Hay una petición de intervención de la Fiscalía General de la Nación para evitar que el Distrito de Cartagena pague más de 8.000 millones de pesos a la empresa Promoambiental Caribe, Pacaribe, por una deuda producto de un contrato de limpieza de canales que requería una licitación. La solicitud la hizo el exconcejal Adolfo Raad, ante el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en la que denuncia al exsecretario distrital, para la época de los supuestos hechos, Carlos Coronado Yances. La denuncia también cobija a la gerencia de la empresa de aseo Promoambiental Caribe.
De acuerdo al denunciante, el exsecretario y la empresa habrían celebrado un supuesto contrato especial para la prestación del servicio público domiciliario de aseo en áreas públicas de los canales de aguas pluviales de Cartagena, pero con presuntas irregularidades.
“El contrato se habría suscrito en forma irregular a pesar de que requería licitación pública por un valor estimado de tres mil millones de pesos y con plazo hasta el 31 de diciembre de 2015, pero sin certificado previo de disponibilidad presupuestal y sin la reserva respectiva”, denunció ante medios de la ciudad Raad Hernández.
“El Distrito reconoció una obligación con cargo a vigencias futuras, a pesar de que el objeto del contrato ya se había cumplido”, dice otro aparte de la denuncia.En un acta, supuestamente suscrita por Coronado, el Distrito de Cartagena reconoce “un saldo a favor de la empresa por $7.173 millones que corresponde a los servicios prestados y cuyo pago será cubierto con cargo al presupuesto de la vigencia 2016, conforme al acto administrativo que ordenó el pago”.
Esa acta habría sido utilizada por la empresa “Promotora Ambiental del Caribe”, ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, tribunal que ordenó al Distrito el pago a favor de Promoambiental. El caso fue asignado a la Fiscal 53, Liliana Velásquez Trespalacios.
“Todo fue ajustado a la ley”En respuesta enviada a este medio, Coronado Yances explicó que: “El único contrato celebrado con Pacaribe durante la anterior administración, es un contrato de aseo de áreas públicas, el cual se celebró de acuerdo al régimen aplicable que es la ley 142 de 1994; y no la ley 80 de 1993 correspondiente a contratación pública que es la que contempla el proceso de licitación publica”.
“En efecto, ese es un contrato de prestación de servicios públicos de aseo en áreas públicas, el cual se celebra con las empresas del servicio público de aseo que para este caso fueron Pacaribe y Aseo Urbano, todo conforme a lo reglamentado en el decreto 1077 de 2015. Dicho contrató ha sido sometido a control judicial, correspondiéndole al Tribunal Administrativo de Bolívar, quien en octubre al hacer un análisis de las obligaciones adquiridas allí, ratificó su legalidad, declarando que las obligaciones que se derivan de dicho acto son claras, expresas y exigibles”, agregó. “Las afirmaciones contrarias a los análisis administrativos, legales y judiciales legítimos, no dejan de ser especulaciones mal intencionadas, de personas que deben tener algún interés especial en torpedear el normal curso de la actual administración y desprestigiar la pasada con temas infundados”, puntualizó el exfuncionario. La empresa de aseo no ha opinado al respecto.
