El Consejo Superior de la Judicatura, en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria resolvió la impugnación presentada por María del Socorro Bustamante Ibarra en contra de la sentencia del 9 de septiembre de 2014, proferida en primera instancia por este mismo Consejo.
Bustamante no se ha podido posesionar en su curul de la Cámara de Representantes, en representación de las minorías afrodescendientes del país, desde que fue electa el pasado 9 de marzo, ya que opositores y demandantes consideran que la congresista electa no representa a las negritudes.
La Sala decidió que Bustamante Ibarra “podrá tomar posesión del cargo de Representante a la Cámara en Representación de las comunidades negras, para lo que se oficiará al presidente de la Cámara para lo de su competencia”. La decisión también favorece al otro electo, Moisés Orozco Vicuña.
La decisión contempla revocar en su integridad, la decisión contenida en el acta 059 del 9 de Septiembre de 2014, de la magistrada Olga Fanny Álvarez emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.
El Consejo consideró que: “se trata de un perjuicio grave ya que la eventual vulneración del derecho a la identidad cultural y del ejercicio de derechos políticos de una mujer indígena, que ya ha sido escogida por los sufragantes para representarlos en una corporación pública, compromete principios y valores protegidos por la Constitución”.
Igualmente ampara los derechos fundamentales invocados por los ciudadanos Bustamante y Orozco, este último como coadyuvante, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión.
La sala ordenó dejar sin efectos, sin perjuicio de lo que decida la Corte Constitucional, en caso de que seleccione y revise la sentencia de tutela censurada, las decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, del 16, 17 y 24 de Julio de 2014 proferidas respectivamente, por los magistrados Wilson Ruiz y Maria López Mora.
La decisión enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión, fue firmada por el conjuez ponente Diego León Villamarín.
