víctimas. Los damnificados reclaman el pago de daños materiales a razón de 135 salarios mínimos por casa, es decir a razón de 105 millones por vivienda. También reclaman daños morales por 70 salarios mínimos.
Inés Naar Pautt, demandante, manifestó que son maniobras dilatorias que presentan los condenados, “violan nuestros derechos, hacen más gravosa nuestra situación, por eso, en busca de garantías, presentaremos una solicitud de vigilancia administrativa y especial ante el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación”.
El damnificado Antonio Corrales dijo que llevan “siete años con esta acción constitucional, por eso no descansaremos hasta sacarla adelante, nunca compartimos la decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar de enviar la solicitud al Consejo de Estado, porque dilataba nuestro proceso, por fortuna ya fue resuelta”.
Opiniones“Esperamos de una vez por todas, que el Tribunal resuelva prontamente nuestra apelación, porque los términos están vencidos”, Inés Naar, damnificada.“A pesar de que la ley establece un término, ya han transcurrido 16 meses esperando el fallo de segunda instancia, por eso no queremos más dilación”, Antonio Corrales, damnificado.
La falla que afectó a San FranciscoEn agosto de 2011, una falla geológica removió la tierra en un punto del barrio San Francisco, y agrietó y derrumbó 550 casas del sector urbanización Lomas de San Francisco. Era un sector de casas grandes y amplias zonas en las que se construyeron apartamentos de hasta dos o tres pisos. El sector Sinaí también fue afectado.
Resultaron damnificados alrededor de 1.000 poseedores y 550 propietarios. En total el fenómeno afectó a 2.469 familias. Un estudio de la Universidad de Cartagena determinó que debido el alto volumen de lluvias registradas ese año por el fenómeno de La Niña, la tierra se removió, y el barrio estaba construido en una zona humedales que eran alimentados por las aguas lluvias que bajaban de las laderas, tanto superficial como interiormente. Los afectados demandaron al Distrito y al Ministerio de Vivienda y la sentencia del juez acogió la teoría de la falla geológica.
