Una Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía General de la Nación una denuncia que presentó el exalcalde de El Carmen de Bolívar Arturo Torres Serra, contra la exsenadora Piedad Zuccardi, por supuestamente consentir actuaciones irregulares de parte de su esposo Juan José García Romero, mientras cumplía prisión domiciliaria.
Se trata de una denuncia que llegó a la Corte el 27 de mayo de 2009, que alegaba que la entonces senadora supuestamente citó en su residencia a autoridades públicas e influenciarlos para que tomaran decisiones en favor de García Romero, condenado por el delito de peculado por apropiación.
Según el denunciante, en esas reuniones se habría acordado la apropiación por terceros de recursos estatales dedicados a optimizar el acueducto municipal y hasta para que García pudiera trabajar indirectamente en una empresa privada, entre otros.
Ahora, más de siete años después, la Sala de Instrucción que tenía el caso, con ponencia del magistrado José Francisco Acuña, remitió el expediente a la Fiscalía, tras advertir que ya no es competente para proseguir con esta investigación, pues Zuccardi dejó de ser congresista desde el 20 de julio de 2010.
En auto conocido por Colprensa, la Sala señala que “este hipotético beneplácito que otorgó, dentro de la privacidad de su residencia, a diversas conductas de connotación antijurídica presuntamente ejecutadas por su esposo, Juan José García Romero” tampoco tendrían relación con su fuero como congresista.
Además, señaló que según la Constitución Política nadie está obligado a declarar en contra de su cónyuge.
“En efecto, de acuerdo al informe rendido por el cuerpo investigador adscrito a esta Corporación, se estableció que la doctora Piedad Zuccardi de García está casada con el señor García Romero, unión de la cual procrearon 3 hijos, ahora mayores de edad, y en tal virtud, por expresa disposición del estatuto superior, la ex Congresista no se encontraba obligada a emitir manifestación alguna que pudiera comprometer penalmente su esposo, o lo que es lo mismo, no era susceptible de incurrir en la comisión del delito en cita, puesto que el constituyente primario le concedió la opción legítima de guardar silencio en esa situación concreta”, dice la determinación.
Según la Sala, en este caso no se configura el delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia y ahora es competencia de la Fiscalía verificar este caso.
“Es claro que el fuero requerido para ser investigada y eventualmente juzgada por esta Sala se ha extinguido; por ello, tales prerrogativas ahora recaen en la Fiscalía General de la Nación, conforme a la cláusula general de competencia, organismo al que inmediatamente será remitido el expediente, junto a las pruebas recaudadas, para lo de su cargo”, agrega el auto.
