La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional que tumbe buena parte de la Ley Estatutaria de Salud que consagra la salud como un derecho fundamental.
En concepto rendido ante la Corporación, la Procuraduría inicialmente consideró que toda ley debe caerse a causa de errores “inaceptables e inexcusables” en el trámite que se dio en el Congreso. No obstante, indicó que si la Corte decide que tal yerro no se dio o es subsanable, entonces apruebe solo algunas de las disposiciones pero expresando claramente que implican cada una de ellas para el Estado colombiano.
En primer lugar, la Procuraduría pide avalar los primeros tres artículos que consagran que en efecto la salud es un derecho fundamental, pero bajo el entendido de que será de ejecución inmediata para cada uno de los habitantes de Colombia. Es decir, que no podrá ser negado por condición social o económica.
Para el Ministerio Público esta parte es central ya que, en su criterio, sí es un derecho fundamental, el Estado tiene que replantear sus políticas de financiación para poder responder, ya que el derecho y la atención no puede estar supeditado a los elevados costos o la capacidad de pago de los colombianos.
En ese sentido, para la Procuraduría “todos los actores y agentes económicos del sistema quedan indiscutible e indubitablemente unidos a dicha concepción de derecho fundamental, debiendo responder de manera inmediata y sin limitación alguna a los requerimientos que en tal sentido hagan todos y cada uno de los habitantes de Colombia prestándoles todos los servicios y tratamientos que la atención de la enfermedad demande para cada caso en concreto”.
En el concepto de 111 páginas, la Procuraduría señala que el Congreso omitió poner como una obligación del Estado hacer y actualizar un catastro sobre todos los elementos que se necesitan para que en efecto se pueda garantizar la salud como derecho fundamental, con cosas como camas, medicamentos, equipos de diagnósticos, profesionales de salud, ambulancias, entre otros, a lo largo del territorio nacional.
Por otro lado, y en una interpretación que puede ser polémica, la Procuraduría estima que todas las necesidades en salud relacionadas con el ciclo de vida “comienzan desde la concepción misma”, y deben ser atendidas por parte de todos los agentes del sistema de salud con igual trato para la madre y el recién nacido.
En su concepto, el Ministerio Público consideró además que se debe profundizar en la investigación científica, y pidió a la Corte que señale que los tratamientos no pueden dilatarse para casos que puedan comprometer la vida de los pacientes y que establezca que los tratamientos de índole terapéutico o de cuidados paliativos cubren también “los relacionados con la protección de la dignidad humana como consecuencia de causas patógenas, traumáticas o derivadas del tratamiento médico”.
En un punto muy importante, la Procuraduría pide que “absolutamente todas las vacunas, tanto las actuales como las venideras, deben ser gratis para todos los habitantes de Colombia”; que haya un incremento de las políticas públicas para el control de la malaria o paludismo y que haya promoción de la salud física y mental “para controlar el estrés en todos los ámbitos de la sociedad”.
Igualmente, en otra polémica interpretación, el Ministerio Público pide a la Corte que haya un incremento de la educación sexual “responsable y basada en valores en las aulas de la educación primaria, secundaria y de pregrado universitario, y más allá de las aulas a través del uso social obligatorio de las tecnologías de la información y comunicación”.
