En vilo permanece el proyecto San Lazaro Distrito Artes, que aún no abre sus puertas porque el Instituto de Patrimonio de Cultura de Cartagena debe acatar una orden del Ministerio de Cultura de suspender su continuidad.
Dentro de los males que le endilgan a la edificación está la afectación de la visual del Fuerte de San Felipe de Barajas.
Pero el abogado del IPCC, Gustavo Pianeta, dijo que no se procederá porque “el Mincultura debe ser claro y preciso y explicar qué es lo que vamos a suspender, para no ir en contravía de lo ya juzgado, por cuanto el Distrito e IPCC somos sujetos procesales”.
“Nos llegó un oficio del Mincultura que pide la protección del Patrimonio del San Felipe de Barajas supuestamente afectado por el San Lazo Distrito Artes y nos ordena que suspendamos el proyecto, pero el oficio no tiene ningún tipo de soporte como copia de las actuaciones o el auto; por eso pedimos que el Ministerio nos diga a qué se refiere, porque no podemos meter ‘las patas’ frente a lo ya actuado”. Para el abogado se debe aclarar si se trata de otras pruebas diferentes de lo ya juzgado.
El jurista agregó, además, que el Comité de Patrimonio suspende obras en ejecución y “el proyecto San Lázaro ya está ejecutado en su totalidad, por lo tanto no se entiende qué se va a suspender”.
Ante estas explicaciones, el centro comercial puede abrir sus puertas en cualquier momento porque no hay ninguna acción jurídica o fallo que dictamine lo contrario.
El jurídico relató que la decisión proferida el 13 de febrero de este año por el juez octavo administrativo Enrique Del Vecchio Domínguez resolvió a favor del proyecto una acción popular instaurada por la Red de Veeduría Derecho y Vida, que pretendía la suspensión de las obras.
“El constructor (accionado) Paisar presentó unas propuestas que la veeduría Derecho y Vida aceptó, pero solicitando la adición de un salón para la promoción de las artes y la cultura; en esta audiencia asistieron todos los sujetos procesales (IPCC, Distrito, Paisar, Curaduría Urbana), pero en diciembre de 2013, un juez desechó ese pacto y pidió seguir el curso de la acción popular contra el proyecto”, dice el abogado.
Tras la decisión posterior del juez octavo, el proyecto pudo continuar y finalizar sus obras pero con la condición del llamado pacto de cumplimiento, que estableció un comité de verificación integrado por un representante del IPCC, otro de la veeduría Derecho y Vida y el Curador Urbano número 1.
Ente tanto el Concejo de Cartagena, se mantiene en que el IPCC debe cumplir lo ordenado por Mincultura y además aclarar qué fue lo que se acordó entre las partes accionadas en la acción popular anterior que acuerdo que se habría hecho de espaldas a la ciudad.
