A raíz de las decisiones de jueces en la ciudad, que han enviado a la cárcel, de manera preventiva a actores políticos y funcionarios, como es el caso del exalcalde de Cartagena Manolo Duque, y a la mayoría de concejales de la ciudad, unos con cárcel y otros con casa por cárcel, se ha generado una polémica en la opinión pública, polarizada por demás, entre quienes piden cárcel y quienes no.
Una gran mayoría de la ciudadanía cartagenera denigra de la clase política y piden para ella el paredón; otros advierten que existe una persecución desde el centralismo, y otros más aducen que de lo que se trata es de una pugna política, bajo el manto de una lucha contra la corrupción.
El abogado Enrique Del Río en un análisis sobre la detención preventiva, advierte que “la excepción no puede convertirse en regla general”. El jurídico hace reflexión sobre las medidas de aseguramiento privativas de la libertad (detención carcelaria o domiciliaria) y dice que estas “no pueden ser usadas de manera indiscriminada”.
Para Del Río, estas medidas “no pueden ser instrumentalizadas para perseguir finalidades distintas a las que la ley y la Constitución han previsto, bajo ese contexto, jamás se podrá pretender, mediante la imposición de ellas, aplacar el clamor social de venganza, generar en la opinión pública la sensación de falsas soluciones a la problemática de la criminalidad o incluso atender finalidades políticas. Estas dos últimas son consideradas populismo punitivo”.
La presunción de la inocenciaEl abogado plantea que “el esquema de medidas de aseguramiento solo está habilitado por la imperiosa aplicación de los principios de presunción de inocencia y afirmación de la libertad, para garantizar la comparecencia de los imputados, conservar la prueba, evitar la obstrucción de la justicia y garantizar la protección de la comunidad y las víctimas”.Para Del Río, no es fácil, dentro de una lógica racional, entender que una persona está presumida legal y materialmente como inocente, tiene derecho a defenderse en libertad, y sin embargo se le pueda encarcelar preventivamente.“Los jueces deben hacer un juicio de ponderación entre el fin perseguido con la medida y el tipo de limitación o medida a imponer”, explica.
Demandas por erroresDel Río revela que son exagerados los casos en que se cometen errores al momento de imponer una medida de aseguramiento y posteriormente le corresponde al Estado asumir la indemnización por los daños antijurídicos causados, “estos montos son escandalosamente altos, para octubre de 2013 se habían presentado 13.385 demandas por privación injusta de la libertad, que suman 21 billones en pretensiones”.
Cita que se ha generado un detrimento de tantas entidades que le correspondió a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado proferir la circular externa 5 del 4 de julio de 2014 en la que recomienda lo siguiente: “La aplicación de cualquier medida de aseguramiento que implique restricción de la libertad –incluyendo la detención extramural- debe ser siempre excepcional, con apego estricto a la ley, no admite como fundamento de la misma presunciones, debe decretarse por el tiempo estrictamente necesario, y debe obedecer prima facie a criterios de necesidad y proporcionalidad demostrables en el sentido de que no existan otros medios menos gravosos para lograr el fin que se pretende garantizar”.
“Son muchos los casos en que la opinión pública es manipulada consciente o inconscientemente por los medios de comunicación, lo que genera, no en pocos casos, una influencia indebida en la independencia del juez que adoptará la decisión. Esto es lo que se conoce como juicio paralelo, el pronóstico popular fuera de la contienda procesal, que obviamente no permite el respeto de las garantías procesales, y en el que los procesados son linchados mediáticamente sin que exista una sentencia condenatoria en contra”, asegura Del Río. (Lea el documento completo con el análisis del abogado en anexo)
