El Secretario de Transparencia de la República, Camilo Enciso, ha denunciado en los últimos meses la corrupción que se ha generado a partir de la contratación pública directa con organizaciones sin ánimo de lucro.
Estas denuncias han generado alarma y son un llamado para reformar el régimen de contratación y de vigilancia sobre ese tipo de organizaciones porque, tal parecer, se han convertido en una herramienta de administraciones y contratistas corruptos.
El problema que ahora agrava la situación, es que en pleno proceso electoral algunos candidatos estarían resultando beneficiados por los contratos adjudicados a esas organizaciones. Según Enciso, hay un riesgo inminente de que algunas gobernaciones y alcaldías, asociadas con candidatos y contratistas, financien campañas de sus protegidos valiéndose de dicha forma de contratación.
El Secretario habló sobre esta situación.
-Desde hace cuánto se ha realizado la investigación.La Secretaría de Transparencia desde el año 2014 inició una investigación para determinar el monto de recursos del presupuesto de inversión que los departamentos contratan bajo el marco del decreto 777, que permite la contratación directa con entidades sin ánimo de lucro.
Lo que se quería establecer era la magnitud de los recursos públicos que estaban siendo invertidos por parte de los departamentos con entidades sin ánimo de lucro por vía directa, y se encontró que muchos invierten sumas muy cuantiosas, que en ocasiones superan más del 50 por ciento del presupuesto de inversión.
-¿Qué departamentos?En Tolima y Caquetá encontramos que más del 50 por ciento de su presupuesto de inversión se gasta a través de contratación que se hace de manera directa con entidades sin ánimo de lucro.
Otros casos muy dramáticos se dan en Córdoba, Bolívar, Huila, Meta, Caldas y Nariño. Y le siguen, Valle del Cauca, Antioquia y Boyacá.
-¿Qué se encontró en el último informe de la Procuraduría que se presentó el jueves pasado en materia de contratación directa?
Que el panorama es catastrófico. Cerca de nueve billones de pesos se ejecutan por medio de contratación directa, en donde la parte más importante a través de esa contratación se realiza en la modalidad de contratos de prestación de servicios.
-¿Cuáles son las cifras?A nivel territorial, la contratación directa en el periodo 2014 asciende a 9.64 billones de pesos, que corresponden al 36.94 por ciento del total de la contratación de las entidades territoriales; mientras que la licitación pública únicamente haciende a 28.95 por ciento. La subasta al 3.40 por ciento y la selección abreviada de menor cuantía a 7.92 y la contratación de mínima cuantía 3.97 por ciento.
Esa contratación directa se hace a través de 238 mil contratos, lo cual refleja la complejidad de vigilar el gasto y contratación pública del país.
-En este contexto, ¿cómo llegan a actuar los candidatos durante el periodo electoral?
Hay dos mecanismos que se están dando. A veces los candidatos terminan financiados por fundaciones que ellos respaldan, bien sea en calidad de fundadores o representantes legales de las mismas, o simplemente porque tienen un testaferro que lo que hace es recibir los recursos de los contratos que ellos les ayudan a gestionar con entidades públicas.
Por ejemplo, una fundación obtiene contratos en el periodo 2013 -2014 por 2 mil millones de pesos con un municipio. El alcalde contrata con esa fundación sin hacer licitación pública. Le da los recursos, la organización ejecuta parte del contrato o simula ejecutarlo, y una parte restante del presupuesto que le sobra, simplemente lo canaliza para financiar las aspiraciones del candidato que le ayudó a conseguir el contrato, que muchas veces, es de la misma corriente política del alcalde o gobernador actual. Termina siendo un espiral de beneficios recíprocos y clientelismo.
-Quién vigila…El problema es que nadie vigila seriamente a las entidades sin ánimo de lucro. Ellas no son sujetos de vigilancia de ninguna superintendencia. Y, las que se suponen son las entidades que las deben vigilar, que son las gobernaciones y las alcaldías, son las mismas que contratan con ellos. Y por supuesto, en ese contexto, a nadie le interesa vigilarlos porque se daña el "negocio".
-Se sabe cuántos recursos…Ahora no tenemos la forma de cuantificar qué parte de lo que se contrata con las entidades sin ánimo de lucro está siendo utilizado por candidatos corruptos. Pero, lo que estamos viendo es el riesgo inmenso que debemos atacar.
-¿Hay ejemplos de los problemas de contratar con fundaciones, bien sea a través de contratación directa o por licitación?
Tenemos un caso, por ejemplo, en el departamento del Chocó, en el municipio de Unguía, en donde hay una fundación que se llama Fungescol que tiene un contrato por cerca de 5 mil millones de pesos como parte del plan de alimentación escolar.Lo que pudimos ver es que en Unguía los niños que deben beneficiarse de los alimentos que provee ese contratista están recibiendo alimentación descompuesta. Y eso tiene que ver con la falta de inversión que ha hecho el contratista para poder ejecutar bien ese contrato.
-¿Qué ha dicho el contratista?Se ha defendido públicamente diciendo que no le han dado las condiciones necesarias para poder refrigerar bien ese producto, cuando en el mismo contrato dice claramente que es obligación del contratista disponer de los elementos necesarios para refrigerar bien esos alimentos.
Hay otras denuncias en Puerto Colombia, Atlántico, en donde la Fundación Somos Mas está sirviendo para hacer proselitismo político a favor de un candidato. Le pedimos al Consejo Nacional Electoral que revise si esos gastos de campaña están siendo declarados oficialmente.
-¿Hay datos de candidatos?Hay nombres de candidatos, pero hasta que las autoridades no avancen prefiero no mencionar nombres en particular.
-¿A qué entidades denunciaron?Hemos puesto esas denuncias ante la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel); lo hemos denunciado ante la Mesa de Seguimiento Electoral, y por supuesto ante el Consejo Nacional Electoral y ante la Fiscalía General de la Nación.
-¿Será que se logra comprobar la corrupción de los candidatos antes de las elecciones?Lo más importante es buscar soluciones estructurales a un problema estructural. ¿Qué nos va a solucionar el problema? Una decisión que tomamos en el marco de la Comisión Nacional de Moralización en dos vías: primero, estamos trabajando en una reforma al régimen de contratación del decreto 777; y, segundo, estamos trabajando en un proyecto de reforma al régimen de vigilancia y control sobre las entidades sin ánimo de lucro que contratan con el Estado.
Esas son dos reformas estructurales que nos ayudarán a poner en cintura a las entidades sin ánimo de lucro.
-El decreto es del año 1992, ¿esto se estaría presentando desde esa fecha?Sí. Es muy posible que esto se haya repetido durante mucho tiempo.
